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Bruselas autoriza el uso de la vacuna de Moderna en Europa
Publicado
hace 5 añosen
Ámsterdam/Bruselas, 6 ene (EFE).- La vacuna de la farmacéutica Moderna se suma a la de Pfizer/BioNTech al conseguir hoy una licencia condicional por parte de la Comisión Europea, respaldada por los científicos europeos, para el uso del fármaco en adultos mayores de 18 años, lo que permitirá acelerar las campañas de vacunación en la Unión Europea (UE).
Bruselas siguió las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y le otorgó en la tarde de este miércoles una autorización de comercialización condicional. «Acabamos de autorizar la vacuna de Moderna, la segunda en ser aprobada en la UE”, anunció la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, que celebró que la EMA considerase «seguro y efectivo» el fármaco.
Esta vacuna, ya autorizada en Estados Unidos, Canadá e Israel, obtiene una licencia acompañada de condiciones similares a las que se piden desde el 21 de diciembre a Pfizer, que exigen a la empresa seguir investigando y compartiendo informes mensuales con la EMA hasta que logre pedir una licencia oficial final.
Los científicos representantes de los 27 en el comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA fueron hoy unánimes en su opinión positiva sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de esta vacuna, después de que el pasado lunes terminasen una reunión extraordinaria sobre el fármaco con varias preguntas pendientes que Moderna aclaró en los últimos días.
«Esta vacuna nos brinda otra herramienta para superar la emergencia actual. Es un testimonio de los esfuerzos y el compromiso de todos los involucrados el hecho de que tengamos esta segunda recomendación positiva de una vacuna poco menos de un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia», dijo la directora de la EMA, Emer Cooke.
Prometió supervisar «de cerca los datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna para garantizar la protección continua del público de la UE» y recordó que el trabajo de la agencia «estará siempre guiado por la evidencia científica con el compromiso de salvaguardar la salud de los ciudadanos europeos».
Muchos países esperan recibir pronto las primeras dosis de este fármaco para acelerar sus campañas de vacunación, en las que están ahora usando la vacuna de Pfizer.
Países Bajos, que empezó este miércoles su campaña, cuenta con recibir la próxima semana las primeras dosis de Moderna, unas 13.000 de las 400.000 que le corresponden en el primer trimestre de este año, según el ministro neerlandés de Sanidad, Hugo de Jonge, que confirmó que este fármaco se usará en personas mayores, residencias de ancianos y personas con discapacidad intelectual.
EFECTOS SECUNDARIOS LEVES
Al igual que la de Pfizer, la vacuna de Moderna se debe administrar en dos inyecciones con 28 días de diferencia (21 en Pfizer), alcanzando la máxima protección 14 días después de la segunda dosis, unos plazos que la EMA establece de forma estricta porque es el único esquema demostrado en los ensayos que confirmaron la eficacia real de la vacuna.
El ensayo clínico involucró a unas 30.000 hombres y mujeres de entre 18 y 94 años que se presentaron voluntarios. La mitad recibieron la vacuna y la otra una inyección placebo, lo que demostró que la vacuna tiene una eficacia del 94,1%.
El fármaco también se probó en personas consideradas de alto riesgo para el covid-19, lo que incluyó pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica, cardiaca, hepático, así como obesidad, diabetes o infectados con el VIH, probándose una eficacia del 90,9% en estos participantes en el ensayo.
La mayoría de los efectos secundarios detectados son de carácter leve o moderado, lo que incluye dolor e hinchazón en el «pinchazo», cansancio, escalofríos, fiebre, ganglios linfáticos inflamados o sensibles, dolor de cabeza, muscular y articular, náuseas y vómito.
Moderna deberá vigilar las vacunaciones en la Unión Europea y realizar estudios adicionales durante los próximos dos años para seguir evaluando la seguridad y eficacia del fármaco, pero también para detectar cualquier efecto secundario no descubierto en los ensayos.
Los estudios futuros deberán proporcionarán más información sobre cuánto tiempo dura la protección de la vacuna, cómo previene los casos graves de covid-19 y si protege a las personas inmunodeprimidas, niños y mujeres embarazadas.
TRANSPARENCIA
En contra de los eventos que organizó la EMA cuando aprobó la vacuna de Pfizer, la agencia se limitó hoy a informar por escrito de las conclusiones del CHMP y prometió explicar el viernes a «los ciudadanos europeos» los detalles de su evaluación.
Además, publicará un informe con información de prescripción para profesionales sanitarios, un prospecto para el público y detalles de las condiciones de autorización de la vacuna, junto al plan completo de gestión de riesgos y una descripción de los beneficios y riesgos de este fármaco descritos «en lenguaje común».
La vacuna de Moderna y la de Pfizer, que se usa ya en las campañas de vacunación en la UE desde finales de diciembre, utilizan el ARN mensajero, que se introduce en las células humanas para que el propio cuerpo produzca proteínas virales que le sirven para generar los anticuerpos que necesita para defenderse contra el SARS-CoV-2.
La vacuna de Moderna, de la que la Comisión reservó 160 millones de dosis, ofrece la ventaja de que puede almacenarse a 20 grados bajo cero, lo que exige una logística más simple que la de Pfizer, que necesita estar a 70 grados bajo cero y se distribuye a los países en grandes paquetes de casi un millar de dosis.
Imane Rachidi
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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”
Publicado
hace 2 horasen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
“El fiscal general me había destrozado públicamente”
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
De una negociación fiscal a un caso mediático
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
Un juicio histórico en la democracia española
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
El origen del caso: el correo del abogado de González Amador
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
La posición del fiscal general
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Un proceso sin retransmisión pública
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Qué consecuencias puede tener el juicio
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
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Entre 4 y 6 años de cárcel,
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12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
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y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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