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CASO EMARSA| La Audiencia convoca a 7 de los 24 condenados para decidir sobre posible prisión provisional u otras medidas

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Jun. (EUROPA PRESS) – La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha convocado para este miércoles la comparecencia en la que las acusaciones podrán solicitar la prisión provisional u otras medidas cautelares –retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio, u obligación de comparecer periódicamente en el Juzgado, entre otras– para siete de los 24 condenados en el caso Emarsa.

El saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (València), lo que se ha conocido como el caso Emarsa, deja 10 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente ‘popular’ de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar), según consta en la sentencia hecha pública el pasado viernes.

Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos. Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, así como otras de menor cuantía a título particular. La resolución puede ser recurrida y, de hecho, Enrique Crespo ha confirmado a la salida del juzgado que va a recurrir.

La resolución considera que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.

Ahora, la Audiencia convoca la comparecencia en la que las acusaciones podrán solicitar la prisión provisional u otras medidas cautelares. Se celebrará una vistilla por cada uno de los condenados.

En concreto, el primero en comparecer será Vicente Ros, condenado a 6 años y seis meses de cárcel; después Enrique Sena, pena de 6 años y un día; Sebastián García Martínez ‘Chanín’, pena de 7 años y seis meses; José Juan Morenilla, 9 años; Enrique Crespo, 10 años; Enrique Arnal, 8 años y seis meses y, finalmente, Esteban Cuesta, condenado a 12 años y medio de prisión.

Todos ellos deberán comparecer asistidos por sus respectivos letrados y también estarán presentes en estas vistillas el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones, que podrán solicitar que los condenados ingresen en prisión provisional o se apliquen medidas provisionales hasta que la sentencia sea firme.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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