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Valencia

Carlos Flores (Vox), condenado por violencia machista, la figura clave para la gobernabilidad

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores. EFE/Marcial Guillén

Carlos Flores Juberías, diputado electo en les Corts y candidato de Vox a la Generalitat Valenciana fue condenado en 2002 por un delito entonces considerado de violencia familiar, pero que hoy quedaría claramente dentro de los considerados como violencia machista.Y Flores es el que tiene la llave para la gobernabilidad en la Generalitat Valenciana.

La Audiencia Provincial de Valencia le condenó entonces por un «delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones» contra su expareja y madre de sus hijos a la que, según la resolución judicial, provocó un «quebranto psicológico».

Según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los tribunales consideraron probado que Flores Juberías persiguió a su expareja hasta en 21 ocasiones cuando ya se se habían divorciado profiriéndole insultos, vejaciones y amenazas tanto en su domicilio como en el colegio de los hijos y por la calle. Según este diario, la sentencia documenta que el acusado acudió en siete ocasiones en apenas un mes y medio hasta la calle del domicilio de la exesposa y bajo su balcón le gritó calificativos como «ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta».

Carlos Flores (Vox)

(València, 1964), es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV). En los comicios de 1982 concurrió a las elecciones generales en las listas de la ultraderechista Fuerza Nueva. Desde entonces estaba apartado de la política de primer línea pero ha ejercido como vocal del Consell Valencià de Transparència a propuesta del Partido Popular (PPCV), así como vocal de la Junta Electoral Valenciana.

El PP carga contra Carlos Flores

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha afirmado este lunes que cualquier persona que haya sido condenado por violencia machista, como es el caso del candidato de Vox a presidir la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, «no debería dedicarse a la política».

Sémper ha respondido así al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP, sobre si para los populares es una «línea roja» que un condenado por violencia machista sea candidato de Vox y pueda pactar con el PP en la Comunitat Valenciana.

«Obviamente para nosotros alguien que es un maltratador o que ha sido condenado es una persona que no debería dedicarse a la política», ha recalcado el dirigente popular.

Puig, «muy de acuerdo» en que el PP ponga una «línea roja» a Flores

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha dicho estar «muy de acuerdo» con que el PP ponga una «línea roja» al candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, aunque ha subrayado que los populares son «absolutamente conscientes» de que fue condenado por violencia machista y, aun sabiéndolo, lo nombraron «directamente» en dos cargos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la celebración del 45 aniversario del diario económico Cinco Días en Madrid, donde ha destacado que el PPCV nombró a Flores miembro del Consejo Electoral y del Consejo de Transparencia, por lo que saben «perfectamente» quién es el candidato de Vox a presidir la Generalitat.

«Creo que las líneas rojas que ahora dice marcar Borja Semper son correctas, pero deben dejar de marear, deben decir de una vez por todas la verdad. Y la verdad es que hay un acuerdo que se va a producir. No quieren que se produzca antes de las elecciones porque la verdad es que no está muy bien, pero finalmente se va a producir», ha aseverado.

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Valencia

Nueva bronca entre Grezzi y Catalá en el pleno tras mostrar un cártel de Mazón dando un beso a la alcaldesa 

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Polémica pleno
Imagen del edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi con el cartel alusivo a la dana que Catalá le ha exigido retirar del atril colgado de su camisa. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – El pleno del Ayuntamiento de València celebrado este martes, el ordinario de noviembre, ha vuelto a registrar un momento de tensión entre la alcaldesa, María José Catalá (PP), y el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi por la exhibición del mismo cartel alusivo a la dana y con una imagen de la primera edil recibiendo un beso del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que les llevó a tener un enfrentamiento en la sesión plenaria de octubre.

El contexto de la polémica y el cartel de la dana

Grezzi, que el pasado mes colgó ese póster del atril del hemiciclo cuando comenzó su intervención en un punto referido a las tarifas de la EMT, ha vuelto a mostrarlo este martes al tomar la palabra durante el debate de una moción sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Junto a la fotografía de Catalá y Mazón, en este cartel se observa la hora en la que se recibió el mensaje de alerta el 29O y la frase: “Ni oblit ni perdó”.

Catalá, como hizo en el pleno de octubre, ha pedido a Grezzi que retirara del atril esa imagen y el concejal, como hizo hace un mes, se ha negado y ha vuelto a decir a la alcaldesa que el reglamento del pleno no le impedía mostrarlo y que lo amparaba.

El informe del secretario: la clave del giro en el debate

En ese momento, la alcaldesa, que ha llamado dos veces al orden al representante de Compromís para que quitara su póster, ha intervenido para indicarle que tenía el informe que solicitó al secretario del consistorio tras lo ocurrido en el pasado pleno con el fin de saber si se podían mostrar desde la tribuna carteles como el que mostró entonces y ha exhibido ahora este concejal.

María José Catalá ha destacado que ese documento precisa que no es posible colocar cartelería. “Dadas las dudas que se generaron en el anterior pleno, esta presidencia solicitó a la secretaría general un informe correspondiente al uso de cartelería en la tribuna, que es de todos, no del que habla”, ha expuesto la primera edil, que ha subrayado que tenía ese documento y que lo podía mostrar.

La alcaldesa insiste: la tribuna “no es suya”

“Dice claramente que usted no puede poner cartelería en esa tribuna porque no es suya. Tanto la tribuna desde la que habla, como la bancada –de cada grupo–, es de la corporación y del salón de plenos del Ayuntamiento. No se utiliza para cada uno de ustedes. Si a los vecinos que acuden de público a este pleno del Ayuntamiento no se les permite poner catelería, ¿por qué ustedes se creen con el derecho de hacerlo?”, ha dicho a Grezzi.

Asimismo, María José Catalá ha mostrado su voluntad de ponerlo a disposición de “todos los portavoces” de los grupos municipales. La portavoz de Compromís, Papi Robles, se ha levantado de su escaño y se ha situado junto a su compañero de partido en el atril para defender su postura y pedir a Catalá que “de manera inmediata” facilitara ese informe. La alcaldesa ha accedido a esa petición y ha ordenado un receso de unos minutos para hacer llegar el documento a los portavoces de cada grupo.

Grezzi retira el póster del atril, pero no deja de mostrarlo

Tras ese receso, se ha reanudado la sesión y Giuseppe Grezzi ha seguido interviniendo pero sin el cartel en el atril. El concejal lo ha quitado de la tribuna y se lo ha colgado en la camisa, para seguir exhibiéndolo mientras hablaba. “Su amistad con Mazón no se acaba si yo quito el cartel. Usted lo único que ha demostrado es su autoritarismo, porque quiere gestionar este pleno en función de sus intereses”, ha señalado a la responsable municipal.

El informe del secretario: la cartelería debe ser autorizada

En su informe, el secretario general de la corporación y del pleno indica que “la instalación o colocación de banderas, de cualquier tipo, no puede hacerse por la vía de hecho, sino que debe ser autorizada por el órgano competente, en el caso del hemiciclo la presidencia del pleno, y en el caso de los edificios, la Alcaldía o el órgano delegado por ella”.

Así, sostiene que este “deberá tener en cuenta los pronunciamientos judiciales y el lugar donde se pretende colocar” la cartelería o cualquier otro elemento.

“En conclusión, el derecho a la libertad de expresión, ni el ius in officium, no incluye el derecho a colgar estos elementos en el atril institucional del orador que esté en uso de la palabra, ni en los espacios o elementos comunes del hemiciclo”, precisa el secretario en el documento.

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