Madrid, 13 ene (EFE).- El exministro y exsecretario de organización de PSOE José Luis Ábalos ha afirmado que los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados han escuchado sus alegaciones al suplicatorio del Tribunal Supremo con «respeto absoluto» y «mucha curiosidad» y que el presidente de la misma le ha dicho que, «al menos tardarán 24 horas en tomar una decisión», ya que no esperaba que las presentara.
«Yo se que algunos tienen una decisión muy tomada y que otros tienen muy difícil cambiar. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es poner a disposición de ellos información. Ha servido para que muchos encaren la cuestión desde otra perspectiva, que es lo que yo quería», ha dicho a la salida de la comisión.
Indicios de irregularidades
El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en elcaso Koldo, solicitando al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro José Luis Ábalos. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, aprecia indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Según el magistrado Puente, existen pruebas suficientes para investigar la presunta implicación de Ábalos en adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia del COVID-19, específicamente en la adquisición de material sanitario como mascarillas, trajes especiales y equipamiento de laboratorios.
El juez sostiene que Ábalos, valiéndose de su cargo como ministro, podría haber facilitado adjudicaciones a empresas privadas, obteniendo beneficios económicos ilícitos a cambio. Además, Puente detalla que Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama, habría usado su relación personal con Ábalos para obtener información privilegiada y asegurar contratos en favor de determinadas empresas, como Soluciones de Gestión.
Alquileres y propiedades bajo sospecha
Entre los indicios, destaca el supuesto pago del alquiler de la vivienda donde residía la expareja de Ábalos, presuntamente cubierto por Víctor de Aldama o terceros relacionados con él. Asimismo, el magistrado menciona un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa y un contrato similar para un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, con un precio de venta muy inferior al de mercado.
La defensa de Ábalos
José Luis Ábalos ha negado rotundamente haber recibido beneficios económicos derivados de estas adjudicaciones. Durante su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre, aseguró no haber percibido ingresos ilícitos relacionados con los contratos vinculados a la pandemia ni con otras obras públicas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los indicios y documentos recopilados en el curso de la investigación.
Un proceso que sigue adelante
El juez instructor ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para que tramite el suplicatorio a través del Congreso de los Diputados. Este paso es necesario para continuar con la investigación al exministro, protegido por su condición de aforado.
Reacciones y próximos pasos
Desde los sindicatos y la comunidad política, el caso está generando un gran revuelo. Mientras el proceso avanza, el juez ha advertido que aún hay varios aspectos bajo investigación, especialmente relacionados con la gestión de los contratos y las posibles implicaciones de otros implicados en la trama.
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La Casa del Rey vincula el regreso a la residencia fiscal
La Casa de S.M. el Rey considera que el Juan Carlos I puede regresar a vivir a España cuando lo estime oportuno. No obstante, en el entorno de Zarzuela entienden que, si el monarca emérito desea salvaguardar su imagen pública y la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.
Según esta posición, el eventual retorno no estaría condicionado jurídicamente, pero sí tendría implicaciones reputacionales para la Corona.
Un debate ligado a la imagen de la institución
Desde la Casa del Rey subrayan la importancia de preservar la estabilidad y la credibilidad de la monarquía parlamentaria. En ese contexto, la situación fiscal del emérito es vista como un elemento relevante en términos de percepción pública.
El debate se enmarca en la voluntad de reforzar la transparencia institucional y evitar cualquier controversia que pueda afectar a la figura del actual jefe del Estado, Felipe VI.
Residencia en el extranjero y posible regreso
Juan Carlos I fijó su residencia fuera de España en 2020. Desde entonces, ha realizado visitas puntuales al país, pero sin establecer de nuevo su residencia permanente.
La posibilidad de un regreso definitivo ha sido objeto de especulación en diversas ocasiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución insisten en que cualquier decisión debería tener en cuenta no solo el plano personal, sino también el impacto institucional.
La prioridad: proteger la Corona
La postura trasladada desde Zarzuela apunta a que, más allá del derecho individual del Rey emérito a regresar, la prioridad es proteger la imagen de la Corona y garantizar la coherencia entre residencia efectiva y fiscal.
En un contexto de máxima atención pública sobre la monarquía, cualquier paso relacionado con Juan Carlos I continúa generando interés político y mediático.
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