VALÈNCIA, 1 Abr.- Cabify trabaja para «adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos» en el nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y que entrará en vigor este martes –a excepción del apartado que establece la obligación de precontratarlo con una antelación de mínima de 15 minutos, para el que, por motivos, técnicos se establece una moratoria de dos meses–.
A pesar de que la compañía sostiene que la nueva normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental», a fecha de hoy «opera con normalidad» en la región valenciana y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», asegura en un comunicado.
En la actualidad, Cabify cuenta con más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana y ofrece su solución de movilidad en dos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana: Valencia y Alicante.
La empresa lamenta que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».
Esta decisión, augura, tendrá un «impacto negativo en la economía de la región que ve así reducida su capacidad para crecer en el sector de la movilidad y, también, de dinamizar otros sectores relacionados como el turismo o la automoción».
En todo caso, Cabify ha garantizado su «compromiso» con sus usuarios, colaboradores y ciudades de la región y ha asegurado se esforzará por dar respuesta al hecho de que, según una reciente encuesta de Metroscopia sobre el papel de los VTC, el 96% de los ciudadanos españoles valora de manera positiva que existan diferentes opciones de movilidad entre las que escoger y el 76% considera que las aplicaciones como Cabify tienen un impacto positivo en la movilidad.
La compañía ha insistido en el «grave perjuicio que se causa a los ciudadanos, a quienes se les recorta la capacidad de elegir entre opciones perjudicando la competencia y la calidad del servicio. Así lo han señalado la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana, en línea con otros organismos regionales y nacionales», ha apuntado.
A su entender el nuevo decreto es «perjudicial para la movilidad de los ciudadanos y traerá a las ciudades de la Comunitat menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación».
El 98,5% de los viajeros contratados, con menos de 15 minutos
Según Cabify, «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».
Ante esta situación, espera que «en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular». Para ello se ha mostrado «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías».
En este sentido, Cabify asegura en su comunicado que «continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en Valencia y Alicante».
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