Madrid, 13 ene (EFE).- El exministro y exsecretario de organización de PSOE José Luis Ábalos ha afirmado que los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados han escuchado sus alegaciones al suplicatorio del Tribunal Supremo con «respeto absoluto» y «mucha curiosidad» y que el presidente de la misma le ha dicho que, «al menos tardarán 24 horas en tomar una decisión», ya que no esperaba que las presentara.
«Yo se que algunos tienen una decisión muy tomada y que otros tienen muy difícil cambiar. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es poner a disposición de ellos información. Ha servido para que muchos encaren la cuestión desde otra perspectiva, que es lo que yo quería», ha dicho a la salida de la comisión.
Indicios de irregularidades
El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en elcaso Koldo, solicitando al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro José Luis Ábalos. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, aprecia indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Según el magistrado Puente, existen pruebas suficientes para investigar la presunta implicación de Ábalos en adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia del COVID-19, específicamente en la adquisición de material sanitario como mascarillas, trajes especiales y equipamiento de laboratorios.
El juez sostiene que Ábalos, valiéndose de su cargo como ministro, podría haber facilitado adjudicaciones a empresas privadas, obteniendo beneficios económicos ilícitos a cambio. Además, Puente detalla que Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama, habría usado su relación personal con Ábalos para obtener información privilegiada y asegurar contratos en favor de determinadas empresas, como Soluciones de Gestión.
Alquileres y propiedades bajo sospecha
Entre los indicios, destaca el supuesto pago del alquiler de la vivienda donde residía la expareja de Ábalos, presuntamente cubierto por Víctor de Aldama o terceros relacionados con él. Asimismo, el magistrado menciona un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa y un contrato similar para un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, con un precio de venta muy inferior al de mercado.
La defensa de Ábalos
José Luis Ábalos ha negado rotundamente haber recibido beneficios económicos derivados de estas adjudicaciones. Durante su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre, aseguró no haber percibido ingresos ilícitos relacionados con los contratos vinculados a la pandemia ni con otras obras públicas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los indicios y documentos recopilados en el curso de la investigación.
Un proceso que sigue adelante
El juez instructor ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para que tramite el suplicatorio a través del Congreso de los Diputados. Este paso es necesario para continuar con la investigación al exministro, protegido por su condición de aforado.
Reacciones y próximos pasos
Desde los sindicatos y la comunidad política, el caso está generando un gran revuelo. Mientras el proceso avanza, el juez ha advertido que aún hay varios aspectos bajo investigación, especialmente relacionados con la gestión de los contratos y las posibles implicaciones de otros implicados en la trama.
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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén
El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.
Un auto que apunta a una trama de corrupción
En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.
El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.
Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo
El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo. Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.
División de la causa: mascarillas y obras públicas
Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:
una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,
y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.
El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.
Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas
El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.
Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración. De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.
El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos
El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos. El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.
Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’
El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia. La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.
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