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Valencia

CASO AZUD | Admiten la personación del PP y Vox si pagan fianza y van juntos

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El exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia donde comparece ante el juzgado que investiga la supuesta trama de corrupción conocida como caso Azud.Archivo/EFE/ Manuel Bruque

València, 21 mar (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha admitido la personación como acusación popular del PP y Vox en la causa abierta por el denominado ‘caso Azud’. El caso investiga la supuesta financiación electoral irregular del PSPV.

PP y Vox deberán compartir abogado y pagar 10.000 euros

La titular del juzgado ha permitido que PP y Vox se personen como acusación popular a condición de que abonen sendas fianzas de 10.000 euros y concurran en una misma representación letrada.

Así lo ha notificado el juzgado este martes a las partes en un auto en el que señala que ninguno de los partidos intentó personarse en este caso, por lo menos desde el levantamiento del secreto, y lo hacen «en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno periodo electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones».

Según la titular del Juzgado, en el escrito presentado por el PP se especifican las razones o motivos para personarse «de forma escuetísima» y se invocan, como objeto de instrucción, «una serie de delitos que, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, ni tan siquiera las conductas integradoras de los tipos penales invocados eran merecedoras de reproche penal».

En el auto indica que de las razones de la personación del Partido Popular «unicamente hay constancia en un comunicado de la agencia EFE el 27 de enero de 2023, de que el Partido Popular se personaba como acción popular porque quieren «saber la verdad»».

En esa información, según la jueza, el dirigente popular Carlos Mazón decía que «estamos hablando de supuestamente decenas de millones de euros de mordidas a favor de las cuentas del partido socialista durante decenas de años».

En el caso del escrito presentado por Vox interesando su personación, la juez señala que «ni tan siquiera se expone algún motivo o razón para ello, simplemente alega que no precisa formular querella para personarse y que está exento de presentar fianza».

La magistrada añade que «con estos mimbres se desconoce cuál es su pretensión, pero es de advertir que concurre una circunstancia que, a juicio de esta instructora, en principio suscita recelo, cuál es la estrecha relación de dicho partido político con uno de los principales investigados en el presente procedimiento».

La jueza continúa señalando que, aunque lo anteriormente señalado «hace mella en lo peculiar que resulta la figura de la acción popular», pese a las «suspicacias que levanten las dos personaciones del PP y Vox, no puede denegarse por venir obligado a tenor de la legislación vigente».

También recuerda varias resoluciones que coinciden en la «necesidad de limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones políticas de forma generalizada» e indica que la presencia de partidos políticos en el proceso penal «no es positiva al correrse el riesgo de trasladar la confrontación política al ámbito jurisdiccional con el perjuicio que tal proceder acarrea».

La jueza dispone que deberán prestar una fianza de 10.000 euros cada formación y ambas deberán concurrir bajo una única dirección letrada «al defender los mismos intereses» y si no concurren conjuntamente «actuarán bajo la dirección letrada de la primera formación que se persone en forma».

Por último, insta a Vox a que exponga «siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse en la presente causa como acusación particular».

La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha afirmado que la personación les permitirá «conocer en profundidad» el sumario de un caso del que se puede derivar una financiación electoral irregular del PSPV y ha adelantado que recurrirán tanto la acción letrada unificada con Vox, como el importe de la fianza por una cuestión técnica.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha calificado de “curioso” que el PP, que es el “foco principal de la corrupción” de Azud, dado que el grueso del caso reside en el Ayuntamiento de València cuando lo gestionaba, quiera ser “acusado y acusador”, una “paradoja” que ha atribuido a la nueva dirección del partido.

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Valencia

Investigan al alcalde de Jérica (PP) por presuntas agresiones sexuales a dos menores

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Jorge Peiró

Partido Popular suspende su militancia y lo cesa como asesor en la Diputación de Castellón

El alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, del Partido Popular, está siendo investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa se tramita en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe y está abierta desde hace varios meses. La jueza que instruye el caso impuso medidas cautelares que incluyen alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes, las cuales continúan vigentes.


Reacciones del Partido Popular

El PP de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión inmediata de militancia de Peiró y lo ha cesado como asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha reafirmado su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia del investigado.


Reacciones del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE provincial ha pedido que Peiró dimita como alcalde de Jérica, argumentando que su imputación es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
Maria Jiménez, secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, instó a los responsables del PP provincial, Marta Barrachina y Salvador Aguilella, a tomar medidas contundentes frente a esta situación.


Contexto

Jorge Peiró es alcalde de Jérica desde 2019. La investigación busca determinar la presunta implicación en agresiones sexuales a dos menores de edad. La apertura de la causa y las medidas cautelares reflejan la gravedad de las denuncias y la protección de las víctimas durante el proceso judicial.

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