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Cada murciano gasta 63,26 euros en la Lotería de Navidad este año

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Cada murciano gastará este año una media de 63,26 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, 4,3 euros menos que la media nacional, que se sitúa en 67,56 euros, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado.

No obstante, esta cantidad es estimativa ya que el dato será definitivo cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña, el próximo 21 de diciembre.

En total, en la Región de Murcia se han consignado 93 millones de euros de Lotería, con 465.046 billetes, para 1.470.273 habitantes, lo que arroja un total de 63,26 euros por habitante, lo que representa 2,07 euros menos que lo consignado el año pasado (65,33 euros).

Asimismo, con los datos de consignación que no serán definitivos hasta que se reciban las devoluciones, la comunidad autónoma que más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 104,02 euros, seguida de Asturias (96,32 euros), La Rioja (94,80 euros), Aragón (91,35 euros), Madrid (82,29 euros), Cantabria (71,23 euros), País Vasco (76,44 euros), Comunidad Valenciana (75,10 euros), y Castilla la Mancha (71,72 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (14,16 euros) y Ceuta (14,53 euros), seguidos de los de Baleares (41,12 euros), Canarias (44,87 euros), Andalucía (51,48 euros), Extremadura (55,11 euros), Cataluña (57,24 euros), Navarra (60,50 euros), Murcia (63,26 euros), y Galicia (66,26 euros).

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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