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Boluda carga contra los políticos: «Los que generamos empleo y arriesgamos el patrimonio somos los empresarios»

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Benidorm (Alicante), 10 jun (EFE).- El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el empresario valenciano Vicente Boluda, ha cargado hoy contra los políticos por el «poco o nulo» apoyo que han mostrado durante la pandemia al turismo, un sector productivo del que ve que estos no creen.

Boluda ha hecho estas manifestaciones durante la inauguración de la VIII Jornada de Turismo de Benidorm, en donde les ha achacado que «hablan mucho de turismo, pero a la hora de la verdad no creen en él».

En opinión del presidente de los empresarios valencianos, el turismo es el sector que más ha sufrido los efectos de la crisis con las «restricciones a la movilidad, cierres de negocios, limitaciones de aforos, cierre de fronteras y regulaciones».

«La indeterminación de las medidas a adoptar se traduce en incertidumbre para los empresarios e inseguridad jurídica para la actividad turística, lo que supone al final que no llegan los turistas ni nacionales ni internacionales», ha afirmado.

Mientras tanto, ha continuado, otros destinos competidores «nos llevan la delantera».

Boluda ha precisado que no se refiere a las subvenciones al reclamar más apoyo sino a indemnizaciones «por no permitir ejercer la actividad», negociar con los países emisores de turistas, establecer reglas de juego «claras» y «escuchar a los empresarios».

El presidente de AVE ha reivindicado el papel de los empresarios «que siguen tirando del carro y que han mantenido viva la llama de sus empresas» y ha pedido «tener memoria» para recordar que en los momentos difíciles los empresarios son «los únicos capaces de sacar la situación adelante, con la ayuda de colaboradores y trabajadores».

Por último se ha mostrado partidario de la colaboración público-privada y de las políticas públicas que «faciliten» la actividad empresarial y «reduzcan la burocracia» porque «los que generamos empleo y arriesgamos el patrimonio somos los empresarios, y eso va a seguir siendo así».

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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