Madrid, 13 ene (EFE).- El exministro y exsecretario de organización de PSOE José Luis Ábalos ha afirmado que los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados han escuchado sus alegaciones al suplicatorio del Tribunal Supremo con «respeto absoluto» y «mucha curiosidad» y que el presidente de la misma le ha dicho que, «al menos tardarán 24 horas en tomar una decisión», ya que no esperaba que las presentara.
«Yo se que algunos tienen una decisión muy tomada y que otros tienen muy difícil cambiar. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es poner a disposición de ellos información. Ha servido para que muchos encaren la cuestión desde otra perspectiva, que es lo que yo quería», ha dicho a la salida de la comisión.
Indicios de irregularidades
El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en elcaso Koldo, solicitando al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro José Luis Ábalos. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, aprecia indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Según el magistrado Puente, existen pruebas suficientes para investigar la presunta implicación de Ábalos en adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia del COVID-19, específicamente en la adquisición de material sanitario como mascarillas, trajes especiales y equipamiento de laboratorios.
El juez sostiene que Ábalos, valiéndose de su cargo como ministro, podría haber facilitado adjudicaciones a empresas privadas, obteniendo beneficios económicos ilícitos a cambio. Además, Puente detalla que Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama, habría usado su relación personal con Ábalos para obtener información privilegiada y asegurar contratos en favor de determinadas empresas, como Soluciones de Gestión.
Alquileres y propiedades bajo sospecha
Entre los indicios, destaca el supuesto pago del alquiler de la vivienda donde residía la expareja de Ábalos, presuntamente cubierto por Víctor de Aldama o terceros relacionados con él. Asimismo, el magistrado menciona un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa y un contrato similar para un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, con un precio de venta muy inferior al de mercado.
La defensa de Ábalos
José Luis Ábalos ha negado rotundamente haber recibido beneficios económicos derivados de estas adjudicaciones. Durante su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre, aseguró no haber percibido ingresos ilícitos relacionados con los contratos vinculados a la pandemia ni con otras obras públicas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los indicios y documentos recopilados en el curso de la investigación.
Un proceso que sigue adelante
El juez instructor ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para que tramite el suplicatorio a través del Congreso de los Diputados. Este paso es necesario para continuar con la investigación al exministro, protegido por su condición de aforado.
Reacciones y próximos pasos
Desde los sindicatos y la comunidad política, el caso está generando un gran revuelo. Mientras el proceso avanza, el juez ha advertido que aún hay varios aspectos bajo investigación, especialmente relacionados con la gestión de los contratos y las posibles implicaciones de otros implicados en la trama.
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La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos. Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.
Investigación por presunto blanqueo de capitales
La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.
Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.
El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas
El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.
Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano. Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.
Conexiones internacionales y préstamos investigados
Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.
Las operaciones fueron:
28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.
20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.
29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.
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