El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado este jueves la exigencia de dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA del 29 de octubre. La votación, marcada por la controversia, se realizó de manera electrónica y secreta, resultando en 52 votos en contra y 41 a favor.
Caótica votación y denuncias de irregularidades
La propuesta, presentada por Compromís, contó con el respaldo del PSPV y Compromís, mientras que PP y Vox votaron en contra. Sin embargo, la sesión estuvo plagada de confusión debido a cambios en el procedimiento de votación. Inicialmente, se había anunciado que se realizaría mediante papeletas y urna, pero finalmente se optó por el voto electrónico, según la decisión del vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló (PP).
Desde la bancada de la izquierda se denunció que varios diputados no pudieron emitir su voto debido a fallos en el sistema, mientras que desde la derecha se aseguró que el procedimiento funcionó correctamente. Ante esta situación, Compromís y el PSPV solicitaron repetir la votación, petición que fue rechazada.
Acusaciones de falta de transparencia
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, criticó los cambios en el proceso y calificó la situación de «bochorno» y «ataque a la democracia». Por su parte, José Muñoz, síndic socialista, tachó la gestión de «autoritaria y antidemocrática», afirmando que se había burlado la voluntad de los ciudadanos y las víctimas de la DANA.
Conclusión: Polémica sin resolución
El resultado de la votación refleja la falta de consenso en Les Corts sobre la gestión de la crisis climática y pone en evidencia las tensiones políticas entre los partidos. Con la negativa a repetir la votación, la oposición anuncia acciones para impugnar el proceso, mientras que el Gobierno de Mazón sigue adelante sin cambios.
Mazón culpa al Gobierno de efectos de la dana y pregunta: «¿Sobre quién pesan las vidas?»
València, 20 feb (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha responsabilizado este jueves al Gobierno central de los efectos devastadores que tuvo la dana del pasado 29 de octubre en Valencia y se ha preguntado «¿sobre quién pesan las vidas?», mientras el PSPV y Compromís han exigido de nuevo su dimisión.
La dana que ha dejado 224 personas muertas, 3 desaparecidas y miles de damnificadas en la provincia de Valencia ha centrado de nuevo la sesión de control en Les Corts Valencianes, con acusaciones cruzadas sobre quién tuvo la responsabilidad de alertar a la población y sobre quién pesan las muertes producidas.
Mazón ha culpado a la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al propio Gobierno central de no alertar de la gravedad de la situación, del estado de los barrancos y de no haber acometido obras o establecido sistemas de alerta que podrían haber salvado vidas, y se ha preguntado: «¿Sobre quién pesan las vidas?».
Mazón cifra en 854 millones de euros las ayudas directas de la Generalitat por la dana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha informado sobre el lanzamiento de 854 millones de euros en ayudas directas destinadas a los afectados por las inundaciones provocadas por la DANA del pasado 29 de octubre. Según Mazón, esta movilización representa «la mayor inversión de fondos públicos en la historia de la Comunitat Valenciana», con más de 1.324 millones de euros comprometidos para la reconstrucción económica y social.
Desglose de las ayudas directas
200 millones de euros para familias afectadas:
Ayudas de 6.000 euros por vivienda para cubrir bienes de primera necesidad.
50 millones de euros para alquiler de viviendas:
Hasta 11.200 euros por beneficiario para cubrir 12 meses de alquiler, incluyendo fianza y garantía.
250 millones de euros para afectados por pérdida de vehículos:
Pago de 2.500 euros por vehículo, mediante declaración responsable.
266 millones de euros para empresas y autónomos:
Ayudas directas de 5.000 euros por empresa o autónomo, con 1.000 euros adicionales por trabajador contratado.
100 millones de euros para reactivación económica:
Distribuidos entre empresas industriales (50 millones) y comerciales, turísticas y de servicios (50 millones).
90 millones de euros para autónomos sin trabajadores:
Beneficios de 3.000 euros por persona, beneficiando a más de 30.000 autónomos.
10,8 millones de euros para trabajadores en ERTE:
Pago único de 360 euros automáticos.
Apoyo a municipios, regantes y sectores culturales
62 millones de euros para municipios:
Ayudas de 200.000 euros por ayuntamiento para gastos urgentes.
20 millones de euros para regantes.
6 millones de euros para el sector cultural:
Ayudas para talleres, falleros, sociedades musicales e industria pirotécnica.
Medidas fiscales y líneas de liquidez
Deducciones en el IRPF para contribuyentes de las zonas afectadas.
350 millones de euros en líneas de liquidez «a coste cero» para empresas y autónomos, financiadas por el Institut Valencià de Finances (IVF) y Afín SGR.
Petición al Gobierno central
Mazón ha instado al Gobierno de España a incrementar las ayudas directas, criticando que menos de la mitad de las aportaciones sean directas. Ha solicitado además la eliminación de impuestos y requisitos complejos para acceder a los fondos.
Compromiso con la recuperación
El president ha ratificado el compromiso del Consell para agilizar los pagos y garantizar que las ayudas lleguen rápidamente a los damnificados, avanzando en la reconstrucción de las zonas afectadas por las devastadoras inundaciones.
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Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo
El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.
La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.
🏛 Qué cambia con la nueva normativa
El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.
Entre las principales medidas destacan:
Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.
Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.
Críticas de vecinos y oposición
La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.
Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.
Por su parte, desde la oposición:
El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.
Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.
Debate sobre vivienda y turismo en València
El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.
Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.
El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico
La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:
Priorizar el derecho a la vivienda.
Limitar el turismo masivo.
Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.
Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.
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