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CaixaBank recibe 8.246 solicitudes del ERE, un 28 % más de las bajas pactadas

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EFE

Barcelona/València, 2 ago (EFE).- CaixaBank ha recibido un total 8.246 solicitudes de adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado con los sindicatos, cifra que sobrepasa en un 27,81 % el número de salidas previstas en el plan de reestructuración, de 6.452.

En las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, entre otras, se han registrado más peticiones que bajas previstas, 957 solicitudes por 798 plazas, según han informado fuentes sindicales.

En concreto, en la provincia de Valencia, se han presentado 567 solicitudes por 465 salidas; en Alicante han sido 208 solicitudes por 188 plazas; y en Castellón, 182 solicitudes por 145 vacantes.

La entidad ha facilitado este lunes la cifra definitiva de peticiones que ha recibido dicho plan de bajas voluntarias, después de que el pasado viernes, 30 de julio, finalizara el plazo de presentación de solicitudes.

En concreto, la entidad ha registrado un número de adhesiones superior al cupo de salidas previstas en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huesca, A Coruña, Lleida, Lugo y Madrid.

También ha habido más peticiones que bajas previstas en Málaga, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zamora y Zaragoza, así como en nueve áreas de los servicios corporativos.

En estos casos, explica CaixaBank, durante las próximas semanas se aplicarán los criterios de prelación incluidos en el acuerdo laboral para determinar la aceptación de las solicitudes.

La resolución de las peticiones se comunicará, caso por caso, antes del 20 de septiembre.

Las salidas de los empleados se realizarán de forma gradual durante los próximos meses, de acuerdo con la evolución de los planes de integración con Bankia.

Por lo que respecta a la convocatoria de 138 vacantes en empresas del Grupo, que también se cerró el viernes, se han recibido 1.581 solicitudes de 337 personas, según han indicado fuentes sindicales.

En este caso, el proceso de selección se está llevando a cabo por las propias filiales.

CaixaBank tiene previsto destinar unos 1.880 millones de euros a cubrir el coste del ERE.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, aseguró la semana pasada que el elevado número de solicitudes recibidas pone de manifiesto que las condiciones ofrecidas en el ERE eran «atractivas» y «responsables», y sostuvo que el plan, en su conjunto, ha sido «exitoso» y «beneficioso» para todas las partes.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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