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Cabify busca «adaptarse» a los nuevos requisitos del decreto valenciano para las VTC

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VALÈNCIA, 1 Abr.- Cabify trabaja para «adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos» en el nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y que entrará en vigor este martes –a excepción del apartado que establece la obligación de precontratarlo con una antelación de mínima de 15 minutos, para el que, por motivos, técnicos se establece una moratoria de dos meses–.

A pesar de que la compañía sostiene que la nueva normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental», a fecha de hoy «opera con normalidad» en la región valenciana y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», asegura en un comunicado.

En la actualidad, Cabify cuenta con más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana y ofrece su solución de movilidad en dos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana: Valencia y Alicante.

La empresa lamenta que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

Esta decisión, augura, tendrá un «impacto negativo en la economía de la región que ve así reducida su capacidad para crecer en el sector de la movilidad y, también, de dinamizar otros sectores relacionados como el turismo o la automoción».

En todo caso, Cabify ha garantizado su «compromiso» con sus usuarios, colaboradores y ciudades de la región y ha asegurado se esforzará por dar respuesta al hecho de que, según una reciente encuesta de Metroscopia sobre el papel de los VTC, el 96% de los ciudadanos españoles valora de manera positiva que existan diferentes opciones de movilidad entre las que escoger y el 76% considera que las aplicaciones como Cabify tienen un impacto positivo en la movilidad.

La compañía ha insistido en el «grave perjuicio que se causa a los ciudadanos, a quienes se les recorta la capacidad de elegir entre opciones perjudicando la competencia y la calidad del servicio. Así lo han señalado la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana, en línea con otros organismos regionales y nacionales», ha apuntado.

A su entender el nuevo decreto es «perjudicial para la movilidad de los ciudadanos y traerá a las ciudades de la Comunitat menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación».

El 98,5% de los viajeros contratados, con menos de 15 minutos

Según Cabify, «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Ante esta situación, espera que «en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular». Para ello se ha mostrado «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías».

En este sentido, Cabify asegura en su comunicado que «continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en Valencia y Alicante».

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El presidente de la Diputación de Lugo niega las acusaciones de acoso y anuncia acciones legales para defender su honor

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El presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSOE provincial, José Tomé, ha salido al paso de las informaciones que lo señalan por presuntos casos de acoso a mujeres. El dirigente socialista calificó estas acusaciones como “rotundamente falsas”, asegurando que no tiene constancia oficial de ninguna denuncia relacionada con estos hechos y que, por tanto, considera que las informaciones difundidas no tienen base real.

Tomé afirma que desconocía la existencia de tales denuncias

Durante su comparecencia pública, el presidente provincial explicó que las primeras noticias sobre estas acusaciones le llegaron a través de los medios, no por ninguna vía formal o institucional. Subrayó que no ha recibido ninguna notificación, comunicación ni requerimiento por parte de los órganos competentes que avale la existencia de un procedimiento en su contra.

Tomé aseguró que se enfrenta a un episodio que, desde su perspectiva, responde a intereses políticos o personales, y criticó la difusión de informaciones que considera “malintencionadas” y orientadas a dañar su imagen pública.

“No hay pruebas porque no puede haberlas”

El líder socialista insistió en que los supuestos hechos que se le atribuyen “no solo son falsos, sino imposibles”. Según manifestó, no existe ninguna evidencia que respalde las acusaciones, y defendió su trayectoria institucional, destacando que siempre ha mantenido un comportamiento que considera “intachable” tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Acciones legales para proteger su honor

Ante la gravedad de la situación y el impacto mediático que ha tenido, Tomé anunció que emprenderá medidas legales para defenderse de lo que califica como una campaña de desprestigio. Estas acciones, según adelantó, se dirigirán tanto a quienes hayan difundido información que considera falsa como a quienes, a su juicio, hayan contribuido a extender rumores sin fundamento.

El presidente provincial destacó que actuará “con firmeza y transparencia”, y que no permitirá que se dañe su reputación ni la institución que representa.

Reacción en el ámbito político

Aunque por el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales del PSOE a nivel autonómico o federal, fuentes del entorno político lucense señalan que el caso ha generado inquietud interna y que se espera que el partido siga con atención cualquier avance.

En el entorno de Tomé, las acusaciones se interpretan como un intento de erosionar su posición política en un momento clave para la configuración del liderazgo socialista en la provincia.

Contexto institucional

José Tomé ocupa actualmente dos cargos de relevancia:

  • Presidente de la Diputación de Lugo, institución clave en la administración provincial.

  • Secretario xeral del PSOE de Lugo, puesto que refuerza su peso político dentro de la organización socialista gallega.

Su entorno insiste en que ambos cargos suponen una gran exposición pública y que, por ello, Tomé es especialmente vulnerable a intentos de desprestigio.

Un caso que seguirá generando titulares

A la espera de movimientos judiciales, declaraciones oficiales adicionales o nuevas informaciones, el caso continuará en el foco mediático. El propio Tomé promete actuar “hasta las últimas consecuencias” para dejar claro que las acusaciones no tienen sustento y depurar responsabilidades.

 

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