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Camps: «Durante doce años he vivido las navidades imputado y no saben la carga personal que significa»

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València, 12 dic (EFE).- El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este sábado la «persecución» a la que asegura ha sido sometido en los últimos doce años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y ha acusado al PSOE de «pagar» a abogados para ir contra su persona.

«Esto es de novela negra, negrísima», ha manifestado Camps en una comparecencia ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado en València, después de que ayer se hiciera público el auto del juzgado de instrucción número 5 de Valencia de sobreseimiento provisional de la causa abierta contra él y otros organizadores de la visita del papa a la capital valenciana en 2006.

El expresident de la Generalitat ha lamentado que lleva «doce años de manera ininterrumpida» imputado por alguna causa judicial, un total de nueve, «abiertas por la Fiscalía Anticorrupción» y de las que siete se han resuelto a su favor.

Ha advertido además de que cuatro de esas causas «son consecuencia del pacto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez con la Fiscalía Anticorrupción» y ha denunciado la «persecución» a la que ha sido sometido por la acusación pública.

Ha recordado que ha sido absuelto en la causa de los trajes, la relacionada con la presunta financiación irregular del PP, así como en el caso Nóos, en el proyecto del Palacio de Congresos de Castelló, en el caso Valmor, el Circuito de la Fórmula y, la última ayer, relacionada con la visita del papa a València.

Camps ha insistido en la persecución a la que asegura ha sido sometido por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del «PSOE y Podemos», ya que asegura que hay un vínculo entre estas formaciones políticas y los jueces que han instruido las causas en las que ha sido imputado.

También ha acusado al actual president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de «firmar en origen» algunas de las denuncias para su imputación.

«El PSOE ha pagado a abogados para que me persiguieran, y desde que Puig es presidente los pagan los valencianos», a través de la Abogacía de la Generalitat o abogados «externos» pagados por el Gobierno valenciano «y por tanto por todos los valencianos», ha afirmado.

Camps ha concluido que sigue imputado en dos causas por contratos menores, por las que seguirá «peleando para que lleguen a buen puerto» como el resto.

«Durante doce años he vivido los veranos y las navidades imputado y no saben la carga personal que significa, además del dolor que significó dejar la presidencia» de la Generalitat, ha lamentado ante los periodistas.

Ha denunciado asimismo que durante años fuera sometido a «escraches», en la calle donde tiene su residencia familiar, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el Palau de la Generalitat, y el día que defendió su tesis doctoral en la universidad.

«Ellos son ahora los imputados y procesados, o gente cercanas a ellos, y no dimite nadie en España» mientras que «yo dejé de ser presidente de la Generalitat después de ganar por mayoría absoluta por cuatro trajes», ha aseverado.

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Sancionan a un guardia civil por emborracharse en Moncloa y hacerle ‘un calvo’ al escolta de Pedro Sánchez

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guardia civil Moncloa calvo escolta Sánchez
Fachada del Edificio del Consejo en el Complejo de La Moncloa | Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa. La Moncloa, Madrid -

El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción disciplinaria impuesta a un agente de la Guardia Civil que consumió alcohol durante su turno de trabajo en el complejo de la Moncloa y realizó un gesto obsceno al jefe de escoltas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Sala de lo Militar ha confirmado la pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones, al considerar acreditados los hechos y proporcional la sanción por una falta grave cometida en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos ocurrieron durante un turno de trabajo en Presidencia del Gobierno

Según recoge la sentencia, los hechos se produjeron el 1 de abril de 2022, cuando el guardia civil acudió a su turno de tarde tras haber consumido dos cervezas y varios pinchos en una cafetería. El agente tenía asignada la vigilancia del gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno, una instalación situada en el complejo de la Moncloa.

Durante su servicio, un brigada y un cabo accedieron a la sala de cardio con una botella de ginebra, algo que el agente permitió pese a estar expresamente prohibido. Además, el propio guardia civil consumió alcohol, bebiendo combinados de ginebra con refresco.

El gesto al jefe de escoltas de Pedro Sánchez

Horas después, alrededor de las 19:00 horas, un subinspector de Policía y el jefe de escoltas del presidente del Gobierno accedieron al gimnasio. Según los testimonios recogidos en la causa, encontraron al guardia civil con síntomas evidentes de embriaguez.

En ese momento, el agente sancionado se bajó los pantalones y mostró el trasero, mientras bailaba y se colocaba en cuclillas, una conducta que quedó reflejada en los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Central, ahora confirmada por el Supremo.

El Supremo rechaza el recurso del agente sancionado

El Tribunal Supremo ha desestimado todos los argumentos presentados por el guardia civil en su recurso, rechazando que se haya vulnerado su presunción de inocencia, el derecho de defensa, el principio de legalidad o la proporcionalidad de la sanción.

La Sala subraya que existen numerosas declaraciones testificales coincidentes que acreditan que el agente presentaba fuerte olor a alcohol, voz pastosa, frases incoherentes y un comportamiento inadecuado para alguien que se encontraba de servicio. Incluso uno de los testigos reconoció haber consumido bebidas alcohólicas junto al sancionado.

Conducta “indigna” de un guardia civil

En su resolución, el alto tribunal considera especialmente grave que el agente estuviera de servicio bajo los efectos del alcohol, incumpliendo las normas del recinto que debía vigilar, y califica su comportamiento como “incorrecto, irrespetuoso e indigno de un guardia civil”.

El Supremo concluye que la sanción impuesta es adecuada a la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta que ocurrieron en el lugar de trabajo, dentro de un espacio vinculado directamente a la seguridad de la Presidencia del Gobierno.

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