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Cabify busca «adaptarse» a los nuevos requisitos del decreto valenciano para las VTC

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VALÈNCIA, 1 Abr.- Cabify trabaja para «adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos» en el nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y que entrará en vigor este martes –a excepción del apartado que establece la obligación de precontratarlo con una antelación de mínima de 15 minutos, para el que, por motivos, técnicos se establece una moratoria de dos meses–.

A pesar de que la compañía sostiene que la nueva normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental», a fecha de hoy «opera con normalidad» en la región valenciana y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», asegura en un comunicado.

En la actualidad, Cabify cuenta con más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana y ofrece su solución de movilidad en dos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana: Valencia y Alicante.

La empresa lamenta que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

Esta decisión, augura, tendrá un «impacto negativo en la economía de la región que ve así reducida su capacidad para crecer en el sector de la movilidad y, también, de dinamizar otros sectores relacionados como el turismo o la automoción».

En todo caso, Cabify ha garantizado su «compromiso» con sus usuarios, colaboradores y ciudades de la región y ha asegurado se esforzará por dar respuesta al hecho de que, según una reciente encuesta de Metroscopia sobre el papel de los VTC, el 96% de los ciudadanos españoles valora de manera positiva que existan diferentes opciones de movilidad entre las que escoger y el 76% considera que las aplicaciones como Cabify tienen un impacto positivo en la movilidad.

La compañía ha insistido en el «grave perjuicio que se causa a los ciudadanos, a quienes se les recorta la capacidad de elegir entre opciones perjudicando la competencia y la calidad del servicio. Así lo han señalado la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana, en línea con otros organismos regionales y nacionales», ha apuntado.

A su entender el nuevo decreto es «perjudicial para la movilidad de los ciudadanos y traerá a las ciudades de la Comunitat menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación».

El 98,5% de los viajeros contratados, con menos de 15 minutos

Según Cabify, «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Ante esta situación, espera que «en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular». Para ello se ha mostrado «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías».

En este sentido, Cabify asegura en su comunicado que «continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en Valencia y Alicante».

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Noelia Castillo recibirá su eutanasia este jueves

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Noelia eutanasia
Noelia, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia. Antena 3

El TEDH rechaza frenar el proceso y pone fin a casi dos años de batalla judicial

Noelia Castillo, una joven de 25 años de Barcelona en situación de paraplejia, recibirá la eutanasia este jueves tras una larga batalla judicial que ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La corte europea ha rechazado paralizar el procedimiento, como solicitaba su padre, agotando así todas las vías legales.

La propia joven ha confirmado su decisión en una entrevista reciente, en la que ha asegurado que siempre lo tuvo claro: “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”. Un testimonio que refleja el desgaste emocional de un proceso que se ha prolongado durante casi dos años.

Un caso marcado por el conflicto familiar y judicial

El caso de Noelia ha estado condicionado por el enfrentamiento entre su voluntad de acceder a la eutanasia y la oposición de su पिता, que ha intentado frenar el procedimiento en distintas instancias judiciales.

El origen del conflicto se sitúa en julio de 2024, cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la prestación solicitada por la joven. A partir de ese momento, su padre inició un recorrido judicial que incluyó:

  • Suspensión cautelar inicial del procedimiento
  • Recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
  • Recurso ante el Tribunal Supremo, que no fue admitido
  • Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, también inadmitido
  • Recurso final ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Todas las instancias han coincidido en avalar la capacidad de la joven para tomar esta decisión y en confirmar que cumple los requisitos legales.

El debate sobre la capacidad y la salud mental

Durante el proceso, la representación legal del padre, a través de Abogados Cristianos, ha sostenido que Noelia debería someterse a tratamiento psiquiátrico antes de acceder a la eutanasia.

La organización ha argumentado que la joven presentaba antecedentes de trastornos mentales y ha advertido de un posible precedente. Incluso en los últimos días se solicitaron medidas cautelarísimas para frenar el procedimiento, que fueron rechazadas.

Sin embargo, los tribunales han respaldado de forma reiterada que Noelia tiene plena capacidad para decidir, descartando la falta de autonomía en su consentimiento.

Qué dice la ley de eutanasia en España

La eutanasia es legal en España desde 2021 y está regulada bajo estrictos requisitos. Para acceder a esta prestación, es necesario:

  • Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico con sufrimiento intenso
  • Realizar la solicitud de forma voluntaria y reiterada
  • Contar con la evaluación de varios profesionales sanitarios
  • Obtener el visto bueno de una comisión de garantías

En este caso, todas las evaluaciones médicas y legales han sido favorables a la solicitud de Noelia.

Una decisión firme pese a la oposición

A lo largo de todo el proceso, Noelia ha mantenido su postura sin cambios. En sus declaraciones, ha defendido su derecho a decidir sobre su vida:

“La felicidad de un padre o de una familia no puede estar por encima de la de una hija”.

Sus palabras reflejan la dimensión personal de un caso que ha trascendido al ámbito jurídico y social, generando un intenso debate sobre los límites entre la autonomía individual, la protección de la salud mental y el papel de la familia.

Un caso que marca precedente en Europa

El aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone un respaldo clave a la legislación española sobre eutanasia y refuerza el reconocimiento del derecho a una muerte digna en el marco europeo.

Además, pone de manifiesto la complejidad de estos casos, donde confluyen aspectos médicos, legales, éticos y familiares.

El final de una batalla y el inicio de un debate

Con la ejecución de la eutanasia prevista para este jueves, se cierra una de las batallas judiciales más relevantes en torno a este derecho en España.

El caso de Noelia Castillo deja abiertas numerosas cuestiones:

  • El papel de la familia en decisiones personales
  • Los límites de la intervención judicial
  • La protección de personas vulnerables
  • El derecho individual a decidir sobre el propio sufrimiento

Un debate que seguirá presente en la sociedad y en el ámbito jurídico en los próximos años.

 

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