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Camps: «Durante doce años he vivido las navidades imputado y no saben la carga personal que significa»

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València, 12 dic (EFE).- El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este sábado la «persecución» a la que asegura ha sido sometido en los últimos doce años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y ha acusado al PSOE de «pagar» a abogados para ir contra su persona.

«Esto es de novela negra, negrísima», ha manifestado Camps en una comparecencia ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado en València, después de que ayer se hiciera público el auto del juzgado de instrucción número 5 de Valencia de sobreseimiento provisional de la causa abierta contra él y otros organizadores de la visita del papa a la capital valenciana en 2006.

El expresident de la Generalitat ha lamentado que lleva «doce años de manera ininterrumpida» imputado por alguna causa judicial, un total de nueve, «abiertas por la Fiscalía Anticorrupción» y de las que siete se han resuelto a su favor.

Ha advertido además de que cuatro de esas causas «son consecuencia del pacto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez con la Fiscalía Anticorrupción» y ha denunciado la «persecución» a la que ha sido sometido por la acusación pública.

Ha recordado que ha sido absuelto en la causa de los trajes, la relacionada con la presunta financiación irregular del PP, así como en el caso Nóos, en el proyecto del Palacio de Congresos de Castelló, en el caso Valmor, el Circuito de la Fórmula y, la última ayer, relacionada con la visita del papa a València.

Camps ha insistido en la persecución a la que asegura ha sido sometido por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del «PSOE y Podemos», ya que asegura que hay un vínculo entre estas formaciones políticas y los jueces que han instruido las causas en las que ha sido imputado.

También ha acusado al actual president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de «firmar en origen» algunas de las denuncias para su imputación.

«El PSOE ha pagado a abogados para que me persiguieran, y desde que Puig es presidente los pagan los valencianos», a través de la Abogacía de la Generalitat o abogados «externos» pagados por el Gobierno valenciano «y por tanto por todos los valencianos», ha afirmado.

Camps ha concluido que sigue imputado en dos causas por contratos menores, por las que seguirá «peleando para que lleguen a buen puerto» como el resto.

«Durante doce años he vivido los veranos y las navidades imputado y no saben la carga personal que significa, además del dolor que significó dejar la presidencia» de la Generalitat, ha lamentado ante los periodistas.

Ha denunciado asimismo que durante años fuera sometido a «escraches», en la calle donde tiene su residencia familiar, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el Palau de la Generalitat, y el día que defendió su tesis doctoral en la universidad.

«Ellos son ahora los imputados y procesados, o gente cercanas a ellos, y no dimite nadie en España» mientras que «yo dejé de ser presidente de la Generalitat después de ganar por mayoría absoluta por cuatro trajes», ha aseverado.

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Así es la nueva ley ELA y el nuevo grado de dependencia extrema

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Ley ELA

 


 

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el real decreto que desarrolla la ley ELA, reconociendo a las personas en fase avanzada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurológicas irreversibles el derecho a una prestación económica de hasta 10.000 euros al mes. La votación contó con 346 votos a favor y ninguno en contra.

La iniciativa busca ofrecer un marco de protección y atención personalizada para los pacientes más vulnerables, garantizando cobertura continua las 24 horas.


Nuevo grado de dependencia extrema: Grado III+

El decreto establece un nuevo nivel dentro del sistema de dependencia, denominado Grado III+, dirigido a personas con enfermedades neurológicas de alta complejidad que requieren cuidados intensivos y asistencia constante.

Características principales:

  • Atención personalizada y continuada 24/7.

  • Prestación económica de hasta 10.000 euros mensuales en casos avanzados.

  • Refuerzo financiero de 500 millones de euros para sostener la atención intensiva y especializada.

  • Coordinación con las comunidades autónomas para garantizar la aplicación homogénea sin invadir competencias territoriales.


Consenso parlamentario y críticas sobre los plazos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, destacó el consenso parlamentario logrado, pero reconoció que la implementación llega tras un año de retraso desde la aprobación de la ley, periodo durante el cual las familias afectadas han seguido reclamando la puesta en marcha efectiva de las ayudas.

Bustinduy subrayó que la política social debe centrarse en consensos y acuerdos para avanzar en la protección de los servicios públicos.


Aplicación práctica del decreto

El siguiente paso consiste en traducir el nuevo Grado III+ de dependencia extrema en resoluciones concretas y prestaciones efectivas para las personas afectadas, especialmente aquellas en fases avanzadas de ELA u otras patologías neurológicas irreversibles.

El decreto, tras su convalidación en el Congreso, queda incorporado al ordenamiento jurídico, pendiente de su implementación territorial por parte de las comunidades autónomas.


Impacto esperado

Con esta medida, España da un paso histórico en la protección social de personas con enfermedades graves y progresivas, asegurando tanto recursos económicos significativos como atención intensiva personalizada, reforzando así el sistema de dependencia para los casos más críticos.

 

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