astelló, 4 feb (EFE).- Un juzgado de Castelló ha decretado abrir juicio oral en la conocida como la causa del Bar España contra nueve personas procesadas por delitos contra la integridad moral, injurias, calumnias y denuncia falsa, e implicados en la difusión, durante dos décadas, de bulos contra políticos por supuestos casos de pederastia.
Además, el auto contempla solicitar una indemnización, que deberán asumir los acusados de manera solidaria, de 2,4 millones de euros.
Entre los perjudicados por la difusión de estos bulos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; el expresident de la Generalitat Francisco Camps y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que declararon como posibles perjudicados.
Según el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló, a los procesados se les atribuye la comisión de delitos contra la integridad moral, contra la administración de Justicia por denuncia falsa, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Los procesados son, a juicio de la instructora, responsables de la difusión durante veinte años de «continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación» en las que se hacían eco de una supuesta «organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia» que, según estos bulos, pudo incurrir en cientos de violaciones de menores.
«Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros», sostiene la jueza.
Y añade que «ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores -supuestos denunciantes- y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas».
El asunto parte de unas diligencias previas por delitos de injurias y calumnias y contra la Administración de Justicia, si bien posteriormente se registró una ampliación de denuncia de la Fiscalía y la titular de Instrucción 5 de Castelló acordó acumular a esta investigación otros dos procedimientos por hechos similares seguidos en juzgados de Vinaròs (Castellón) y Madrid.
En este causa inicialmente constaron veinte investigados y diecisiete perjudicados.
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