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Valencia

CASO AZUD | Admiten la personación del PP y Vox si pagan fianza y van juntos

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El exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia donde comparece ante el juzgado que investiga la supuesta trama de corrupción conocida como caso Azud.Archivo/EFE/ Manuel Bruque

València, 21 mar (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha admitido la personación como acusación popular del PP y Vox en la causa abierta por el denominado ‘caso Azud’. El caso investiga la supuesta financiación electoral irregular del PSPV.

PP y Vox deberán compartir abogado y pagar 10.000 euros

La titular del juzgado ha permitido que PP y Vox se personen como acusación popular a condición de que abonen sendas fianzas de 10.000 euros y concurran en una misma representación letrada.

Así lo ha notificado el juzgado este martes a las partes en un auto en el que señala que ninguno de los partidos intentó personarse en este caso, por lo menos desde el levantamiento del secreto, y lo hacen «en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno periodo electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones».

Según la titular del Juzgado, en el escrito presentado por el PP se especifican las razones o motivos para personarse «de forma escuetísima» y se invocan, como objeto de instrucción, «una serie de delitos que, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, ni tan siquiera las conductas integradoras de los tipos penales invocados eran merecedoras de reproche penal».

En el auto indica que de las razones de la personación del Partido Popular «unicamente hay constancia en un comunicado de la agencia EFE el 27 de enero de 2023, de que el Partido Popular se personaba como acción popular porque quieren «saber la verdad»».

En esa información, según la jueza, el dirigente popular Carlos Mazón decía que «estamos hablando de supuestamente decenas de millones de euros de mordidas a favor de las cuentas del partido socialista durante decenas de años».

En el caso del escrito presentado por Vox interesando su personación, la juez señala que «ni tan siquiera se expone algún motivo o razón para ello, simplemente alega que no precisa formular querella para personarse y que está exento de presentar fianza».

La magistrada añade que «con estos mimbres se desconoce cuál es su pretensión, pero es de advertir que concurre una circunstancia que, a juicio de esta instructora, en principio suscita recelo, cuál es la estrecha relación de dicho partido político con uno de los principales investigados en el presente procedimiento».

La jueza continúa señalando que, aunque lo anteriormente señalado «hace mella en lo peculiar que resulta la figura de la acción popular», pese a las «suspicacias que levanten las dos personaciones del PP y Vox, no puede denegarse por venir obligado a tenor de la legislación vigente».

También recuerda varias resoluciones que coinciden en la «necesidad de limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones políticas de forma generalizada» e indica que la presencia de partidos políticos en el proceso penal «no es positiva al correrse el riesgo de trasladar la confrontación política al ámbito jurisdiccional con el perjuicio que tal proceder acarrea».

La jueza dispone que deberán prestar una fianza de 10.000 euros cada formación y ambas deberán concurrir bajo una única dirección letrada «al defender los mismos intereses» y si no concurren conjuntamente «actuarán bajo la dirección letrada de la primera formación que se persone en forma».

Por último, insta a Vox a que exponga «siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse en la presente causa como acusación particular».

La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha afirmado que la personación les permitirá «conocer en profundidad» el sumario de un caso del que se puede derivar una financiación electoral irregular del PSPV y ha adelantado que recurrirán tanto la acción letrada unificada con Vox, como el importe de la fianza por una cuestión técnica.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha calificado de “curioso” que el PP, que es el “foco principal de la corrupción” de Azud, dado que el grueso del caso reside en el Ayuntamiento de València cuando lo gestionaba, quiera ser “acusado y acusador”, una “paradoja” que ha atribuido a la nueva dirección del partido.

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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