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Cabify busca «adaptarse» a los nuevos requisitos del decreto valenciano para las VTC

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VALÈNCIA, 1 Abr.- Cabify trabaja para «adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos» en el nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y que entrará en vigor este martes –a excepción del apartado que establece la obligación de precontratarlo con una antelación de mínima de 15 minutos, para el que, por motivos, técnicos se establece una moratoria de dos meses–.

A pesar de que la compañía sostiene que la nueva normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental», a fecha de hoy «opera con normalidad» en la región valenciana y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», asegura en un comunicado.

En la actualidad, Cabify cuenta con más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana y ofrece su solución de movilidad en dos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana: Valencia y Alicante.

La empresa lamenta que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

Esta decisión, augura, tendrá un «impacto negativo en la economía de la región que ve así reducida su capacidad para crecer en el sector de la movilidad y, también, de dinamizar otros sectores relacionados como el turismo o la automoción».

En todo caso, Cabify ha garantizado su «compromiso» con sus usuarios, colaboradores y ciudades de la región y ha asegurado se esforzará por dar respuesta al hecho de que, según una reciente encuesta de Metroscopia sobre el papel de los VTC, el 96% de los ciudadanos españoles valora de manera positiva que existan diferentes opciones de movilidad entre las que escoger y el 76% considera que las aplicaciones como Cabify tienen un impacto positivo en la movilidad.

La compañía ha insistido en el «grave perjuicio que se causa a los ciudadanos, a quienes se les recorta la capacidad de elegir entre opciones perjudicando la competencia y la calidad del servicio. Así lo han señalado la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana, en línea con otros organismos regionales y nacionales», ha apuntado.

A su entender el nuevo decreto es «perjudicial para la movilidad de los ciudadanos y traerá a las ciudades de la Comunitat menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación».

El 98,5% de los viajeros contratados, con menos de 15 minutos

Según Cabify, «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Ante esta situación, espera que «en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular». Para ello se ha mostrado «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías».

En este sentido, Cabify asegura en su comunicado que «continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en Valencia y Alicante».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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