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Valencia

Caso Cooperación: todos los acusados, excepto Blasco, reconocen el amaño de contratos

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El juicio contra el exconseller de Solidaridad y ex diputado (PP) en Les Corts Rafael Blasco por un amaño en contratos de servicios informáticos dentro del conocido como caso Cooperación se ha retomado hoy lunes en la Audiencia de Valencia, en una jornada que ha comenzado con el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados menos él.

Así, el exjefe de servicio de informática, Javier Murcia, ha asumido los hechos a cambio de una pena de un año de prisión y. al abandonar la sala ha agradecido a los servicios de la Ciudad de la Justicia que salvaran su vida cuando, el pasado mes de marzo, se desplomó al iniciarse este mismo juicio. En aquel momento la vista hubo de ser suspendida y Murcia trasladado al hospital, afectado de un infarto.

A la conformidad de Murcia se han sumado después las del empresario Augusto César Tauroni; y de la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán, los otros dos acusados, además de Blasco.

Los letrados de ambos han anunciado un preacuerdo, aceptado por el fiscal pero no por las otras dos acusaciones (la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG) que supone penas, para el primero, de un año y tres meses y, para la segunda, de un año.

La defensa de Blasco ha presentado, por su parte, una petición de nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales de su cliente. El fiscal se ha opuesto a la petición, al igual que el resto de las acusaciones.

El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.

Con la excepción de Murcia, el resto de inculpados han sido ya condenado en otras piezas del mismo caso. Así, el Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad. Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, informan fuentes jurídicas.

Los contratos por servicios informáticos que se van a juzgar ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.

El ex conceller, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años. En su haber figura haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.

El juicio continuará con testimonios el 18 de junio y el 9 y 20 de julio.

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El conseller de Educación reconoce “fue un error” irse a su casa durante la DANA y descarga responsabilidades en los ayuntamientos

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El conseller de Educación reconoce “fue un error” irse a su casa durante la DANA y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, reconoció este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados que marcharse a su domicilio durante la tarde de la gota fría (DANA) fue “un error”. Sin embargo, Rovira atribuyó parte de la responsabilidad a los ayuntamientos y a la Delegación del Gobierno, asegurando que su departamento no contaba con la información adecuada para actuar.


El conseller explica su decisión

Rovira aseguró que se trasladó a Alicante por motivos personales y por la “falsa tranquilidad” que, según él, transmitía la Delegación del Gobierno. Durante su intervención, afirmó no recordar que la consellera Salomé hubiera advertido esa misma mañana en el Pleno del Consell sobre la existencia de alerta roja y rescates en la Ribera.

“No tenemos competencias en Emergencias y no contábamos con la información adecuada”, señaló Rovira, insistiendo en que la gestión de la crisis dependía de otros organismos.


Descargo de responsabilidades hacia ayuntamientos y delegación

El conseller aprovechó su comparecencia para deslindar responsabilidades, responsabilizando principalmente a:

  • Ayuntamientos locales, por la gestión territorial durante la DANA.

  • Delegación del Gobierno, por la transmisión de información sobre el riesgo real en las zonas afectadas.

A pesar de reconocer que su decisión de marcharse “fue un error”, Rovira intentó contextualizarla como una acción tomada bajo criterios de prudencia ante la información disponible.

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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