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Valencia

Caso Cooperación: todos los acusados, excepto Blasco, reconocen el amaño de contratos

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El juicio contra el exconseller de Solidaridad y ex diputado (PP) en Les Corts Rafael Blasco por un amaño en contratos de servicios informáticos dentro del conocido como caso Cooperación se ha retomado hoy lunes en la Audiencia de Valencia, en una jornada que ha comenzado con el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados menos él.

Así, el exjefe de servicio de informática, Javier Murcia, ha asumido los hechos a cambio de una pena de un año de prisión y. al abandonar la sala ha agradecido a los servicios de la Ciudad de la Justicia que salvaran su vida cuando, el pasado mes de marzo, se desplomó al iniciarse este mismo juicio. En aquel momento la vista hubo de ser suspendida y Murcia trasladado al hospital, afectado de un infarto.

A la conformidad de Murcia se han sumado después las del empresario Augusto César Tauroni; y de la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán, los otros dos acusados, además de Blasco.

Los letrados de ambos han anunciado un preacuerdo, aceptado por el fiscal pero no por las otras dos acusaciones (la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG) que supone penas, para el primero, de un año y tres meses y, para la segunda, de un año.

La defensa de Blasco ha presentado, por su parte, una petición de nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales de su cliente. El fiscal se ha opuesto a la petición, al igual que el resto de las acusaciones.

El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.

Con la excepción de Murcia, el resto de inculpados han sido ya condenado en otras piezas del mismo caso. Así, el Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad. Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, informan fuentes jurídicas.

Los contratos por servicios informáticos que se van a juzgar ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.

El ex conceller, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años. En su haber figura haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.

El juicio continuará con testimonios el 18 de junio y el 9 y 20 de julio.

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Valencia

Denuncian “el colapso insostenible” de Urgencias del General de València con hasta cuatro días de espera para ingreso

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colapso hospital general denuncia
Fotografía de un paciente. Archivo/EFE/ Alberto Valdes[-

El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia, un año más, la situación “crítica” que vive el servicio de Urgencias del Hospital General de València, convertido en un espacio “permanentemente desbordado” y con 42 pacientes ingresados sin habitación asignada, uno de ellos hasta cuatro días, según señala el sindicato en un comunicado.

Desde la organización sindical alertan de que este escenario no es puntual, sino que se repite de forma estructural, agravándose especialmente durante los meses de invierno, cuando aumentan las patologías respiratorias y la presión asistencial sobre el sistema sanitario público valenciano.

Pacientes hacinados en zonas no adecuadas de Urgencias

En concreto, SATSE señala que estos pacientes “se encuentran repartidos en diferentes áreas que conforman las Urgencias, en condiciones claramente inadecuadas, hacinados y viendo vulnerada su intimidad”.

La distribución actual de los pacientes ingresados sin habitación asignada es la siguiente:

  • 12 pacientes en la zona de Tratamientos

  • 9 pacientes en Observación A

  • 16 pacientes en Observación B

  • 5 pacientes en el barracón denominado Pernocta, situado en el patio central junto a las Urgencias y destinado a enfermos psiquiátricos que entran por Urgencias

El sindicato subraya que estos espacios no están diseñados para estancias prolongadas, lo que repercute directamente en la dignidad, el bienestar y la seguridad de los pacientes.

Más pacientes esperando cama en la Unidad de Hospitalización Transitoria

Además de los pacientes ubicados en Urgencias, SATSE advierte de que en la Unidad de Hospitalización Transitoria (UHT) hay 21 pacientes más ingresados también a la espera de una habitación en planta.

Esta unidad se ha ubicado recientemente en lo que anteriormente era el Hospital de Día, una medida que el sindicato considera un parche más ante un problema estructural que no se ha resuelto con el paso del tiempo.

Infecciones respiratorias y falta de recursos humanos

Al respecto, SATSE señala que el aumento de las infecciones respiratorias en la población, unido a unas infraestructuras “claramente insuficientes” y a la falta de contratación de una plantilla dimensionada a las necesidades reales, está teniendo un impacto directo y muy negativo en la calidad asistencial.

El Hospital General de València atiende a una población de más de 350.000 cartillas asignadas, una cifra que, según el sindicato, no se corresponde con los recursos humanos y materiales disponibles en el servicio de Urgencias.

Sobrecarga asistencial extrema para los profesionales

Por ello, los pacientes que deberían estar ingresados en planta “continúan ubicados físicamente en Urgencias por la falta de habitaciones disponibles”, siendo atendidos por el mismo personal del servicio.

SATSE denuncia que los profesionales “apenas pueden hacer frente a la sobrecarga asistencial extrema e inasumible”, una situación que se prolonga en el tiempo y que afecta tanto a la atención prestada como a la salud laboral del personal sanitario.

“Esta presión constante compromete gravemente la seguridad de los pacientes y sitúa a los profesionales en unos niveles de estrés gravísimos”, advierte el sindicato.

Denuncia ante la Inspección Sanitaria

SATSE recuerda que ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad por “el estrés prolongado al que está sometido el personal del Servicio de Urgencias”.

El sindicato insiste en que “no se puede seguir poniendo en riesgo ni la salud de los profesionales ni el derecho de los pacientes a una atención segura, digna y de calidad”, y reclama una respuesta inmediata por parte de la administración sanitaria.

Una crisis estructural que se repite cada año

El Sindicato de Enfermería recalca que lleva años alertando a la Gerencia del hospital y a la Conselleria de Sanidad de esta crisis estructural que se repite año tras año sin solución.

Aunque el colapso se produce durante los doce meses del año, SATSE señala que la situación se agrava especialmente en invierno, coincidiendo con el aumento de casos de gripe, covid y otras patologías respiratorias.

SATSE exige medidas inmediatas y efectivas

Ante esta situación “límite”, el Sindicato de Enfermería exige medidas inmediatas y efectivas, comenzando por:

  • El refuerzo urgente de las plantillas

  • La adecuación de los espacios asistenciales

  • Una planificación realista para afrontar los meses de mayor presión asistencial

“La sanidad pública no puede seguir funcionando a base de parches mientras el colapso se cronifica”, concluye SATSE, que reclama soluciones estructurales para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en el Hospital General de València.

 

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