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Valencia

Caso Cooperación: todos los acusados, excepto Blasco, reconocen el amaño de contratos

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El juicio contra el exconseller de Solidaridad y ex diputado (PP) en Les Corts Rafael Blasco por un amaño en contratos de servicios informáticos dentro del conocido como caso Cooperación se ha retomado hoy lunes en la Audiencia de Valencia, en una jornada que ha comenzado con el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados menos él.

Así, el exjefe de servicio de informática, Javier Murcia, ha asumido los hechos a cambio de una pena de un año de prisión y. al abandonar la sala ha agradecido a los servicios de la Ciudad de la Justicia que salvaran su vida cuando, el pasado mes de marzo, se desplomó al iniciarse este mismo juicio. En aquel momento la vista hubo de ser suspendida y Murcia trasladado al hospital, afectado de un infarto.

A la conformidad de Murcia se han sumado después las del empresario Augusto César Tauroni; y de la ex secretaria general de la Conselleria de Cooperación Agustina Sanjuán, los otros dos acusados, además de Blasco.

Los letrados de ambos han anunciado un preacuerdo, aceptado por el fiscal pero no por las otras dos acusaciones (la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG) que supone penas, para el primero, de un año y tres meses y, para la segunda, de un año.

La defensa de Blasco ha presentado, por su parte, una petición de nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales de su cliente. El fiscal se ha opuesto a la petición, al igual que el resto de las acusaciones.

El Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los posibles delitos cometidos con estos hechos son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración.

Con la excepción de Murcia, el resto de inculpados han sido ya condenado en otras piezas del mismo caso. Así, el Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuan, a la misma pena de seis años.

El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad. Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, informan fuentes jurídicas.

Los contratos por servicios informáticos que se van a juzgar ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.

El ex conceller, que llegó a ser portavoz del PP en Les Corts Valencianes, pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años. En su haber figura haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de 17 años.

El juicio continuará con testimonios el 18 de junio y el 9 y 20 de julio.

Valencia

El «yonqui del dinero»dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

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El "yonqui del dinero"dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

València, 27 oct (EFE).- El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, ha declarado ante el juez que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que abrieron la investigación policial y judicial del caso Imelsa sobre supuesta corrupción en varias Administraciones controladas por el PP.

Benavent ha comparecido este miércoles a petición propia junto a su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y ha respondido únicamente a sus preguntas, rechazando cualquier interpelación del juez o el fiscal.

Según han explicado a EFE fuentes judiciales conocedoras de la declaración, el «yonqui del dinero» ha cambiado su versión sobre las grabaciones que dieron origen a esta macrocausa y ha afirmado que él y su suegro «cortaban y pegaban» esas grabaciones donde se aludía a la manipulación de expedientes o al cobro y reparto de mordidas.

Benavent, que ha declarado durante una media hora, mantiene que fue él quien realizó esas grabaciones, pero dice ahora que las provocó de forma malintencionada, es decir, provocando determinadas expresiones en sus interlocutores.

Otras fuentes, conocedoras igualmente del contenido de la declaración, han matizado que los cortes a los que ha aludido Benavent en su declaración hacen referencia a partes que consideraron, tanto él como su suegro, «intrascendentes».

Estas mismas fuentes han insistido en que, en su declaración, Benavent no ha puesto en duda la veracidad de las conversaciones y su objeto, y han recordado que Benavent ya dijo que consideraba esas grabaciones un «seguro de vida por si le pasaba algo», y que la «mala intención» con la que fueron realizadas ya se conocía.

Insisten además en que las grabaciones, en efecto, son fragmentos, pero que estos extractos no se encuentran editados ni presentan cortes.

En consecuencia, observan poco recorrido judicial a esta declaración e insisten en que no propiciará ninguna instrucción adicional o paralela, sino que la validez de estas pruebas se traducirá en unas cuestiones previas sobre las que se deberá pronunciar un tribunal.

El cambio de estrategia se cimienta, además, en el escrito presentado por su letrado, Juan Carlos Navarro, en el Juzgado de Instrucción número 18, en el que cuestiona toda la prueba documental obtenida a partir de unas grabaciones que califica como «sustraídas», además de «no íntegras, manipuladas y alteradas».

A juicio de este letrado, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial por la entonces diputada de Esquerra Unida -actualmente consellera- Rosa Pérez Garijo «se privó al órgano enjuiciador del control» y se practicaron diligencias que «supusieron una restricción de los derechos fundamentales».

En dicha denuncia, Pérez Garijo aportó un lápiz de memoria que contenía las grabaciones cuya veracidad ahora niega Benavent.

Otro de los aspectos clave de la impugnación formulada por Juan Carlos Navarro es la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, por haberse hecho, supuestamente, sin las preceptivas autorizaciones.

En ese registro, efectuado por la UCO de la Guardia Civil, se hallaron los conocidos como «papeles del sirio», que llegaron a manos de Benavent a través de un tercero y que incriminan al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en supuestas prácticas corruptas relacionadas con la privatización de las ITV valencianas y del plan eólico, y que han dado pie al conocido como caso Erial.

En referencia a este registro, el exgerente de Imelsa ha explicado este miércoles ante el juez que desconoce qué documentación se llevó la UCO del despacho de su exabogado, porque «tenía mucha».

Por último, el nuevo abogado de Benavent advierte sobre la «ruptura de la cadena de custodia» de las pruebas obtenidas, y alude expresamente al citado lápiz de memoria con las grabaciones, los documentos obtenidos en el despacho de Ramiro Blasco y la obtenida a partir del volcado de los ordenadores y el material informático analizado por la UCO.

El autodenominado «yonqui del dinero» se ha presentado en el juzgado con la misma estética que en sus últimas comparecencias públicas aunque sin el desparpajo ni la expresividad de otras ocasiones, más bien al contrario: ha desfilado ante la prensa cabizbajo y sin detenerse ni realizar comentario alguno.

Dentro del juzgado, tras declarar, se ha limitado a apuntar a los periodistas que había sido «amable» durante estos últimos cinco años, pero que eso se ha terminado, puesto que «no va a decir nada más».

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