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CaixaBank recibe 8.246 solicitudes del ERE, un 28 % más de las bajas pactadas

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EFE

Barcelona/València, 2 ago (EFE).- CaixaBank ha recibido un total 8.246 solicitudes de adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado con los sindicatos, cifra que sobrepasa en un 27,81 % el número de salidas previstas en el plan de reestructuración, de 6.452.

En las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, entre otras, se han registrado más peticiones que bajas previstas, 957 solicitudes por 798 plazas, según han informado fuentes sindicales.

En concreto, en la provincia de Valencia, se han presentado 567 solicitudes por 465 salidas; en Alicante han sido 208 solicitudes por 188 plazas; y en Castellón, 182 solicitudes por 145 vacantes.

La entidad ha facilitado este lunes la cifra definitiva de peticiones que ha recibido dicho plan de bajas voluntarias, después de que el pasado viernes, 30 de julio, finalizara el plazo de presentación de solicitudes.

En concreto, la entidad ha registrado un número de adhesiones superior al cupo de salidas previstas en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Baleares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huesca, A Coruña, Lleida, Lugo y Madrid.

También ha habido más peticiones que bajas previstas en Málaga, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zamora y Zaragoza, así como en nueve áreas de los servicios corporativos.

En estos casos, explica CaixaBank, durante las próximas semanas se aplicarán los criterios de prelación incluidos en el acuerdo laboral para determinar la aceptación de las solicitudes.

La resolución de las peticiones se comunicará, caso por caso, antes del 20 de septiembre.

Las salidas de los empleados se realizarán de forma gradual durante los próximos meses, de acuerdo con la evolución de los planes de integración con Bankia.

Por lo que respecta a la convocatoria de 138 vacantes en empresas del Grupo, que también se cerró el viernes, se han recibido 1.581 solicitudes de 337 personas, según han indicado fuentes sindicales.

En este caso, el proceso de selección se está llevando a cabo por las propias filiales.

CaixaBank tiene previsto destinar unos 1.880 millones de euros a cubrir el coste del ERE.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, aseguró la semana pasada que el elevado número de solicitudes recibidas pone de manifiesto que las condiciones ofrecidas en el ERE eran «atractivas» y «responsables», y sostuvo que el plan, en su conjunto, ha sido «exitoso» y «beneficioso» para todas las partes.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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