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CaixaBank recibe 8.246 solicitudes del ERE, un 28 % más de las bajas pactadas

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EFE

Barcelona/València, 2 ago (EFE).- CaixaBank ha recibido un total 8.246 solicitudes de adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado con los sindicatos, cifra que sobrepasa en un 27,81 % el número de salidas previstas en el plan de reestructuración, de 6.452.

En las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, entre otras, se han registrado más peticiones que bajas previstas, 957 solicitudes por 798 plazas, según han informado fuentes sindicales.

En concreto, en la provincia de Valencia, se han presentado 567 solicitudes por 465 salidas; en Alicante han sido 208 solicitudes por 188 plazas; y en Castellón, 182 solicitudes por 145 vacantes.

La entidad ha facilitado este lunes la cifra definitiva de peticiones que ha recibido dicho plan de bajas voluntarias, después de que el pasado viernes, 30 de julio, finalizara el plazo de presentación de solicitudes.

En concreto, la entidad ha registrado un número de adhesiones superior al cupo de salidas previstas en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huesca, A Coruña, Lleida, Lugo y Madrid.

También ha habido más peticiones que bajas previstas en Málaga, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zamora y Zaragoza, así como en nueve áreas de los servicios corporativos.

En estos casos, explica CaixaBank, durante las próximas semanas se aplicarán los criterios de prelación incluidos en el acuerdo laboral para determinar la aceptación de las solicitudes.

La resolución de las peticiones se comunicará, caso por caso, antes del 20 de septiembre.

Las salidas de los empleados se realizarán de forma gradual durante los próximos meses, de acuerdo con la evolución de los planes de integración con Bankia.

Por lo que respecta a la convocatoria de 138 vacantes en empresas del Grupo, que también se cerró el viernes, se han recibido 1.581 solicitudes de 337 personas, según han indicado fuentes sindicales.

En este caso, el proceso de selección se está llevando a cabo por las propias filiales.

CaixaBank tiene previsto destinar unos 1.880 millones de euros a cubrir el coste del ERE.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, aseguró la semana pasada que el elevado número de solicitudes recibidas pone de manifiesto que las condiciones ofrecidas en el ERE eran «atractivas» y «responsables», y sostuvo que el plan, en su conjunto, ha sido «exitoso» y «beneficioso» para todas las partes.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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