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Valencia

Casa Caridad alerta de que 1 de cada 3 personas atendidas es menor de edad

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menor desaparecida en Bruselas madre
Imagen facilitada por Casa Caridad

Valencia, 17 oct (OFFICIAL PRESS – EFE). Casa Caridad ha alertado este martes de un aumento del 72 % en las atenciones a menores en situación de exclusión social en un año. La institución ha destacado que en lo que llevamos de año el 33,3% de las atenciones en su servicio de atención y distribución de alimentos y productos de higiene han sido a menores.

Casa Caridad: Aumentan un 72 % las atenciones a menores en situación de exclusión social

Además, la asociación ha aludido a la «difícil situación que viven las familias con niños y niñas que acuden diariamente a por productos de primera necesidad». Ha llamado la atención sobre el crecimiento del 18,7 de las personas atendidas en comparación con las cifras de septiembre de 2022.

Para hacer frente a la demanda de ayuda, Casa Caridad cuenta con el servicio de comedor social, tres escuelas infantiles, el Programa Escuela Familia, dos Centros de Acogida Temporal, el Proyecto Fénix de viviendas supervisadas y el servicio de atención social y distribución de alimentos y productos de higiene.

Con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, la Asociación Valenciana de Caridad ha hecho público un comunicado. En el que ha alertado de que entre enero y septiembre de 2023, una de cada tres personas atendidas en el servicio de atención social y distribución de alimentos y productos básicos ha sido un menor.

 

Estas cifras «ponen de manifiesto una tendencia que se está dando en la Comunidad Valenciana. Según los últimos indicadores de pobreza y condiciones de vida publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), el número de infantes en riesgo de pobreza o exclusión social en Valencia, Castellón y Alicante ha crecido hasta un 27,6 %. Liderando las tasas de exclusión por segmento de edad».

Cifras alarmantes

“Son cifras alarmantes las que estamos viendo actualmente. En septiembre de este año hemos identificado un aumento de las atenciones en todos nuestros servicios respecto al mismo mes del año anterior. Hemos pasando de atender a 1.127 personas en septiembre de 2022 a 2.707 en septiembre de 2023 solo en el servicio de atención social y distribución de alimentos y productos de higiene”, ha explicado Luis Miralles, presidente de Casa Caridad.

Durante el mes de septiembre, de las personas que han pasado por el servicio de reparto de alimentos, 917 han sido menores, es decir, un 33,8 % han sido niños y niñas que viven situaciones de extrema necesidad y que, en la mayoría de los casos, los progenitores no cuentan con trabajo o la economía familiar se sustenta únicamente a través de una única nómina, según el comunicado.

En septiembre de 2022, el número de infantes atendidos en este servicio fue de 258, lo que supone 659 menores menos que en septiembre de 2023. «Este aumento del 72 % muestra la realidad que viven miles de familias en situación de vulnerabilidad, que no pueden llegar a final de mes a causa del aumento de los precios, lo que hace que personas que antes tenían una situación ‘normalizada’, ahora tengan que acudir a la ONG para cubrir las necesidades básicas de su familia», añade la nota.

Nueve meses de aumento

Entre enero y septiembre, Casa Caridad ya ha atendido a 4.071 personas, un 18,7 más que en septiembre de 2022. «Este aumento significativo supone un encarecimiento de los gastos totales de la Asociación que asciende a más de 15.000 euros diarios», subraya el comunicado.

Ante esta situación, Casa Caridad «ha puesto de manifiesto la necesidad de la solidaridad de la ciudadanía valenciana, que ayude a través de donaciones o de colaboraciones en programas como Empresas Con Valor. Es necesario que sigamos contando con el apoyo de los valencianos y las valencianas que, durante más de 117 años, han hecho posible que no cerremos nunca nuestras puertas y podamos ampliar nuestros servicios y seguir atendiendo a las personas que más lo necesitan”, concluye Luis Miralles, presidente de Casa Caridad.

Para hacer frente a la creciente demanda de atenciones, la ONG cuenta con el servicio de comedor social para personas en situación de sin hogar, a través del cual ha atendido a más de 950 personas en lo que llevamos de año; los Centros de Acogida Temporal, que tienen una ocupación del 100 %; los tres Centros de Educación Infantil, a los que acuden diariamente 148 niños y niñas. En los que se atiende también a sus familias a través del Programa Escuela Familia. También el servicio de atención y distribución de alimentos y productos de higiene, en el que Casa Caridad ha repartido 19.136 carros de alimentos y cheques, durante 2023. Y las diez viviendas del Proyecto Fénix de viviendas supervisadas. EFE.
jmm

 

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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