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VÍDEO| Ábalos dice ser objeto de una operación de la derecha hacer caer al Gobierno

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Caso Koldo tribunal supremo

Madrid, 13 ene (EFE).- El exministro y exsecretario de organización de PSOE José Luis Ábalos ha afirmado que los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados han escuchado sus alegaciones al suplicatorio del Tribunal Supremo con «respeto absoluto» y «mucha curiosidad» y que el presidente de la misma le ha dicho que, «al menos tardarán 24 horas en tomar una decisión», ya que no esperaba que las presentara.

«Yo se que algunos tienen una decisión muy tomada y que otros tienen muy difícil cambiar. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es poner a disposición de ellos información. Ha servido para que muchos encaren la cuestión desde otra perspectiva, que es lo que yo quería», ha dicho a la salida de la comisión.

 

 

Indicios de irregularidades

El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en el caso Koldo, solicitando al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro José Luis Ábalos. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, aprecia indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Según el magistrado Puente, existen pruebas suficientes para investigar la presunta implicación de Ábalos en adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia del COVID-19, específicamente en la adquisición de material sanitario como mascarillas, trajes especiales y equipamiento de laboratorios.

El juez sostiene que Ábalos, valiéndose de su cargo como ministro, podría haber facilitado adjudicaciones a empresas privadas, obteniendo beneficios económicos ilícitos a cambio. Además, Puente detalla que Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama, habría usado su relación personal con Ábalos para obtener información privilegiada y asegurar contratos en favor de determinadas empresas, como Soluciones de Gestión.

Alquileres y propiedades bajo sospecha

Entre los indicios, destaca el supuesto pago del alquiler de la vivienda donde residía la expareja de Ábalos, presuntamente cubierto por Víctor de Aldama o terceros relacionados con él. Asimismo, el magistrado menciona un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa y un contrato similar para un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, con un precio de venta muy inferior al de mercado.

La defensa de Ábalos

José Luis Ábalos ha negado rotundamente haber recibido beneficios económicos derivados de estas adjudicaciones. Durante su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre, aseguró no haber percibido ingresos ilícitos relacionados con los contratos vinculados a la pandemia ni con otras obras públicas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los indicios y documentos recopilados en el curso de la investigación.

Un proceso que sigue adelante

El juez instructor ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para que tramite el suplicatorio a través del Congreso de los Diputados. Este paso es necesario para continuar con la investigación al exministro, protegido por su condición de aforado.

Reacciones y próximos pasos

Desde los sindicatos y la comunidad política, el caso está generando un gran revuelo. Mientras el proceso avanza, el juez ha advertido que aún hay varios aspectos bajo investigación, especialmente relacionados con la gestión de los contratos y las posibles implicaciones de otros implicados en la trama.

Koldo niega las presuntas ilegalidades pero dice que Aldama iba mucho al Ministerio e incluso a casa de Ábalos

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Hacienda refuerza el control de pagos digitales, influencers y pisos turísticos en 2026

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Hacienda adelanta la declaración de la renta en 2024

La Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un plan de control tributario más intenso centrado en el comercio digital, las criptomonedas, la neobanca, los influencers y el sector inmobiliario, incluyendo los alquileres turísticos. La medida busca combatir la economía sumergida, mejorar la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal en todos los ámbitos.

Principales objetivos de Hacienda en 2026

Según el Plan de Control Tributario publicado en el BOE, los focos principales de vigilancia serán:

  1. Pagos digitales y neobancos

    • Se utilizarán nuevas declaraciones informativas mensuales de los bancos sobre cobros con tarjeta y cuentas financieras.

    • Se controlará la neobanca para evitar ocultaciones de rentas o patrimonios en el exterior.

  2. Comercio electrónico y plataformas digitales

    • Se verificará la tributación de entidades establecidas en España o en la UE para evitar elusión de IVA.

    • Se analizarán las ventas de bienes y servicios en plataformas digitales.

  3. Influencers y creadores de contenido

    • Se controlará la correcta tributación y la residencia fiscal de quienes obtienen ingresos por redes sociales.

  4. Criptomonedas

    • Se reforzará el control sobre contribuyentes que operen con monedas virtuales, usando herramientas de trazabilidad blockchain para detectar rentas no declaradas.

  5. Alquileres turísticos e inmuebles

    • Se intensificará la supervisión de arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales.

    • Se vigilará la correcta declaración de ingresos y el uso adecuado del régimen de comisiones.

    • Se prestará especial atención a las socimis y a las operaciones de no residentes en España.

  6. Multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida

    • Se controlarán grupos societarios con cifras de negocio inusualmente bajas y signos externos de riqueza no declarados.

    • Se mantendrá la revisión de TPV y pagos con tarjeta para detectar actividad no registrada.

Contexto y novedades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas actuaciones permitirán reforzar la lucha contra el fraude fiscal y modernizar la gestión tributaria en un contexto donde el comercio digital, las criptomonedas y los nuevos modelos de negocio se expanden rápidamente.

Entre las novedades, este año se incluyen:

  • Control intensivo de plataformas de alquiler turístico.

  • Fiscalización de transacciones digitales transfronterizas.

  • Supervisión de operaciones con sociedades instrumentales y patrimonios ocultos.

Con estas medidas, Hacienda busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con la normativa, asegurando la transparencia fiscal en sectores de alta complejidad y riesgo de fraude.

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