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La borrasca Efraín pone en alerta a España

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Temporal en la Comunitat Valenciana. EFE/Kai Försterling

La borrasca Efraín deja un total de 33 provincias este lunes en alerta por lluvias, viento, nevadas, frío y oleaje, en una jornada donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De momento, Efraín afecta a España de manera indirecta, transportando humedad y favoreciendo que los frentes que atraviesan el país dejen lluvias abundantes.

La borrasca Efraín pone en alerta a España

Efraín impulsa una corriente de aire muy cargada de humedad desde prácticamente el Caribe hasta la Península Ibérica, lo que se denomina como río atmosférico, explica la Aemet.

El tiempo para este lunes

Así, este lunes, las lluvias propociarán la activación de alerta amarilla en Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, donde se prevé que el agua se acumule hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y entre 40 y 60 litros en doce horas.

Lluvia y viento

Durante esta jornada, el viento también predominará en España, especialmente en Almería, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Cantabria, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Lugo, Pontevedra y La Rioja, que estarán en alerta amarilla por rachas que llegarán a los 80 km/h.

Estas fuertes rachas de viento harán que Almería, Asturias, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Cantabria, Murcia y Pontevedra estén en alerta amarilla por oleaje. Sin embargo, A Coruña y Lugo tendrán alerta naranja por olas que podrán alcanzar los cinco metros de alto.

Además, Huesca y Lleida tendrán aviso amarillo por nevadas que podrán acumular nieve hasta los cinco centímetros en 24 horas. También estas dos provincias, junto a Girona, registrarán temperaturas mínimas de hasta -6ºC.

Por lo general, la Aemet prevé precipitaciones abundantes, ocasionalmente con tormenta, en el noroeste peninsular y en la vertiente atlántica meridional, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en Galicia, el norte de Andalucía y el oeste del sistema Central y de la meseta Sur.

En la mayor parte del resto del resto de la Península también habrá precipitaciones, pero menos abundantes, siendo débiles y menos probables en el área mediterránea y en Baleares. En Canarias, poco nuboso o con nubes altas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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