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Carles Puigdemont, detenido en Cerdeña por la orden de busca y captura del Supremo

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Puigdemont candidato Junts

Estaba prófugo de la Justicia española desde el otoño de 2017

El expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, ha sido detenido este jueves en Cerdeña en virtud de la orden de busca y captura del Tribunal Supremo, emitida en su momento por el juez Pablo Llarena. Puigdemont se había desplazado a la localidad para asistir a un evento

El pasado el juez Llarena dictó orden europea e internacional de detención contra Puigdemont por delitos de sedición y malversación

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó un auto, tras notificarse la sentencia de la causa del ‘Procés’, en el que emite orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión. El juez instructor de la causa ha considerado plenamente justificada la petición en tal sentido que ha sido cursada por escrito por la Fiscalía.

El auto recuerda que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

En ese sentido, Llarena destaca que en la UE rige el principio de confianza en el funcionamiento de los Jueces y Tribunales de otros países -principio libremente asumido por los Estados miembros-, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas.

El auto señala que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado hoy la sentencia que pone término al proceso respecto de los acusados enjuiciados, y proclama la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación, así como que el comportamiento que suscitaba las discrepancias de subsunción en los tipos penales de rebelión, sedición o desobediencia (en la tesis alternativa de las defensas), son constitutivos de un delito de sedición previsto y penado en los artículos 544 y 545 del Código Penal.

Según expone el juez, la sentencia parte de los hechos que el auto de procesamiento imputaba a todos los procesados, lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras y el procesado en rebeldía Carles Puigdemont, de lo que puede concluirse -más allá de lo que resulte en su día del juicio oral que llegue a celebrarse- que los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron en el auto de Procesamiento, no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado.

Levantamiento de la suspensión como parlamentarios de Puigdemont y Comín

El juez explica además que la subsunción de los hechos en delito de sedición según la sentencia tiene una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados, por lo que acuerda también comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados y miembros de dicho Parlamento Carles Puigdemont y Antoni Comín no les resulta ya aplicable la suspensión del artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a procesados por delito de rebelión.

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer el control sobre el odio digital

El Gobierno anuncia nuevas medidas para responsabilizar a las plataformas digitales que no retiren contenido ilegal o de odio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una futura prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y combatir la difusión de contenido de odio e ilegal en internet.

La iniciativa contempla mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, que deberán retirar este tipo de contenidos de forma más rápida y eficaz. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé acciones legales y sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables directivos.

Objetivos de la medida

  • Proteger a los menores frente a riesgos digitales y discursos dañinos

  • Reforzar la responsabilidad legal de las plataformas digitales

  • Combatir la proliferación de mensajes de odio y contenidos ilícitos en redes

  • Adaptar la legislación española al nuevo contexto tecnológico europeo

El anuncio se enmarca en el debate europeo sobre la regulación de las grandes plataformas, en línea con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca un mayor control sobre los contenidos que circulan en internet.

La propuesta abre ahora un proceso político y legislativo que determinará cómo se verificará la edad de los usuarios, qué redes se verán afectadas y qué sanciones concretas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Países donde ya se limita o prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

La propuesta anunciada en España no es un caso aislado. Varios países ya han aprobado prohibiciones o restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores, especialmente para protegerlos frente a contenidos nocivos, adicción digital y discursos de odio.

Australia

Australia se ha convertido en uno de los referentes internacionales tras aprobar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. El incumplimiento puede acarrear multas millonarias para las empresas tecnológicas.

China

China mantiene desde hace años una de las regulaciones más estrictas del mundo. Los menores tienen límites de tiempo muy reducidos, controles parentales obligatorios y restricciones de acceso nocturno, especialmente en redes sociales y plataformas de vídeo.

Estados Unidos

Aunque no existe una prohibición federal, varios estados han aprobado leyes que limitan el acceso de menores, exigen verificación de edad o requieren consentimiento paterno para usar redes sociales. Estas medidas han abierto un intenso debate legal con las grandes tecnológicas.

Francia

Francia ha impulsado normas que obligan a contar con autorización parental para menores de 15 años, además de reforzar la responsabilidad de las plataformas en la retirada de contenidos ilegales o dañinos.

Corea del Sur

El país asiático ha aplicado políticas de control del uso digital juvenil, con restricciones horarias y herramientas obligatorias para evitar la adicción a redes y videojuegos en menores.

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