Madrid (EFE).- El calendario tras las elecciones deja un panorama de mucha incertidumbre. La ciudadanía ha configurado con sus votos el próximo Parlamento. Han definido cómo será el Congreso y han perfilado cómo será el Senado. Pero esto es sólo el principio. ¿Qué pasará después de las elecciones del 23J?
Desde ya la política española inicia un viaje plagado de dudas. Sólo hay una certeza: las sesiones de constitución del Congreso y del Senado, las Cortes Generales, se celebrará el 17 de agosto. Así quedó establecido en el decreto de convocatoria electoral.
Pero, a partir de entonces… Incertidumbre.
A continuación, los pasos que tiene que dar la política nacional para dilucidar la formación de un nuevo Gobierno, lo que se antoja complicado porque no hay mayorías claras ni por la izquierda ni por la derecha. El rey, protagonista de la etapa que se abre, tiene ante sí un papel alambicado.
1. Constitución del Congreso: 17 de agosto
Los 350 diputados y diputadas, tras lograr las credenciales de las juntas electorales provinciales como electos, acudirán al Congreso hasta la víspera del 17 de agosto para formalizar una serie de trámites, necesarios para que reciban la condición plena de diputado. Tienen que rellenar una declaración de bienes, entre otros requisitos.
Será el 17 de agosto cuando, tras jurar o prometer el cargo, llamados por su nombre por quien ejerza la Presidencia del Congreso, se conviertan oficialmente en parlamentarios.
En esto, además de en la propia elección de la Presidencia y de los otros ocho cargos que componen la Mesa de la Cámara, su órgano más importante, consiste la sesión constitutiva de las Cortes. Pero nos detendremos en la primera de las Cámaras porque aquí tendrá lugar la investidura.
2. Ronda de consultas del rey: ¿finales de agosto?
El nuevo presidente o presidenta del Congreso irá a ver al monarca después de dicha sesión para informarle sobre qué partidos o formaciones políticas lograron al menos un escaño en las elecciones.
Lo habitual es que una o dos semanas después de que se hayan constituido las Cortes, el rey llame a esos partidos, que suele ser en un orden de menor a mayor representación parlamentaria. Esto durará más o menos días en función de cuántos representantes acudan.
De esa ronda sale uno de los hitos del procedimiento que se activa desde este mismo lunes: el rey propone a un candidato a la investidura parlamentaria. Suele ser el ganador de las elecciones.
3. Investidura, intento 1. ¿Primera semana de septiembre?
Es probable que esto suceda entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Corresponderá a la Presidencia del Congreso determinar la fecha de la sesión de investidura.
Lo que pasará a continuación se ajusta al artículo 99 de la Constitución y al reglamento del Congreso.
Ese candidato (que, por ser más preciso, sólo serían Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez) abrirá la jornada con la exposición de un programa de gobierno. Luego intervendrán los/las representantes de los demás grupos para fijar posición.
Según los plazos y horarios tasados por la Presidencia de la Cámara, habrá una primera votación para dilucidar si ese candidato obtiene la mayoría absoluta para ser investido, es decir, el sí de 176 diputados como mínimo.
Si sale ese resultado, el rey nombrará un nuevo presidente que podrá, en consecuencia, formar Gobierno.
Si no sale, se celebrará una segunda votación 48 horas después, precedida de intervenciones más breves tanto del candidato como de los grupos. Valdrá ahora la mayoría simple, más síes que noes.
Si es el caso, que hay mayoría, habrá nuevo presidente y nuevo Gobierno.
4. Investiduras: ¿varios intentos? ¿elecciones en diciembre?
Pero fracasa la segunda votación. Es relevante tener en cuenta la fecha, pongamos que estamos alrededor de los días 6-8 de septiembre, porque si no saliera la investidura, primer intento, se activa un plazo marcado por la Constitución y el reglamento del Congreso.
En ambos se dice que se repetirá el proceso anterior: el rey volverá a reunir a los grupos, volverá a postular un candidato, volverá a haber sesión en el Congreso y volverá a votarse.
Y si falla, otro; y si falla, otro… Y así tantas veces sean necesarias pero dentro de un tope temporal: dos meses.
Porque si pasan dos meses desde la primera votación de la primera sesión de investidura y no triunfa ningún intento, el rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones.
De cumplirse esta hipótesis, estaríamos a primeros de noviembre, más o menos. Y como, llegados a esta situación, tienen que transcurrir 47 días desde la convocatoria hasta los comicios (en virtud de una reforma de la ley electoral hecha en 2016 para acortar los tiempos anteriores a la repetición electoral), habría urnas, otra vez, en diciembre.
El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.
El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.
A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes
La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:
Certificado de empadronamiento
Informes médicos
Envíos de dinero
Billetes de transporte u otros justificantes
Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.
Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse
Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.
Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.
Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano
La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.
Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos
El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.
Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.
Plazos y proceso de solicitud
Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.
Impacto en la política migratoria española
Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.
La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.
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