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Casado apoyaría un confinamiento domiciliario si es por áreas sanitarias

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El líder del PP, Pablo Casado. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado este jueves favorable a poder decretar confinamientos domiciliarios para frenar el avance del virus si esta restricción se implementa por áreas básicas de salud, la unidad que utiliza en Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El líder de la oposición ha aludido a esta posibilidad durante una entrevista en La Sexta, en la que ha defendido que este es el «punto medio» entre las propuestas que hace la Comunidad de Madrid o las que defiende Castilla y León, ambas gobernadas por el PP.

«Yo estoy a favor de que se permita confinar áreas sanitarias de salud, la provincia es demasiado», ha afirmado, y ha argumentado, poniendo como ejemplo el distrito madrileño de Vallecas, que esta estrategia ya funcionó en la segunda ola.

«A mucha gente en España les parecía que no iba a funcionar y resulta que funcionó y todo el mundo decía que Ayuso estaba haciendo una locura», ha señalado.

Casado ha apuntado además que para adelantar el toque de queda no es necesario votar una modificación del estado de alarma en el Congreso, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no hacer frente a la tercera ola de la pandemia.

El líder del PP ha argumentado asimismo que es «muy extraño» que quince autonomías dijeran al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hiciera «algo» y dijese que no; «no vaya a ser -ha agregado Casado- que se puedan confinar y que los de ERC me justifiquen mejor la convocatoria».

Sin embargo, preguntado sobre si Illa actúa así por interés electoral, ha afirmado que nunca diría eso porque no puede pensar «tan mal», pero que en época electoral «eso lo tienes que justificar mejor». «Esto se hubiera resuelto dimitiendo en cuanto se dijo que iba a ser candidato», ha agregado.

Además, ha ofrecido al PSOE pactar un plan alternativo que dé a las autonomías margen para tomar decisiones aplicando un marco general pero teniendo margen por sus distintas realidades. «Madrid tiene más ucis, Castilla y León más dispersión geográfica», ha ejemplificado.

«El PP ha hecho lo que ha podido; yo he apoyado a Sánchez hasta la cuarta prórroga, hasta que había 40.000 muertos (…) le he ofrecido un pacto sanitario, un plan B jurídico, un plan de choque económico y tardan en devolverme la llamada dos meses», ha censurado Casado.

También ha reclamado Casado un plan de vacunación porque no puede ocurrir que cuando sobran dosis de la vacunación las autonomías no sepan qué hacer por no existir criterio sobre el siguiente grupo, aunque no es excusa, ha dicho, para los políticos que se han vacunado antes de tiempo.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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