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Valencia

Caso Cooperación: todos los acusados, excepto Blasco, reconocen el amaño de contratos

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El juicio contra el exconseller de Solidaridad y ex diputado (PP) en Les Corts Rafael Blasco por un amaño en contratos de servicios informáticos dentro del conocido como caso Cooperación se ha retomado hoy lunes en la Audiencia de Valencia, en una jornada que ha comenzado con el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados menos él.

Así, el exjefe de servicio de informática, Javier Murcia, ha asumido los hechos a cambio de una pena de un año de prisión y. al abandonar la sala ha agradecido a los servicios de la Ciudad de la Justicia que salvaran su vida cuando, el pasado mes de marzo, se desplomó al iniciarse este mismo juicio. En aquel momento la vista hubo de ser suspendida y Murcia trasladado al hospital, afectado de un infarto.

A la conformidad de Murcia se han sumado después las del empresario Augusto César Tauroni; y de la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán, los otros dos acusados, además de Blasco.

Los letrados de ambos han anunciado un preacuerdo, aceptado por el fiscal pero no por las otras dos acusaciones (la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG) que supone penas, para el primero, de un año y tres meses y, para la segunda, de un año.

La defensa de Blasco ha presentado, por su parte, una petición de nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales de su cliente. El fiscal se ha opuesto a la petición, al igual que el resto de las acusaciones.

El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.

Con la excepción de Murcia, el resto de inculpados han sido ya condenado en otras piezas del mismo caso. Así, el Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad. Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, informan fuentes jurídicas.

Los contratos por servicios informáticos que se van a juzgar ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.

El ex conceller, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años. En su haber figura haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.

El juicio continuará con testimonios el 18 de junio y el 9 y 20 de julio.

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Sucesos

A prisión el exconvicto detenido por el asesinato del hotelero de Bocairent, cuyo cuerpo sigue sin aparecer

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Desaparecido empresario Bocairent

Antonio C. B. niega los hechos, pero las pruebas apuntan a él como autor del crimen de Enrique G. P., de 77 años, cuyo cuerpo sigue sin aparecer

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Ontinyent, en funciones de guardia, ha ordenado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Antonio C. B., exconvicto por homicidio, tras su detención como presunto autor del asesinato del empresario hotelero Enrique G. P., desaparecido desde finales de mayo en Bocairent (Valencia).


Pruebas clave y antecedentes del sospechoso

Antonio C. B., de 42 años y natural de Ontinyent, fue arrestado el viernes en una caseta propiedad de sus padres, donde residía desde hacía años. El arresto se produjo tras la llegada de resultados forenses que confirmaban la presencia de ADN y restos de sangre compatibles con la víctima, tanto en el hotel rural San Isidro —propiedad del desaparecido— como en uno de sus vehículos.

El detenido tiene un historial criminal relevante: fue condenado en 2008 a 10 años de prisión por el asesinato de un joven empresario en Muro (el Comtat), crimen cometido mientras ambos consumían alcohol y veían pornografía. Cumplió íntegramente la condena.


Un crimen en el hotel rural San Isidro

La desaparición del empresario Enrique G. P., de 77 años, fue denunciada por su hija el 31 de mayo. Desde entonces, la Guardia Civil ha centrado sus investigaciones en el hotel rural San Isidro, cerrado desde hace dos años, donde Enrique pasaba tiempo para evitar su ocupación ilegal.

El 4 de mayo, Enrique sorprendió a un okupa en el hotel. Su coche, un Opel Astra, fue robado esa misma jornada y continúa desaparecido. Las primeras sospechas recayeron sobre Antonio C. B., quien había trabajado anteriormente como camarero y encargado de mantenimiento en el establecimiento.


Sangre, ADN y desaparición: pruebas del crimen

Durante el registro del hotel, los agentes hallaron restos de sangre en una pared y en un sofá del salón, así como las gafas personales y el teléfono móvil del hotelero, que estaba apagado, impidiendo su geolocalización.

Días después, apareció un Volkswagen Golf azul oscuro, segundo coche de la víctima, cerrado y aparcado en Bocairent. En su maletero se hallaron salpicaduras de sangre que están siendo analizadas. Todo apunta a que en ese vehículo pudo ser transportado el cuerpo de Enrique tras el crimen.


Detención y negativa a colaborar

Antonio C. B. fue interrogado por el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil pero se negó a declarar ante los agentes, y este domingo solo respondió a las preguntas de su abogado, negando cualquier implicación y afirmando desconocer el paradero de Enrique, pese a los indicios abrumadores en su contra.

Durante su traslado a la prisión de Picassent, mostró una actitud violenta: intentó agredir, insultó y amenazó a un reportero gráfico. Su comportamiento ha sido descrito por fuentes cercanas como «chulesco y desafiante», sin mostrar señales de arrepentimiento ni intención de cooperar.


Un rompecabezas sin resolver: ¿dónde está el cuerpo?

La localización del cadáver de Enrique G. P. es ahora la máxima prioridad para la Guardia Civil. El silencio del detenido mantiene en vilo a la familia, que esperaba una confesión. Su viuda e hijos siguen sin respuestas, a la espera de poder recuperar el cuerpo para despedirse.

Todo apunta a que Enrique fue asesinado el 28 de mayo a primera hora, y su cadáver trasladado en el maletero del Golf. El coche fue visto circulando de forma temeraria en Banyeres, pero la Policía Local no logró interceptarlo.

 

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