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Cabify busca «adaptarse» a los nuevos requisitos del decreto valenciano para las VTC

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VALÈNCIA, 1 Abr.- Cabify trabaja para «adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos» en el nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y que entrará en vigor este martes –a excepción del apartado que establece la obligación de precontratarlo con una antelación de mínima de 15 minutos, para el que, por motivos, técnicos se establece una moratoria de dos meses–.

A pesar de que la compañía sostiene que la nueva normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental», a fecha de hoy «opera con normalidad» en la región valenciana y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», asegura en un comunicado.

En la actualidad, Cabify cuenta con más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana y ofrece su solución de movilidad en dos de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana: Valencia y Alicante.

La empresa lamenta que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

Esta decisión, augura, tendrá un «impacto negativo en la economía de la región que ve así reducida su capacidad para crecer en el sector de la movilidad y, también, de dinamizar otros sectores relacionados como el turismo o la automoción».

En todo caso, Cabify ha garantizado su «compromiso» con sus usuarios, colaboradores y ciudades de la región y ha asegurado se esforzará por dar respuesta al hecho de que, según una reciente encuesta de Metroscopia sobre el papel de los VTC, el 96% de los ciudadanos españoles valora de manera positiva que existan diferentes opciones de movilidad entre las que escoger y el 76% considera que las aplicaciones como Cabify tienen un impacto positivo en la movilidad.

La compañía ha insistido en el «grave perjuicio que se causa a los ciudadanos, a quienes se les recorta la capacidad de elegir entre opciones perjudicando la competencia y la calidad del servicio. Así lo han señalado la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana, en línea con otros organismos regionales y nacionales», ha apuntado.

A su entender el nuevo decreto es «perjudicial para la movilidad de los ciudadanos y traerá a las ciudades de la Comunitat menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación».

El 98,5% de los viajeros contratados, con menos de 15 minutos

Según Cabify, «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Ante esta situación, espera que «en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular». Para ello se ha mostrado «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías».

En este sentido, Cabify asegura en su comunicado que «continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en Valencia y Alicante».

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Así será la vuelta a las clases el próximo curso: asistencia presencial, grupos burbuja, mascarilla y menos distancia

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EFE/Brais Lorenzo/Archivo

Madrid, 13 may (EFE/OP).- Los alumnos de todos los tramos educativos no universitarios asistirán el próximo curso a clases presenciales, donde se mantendrá el uso de las mascarilla, los grupos «burbuja» hasta los 12 años y una distancia interpersonal menor, se pasa de 1,5 a 1,2 metros.

Es la propuesta de medidas frente a la covid-19 en el curso 2021-2022 que los ministerios de Sanidad y Educación han enviado a las comunidades, un borrador que se analizará esta tarde en la Comisión de Salud Pública y mañana en la Comisión de Educación, por tanto está sujeto a cambios, han explicado a EFE fuentes de la cartera de Isabel Celaá.

La propuesta final se aprobará el día 19 en una reunión sectorial entre las CCAA, Sanidad y Educación.

Según este texto, al que ha tenido acceso EFE, las clases presenciales se garantizarán en las regiones con bajo riesgo de transmisión, es decir, el nivel 1 y 2 (el primero por debajo de 50 contagios por 100.000 habitantes y el segundo de 50 a 150).

Las comunidades que se encuentren en el nivel de alerta 3 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes) y nivel 4 (más de 250 casos), se podría pasar a la semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO y de manera «excepcional».

Además de la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, continuará siendo preferente la ventilación cruzada y los grupos «burbuja» hasta los doce años.

Una de las novedades de la propuesta ministerial es la posibilidad de reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,2 en las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Oficiales de Idiomas.

Precisamente, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha apostado este jueves por la vuelta a las clases presenciales porque ha razonado que las ventajas son «muy superiores a cualquier riesgo o eventualidad», durante un debate de la OEI.

En Infantil, los grupos de convivencia estable, llamados también «burbuja», estarán formados por un máximo de 20 niños junto al tutor, y se les permitirá interactuar entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos…), de acuerdo siempre con la propuesta.

En Primaria, estos grupos de convivencia podrán ser de hasta 25 escolares.

En las aulas de Secundaria se podrá reducir la distancia de 1,5 a 1,2 metros para garantizar la presencialidad; en 1º y 2º de la ESO se plantea una opción estable para los dos escenarios; en 3º y 4º de la ESO, en los niveles de alerta 3 y 4, se sugiere elevar la distancia a mínimo 1,5 metros u optar por las clases al aire libre.

En Bachillerato también se podrá rebajar la distancia en el aula a 1,2 metros y si hay un nivel alto de riesgo de contagio se plantean tres alternativas: optar por las clases al aire libre, aumentar la distancia interpersonal a mínimo 1,5 metros o, de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se pasaría a semipresencialidad.

En el caso de la FP rige la misma propuesta de la distancia que en Bachillerato, tanto en sus aulas ordinarias como en las actividades que se desarrollen en espacios singulares, como talleres, laboratorios o naves.

Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que durante el mes de junio España recibirá 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, a razón de 2,7 millones semanales, aproximadamente un millón más por semana.

Sánchez ha hecho este anuncio en un acto en el Palacio de la Moncloa con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.

«Vamos en línea recta a la inmunidad de grupo, es decir que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto», ha aseverado Sánchez tras poner de manifiesto el «cumplimiento a rajatabla» de los compromisos de vacunación fijados.

La Comunidad de Madrid también ha anunciado este jueves que se suma a las autonomías que prevén vacunar contra el coronavirus a partir de junio a la población general de entre 40 y 49 años y ve «factible» empezar en julio con los menores de 40 años.

Por último, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han tramitado la mitad de las actas de denuncia interpuestas durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020): 481.969 actas (un 50,1%) de los 960.580 expedientes tramitados por el incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en España, sin contar País Vasco y Cataluña ya que aquí las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas.

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