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CASO GÜRTEL| Bárcenas confirma la existencia de la caja ‘B’ del PP

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El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reconocido este lunes ante el tribunal del macrojuicio de Gürtel que en el PP se llevaba una «contabilidad extracontable» en la que se reflejaban donativos de empresarios que no correspondían a una gestión, pero la ha calificado de algo «absolutamente inocuo».

Durante su interrogatorio ante en la Audiencia Nacional, la fiscal le ha exhibido los ya conocidos como «papeles de Bárcenas» con la contabilidad B del partido, que él ha reconocido pero a la que se ha referido varias veces, ante las insistentes preguntas de la fiscal de si eran unas cuentas «paralelas» o «B», como una «contabilidad extracontable».

«Eran donativos que no tenían carácter finalista, no se correspondían a una gestión», ha dicho para añadir que «no se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas».

El acusado ha explicado que estos donativos los recibía siempre el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, a quien ha calificado como «una persona completamente honesta», que luego los anotaba en unos folios donde se recogían los nombres de los donantes y las cantidades, unas anotaciones que también reflejaba Bárcenas para que se dejara constancia por partida doble, ya que «era un tema delicado» y tenía que estar «bien controlado».

Ha asegurado que los empresarios entregaban esas cantidades sin carácter finalista y era «algo absolutamente inocuo». «Todos los empresarios y a todos los partidos quieren echar una mano», ha apostillado.

Bárcenas ha negado haber recibido comisiones de manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fueran para él o para el PP. La Fiscalía atribuye a Bárcenas haberse embolsado 1.248.561 euros de esas comisiones cobradas de manos de Correa entre 2000 y 2007 a cambio de favorecer a empresarios con contratos públicos.

«No he recibido nada absolutamente de Correa ni para mí ni para el PP», ha destacado Bárcenas, que ha manifestado que no tiene contacto con Correa desde 2003 cuando se rompió su relación profesional de forma «abrupta».

De esta forma, Bárcenas ha desmentido a Correa, quien admitió al tribunal el pasado octubre que llevaba metálico al extesorero, tanto a su casa como a la sede del PP en la calle de Génova.

Concretamente, dijo que le pagaba cantidades que rondaban entre el 2 y el 3 % del montante de las adjudicaciones públicas en las que Bárcenas habría intercedido gracias a sus buenas relaciones en varios ministerios, y mencionó contratos de carreteras, autopistas, del AVE o de medio ambiente.

Las acusaciones de pagos de Correa a Bárcenas por parte de la Fiscalía se sustentan en documentos intervenidos a la trama Gürtel en los que se reflejan pagos a «L.B.», «L» y «Luis el Cabrón».

Pero Bárcenas lo ha negado: «Niego la menor y la intermedia, esas iniciales no se corresponden conmigo». No obstante, sí que ha elogiado la gestión de Correa en sus empresas, tanto en el sector de viajes como en los eventos. «Correa gestionaba muy bien sus empresas», ha dicho Bárcenas, que ha subrayado que ello le llevó a ocuparse casi en exclusiva de esas gestiones en el PP.

Eso sí, ha querido dejar claro que «jamás en la sede central del partido ninguna empresa de Correa ha recibido dinero en efectivo» ya que en Génova «todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente».

Bárcenas se enfrenta a 42 años y medio de prisión acusado de asociación ilícita, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales por cobrar comisiones que pagaron supuestamente empresarios a la Gürtel a cambio de adjudicaciones de gobiernos del PP, así como de quedarse dinero de una contabilidad paralela del partido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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