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VÍDEO| Ábalos dice ser objeto de una operación de la derecha hacer caer al Gobierno

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Caso Koldo tribunal supremo

Madrid, 13 ene (EFE).- El exministro y exsecretario de organización de PSOE José Luis Ábalos ha afirmado que los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados han escuchado sus alegaciones al suplicatorio del Tribunal Supremo con «respeto absoluto» y «mucha curiosidad» y que el presidente de la misma le ha dicho que, «al menos tardarán 24 horas en tomar una decisión», ya que no esperaba que las presentara.

«Yo se que algunos tienen una decisión muy tomada y que otros tienen muy difícil cambiar. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es poner a disposición de ellos información. Ha servido para que muchos encaren la cuestión desde otra perspectiva, que es lo que yo quería», ha dicho a la salida de la comisión.

 

 

Indicios de irregularidades

El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en el caso Koldo, solicitando al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro José Luis Ábalos. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, aprecia indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Según el magistrado Puente, existen pruebas suficientes para investigar la presunta implicación de Ábalos en adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia del COVID-19, específicamente en la adquisición de material sanitario como mascarillas, trajes especiales y equipamiento de laboratorios.

El juez sostiene que Ábalos, valiéndose de su cargo como ministro, podría haber facilitado adjudicaciones a empresas privadas, obteniendo beneficios económicos ilícitos a cambio. Además, Puente detalla que Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama, habría usado su relación personal con Ábalos para obtener información privilegiada y asegurar contratos en favor de determinadas empresas, como Soluciones de Gestión.

Alquileres y propiedades bajo sospecha

Entre los indicios, destaca el supuesto pago del alquiler de la vivienda donde residía la expareja de Ábalos, presuntamente cubierto por Víctor de Aldama o terceros relacionados con él. Asimismo, el magistrado menciona un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa y un contrato similar para un piso de lujo en el Paseo de la Castellana, con un precio de venta muy inferior al de mercado.

La defensa de Ábalos

José Luis Ábalos ha negado rotundamente haber recibido beneficios económicos derivados de estas adjudicaciones. Durante su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre, aseguró no haber percibido ingresos ilícitos relacionados con los contratos vinculados a la pandemia ni con otras obras públicas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los indicios y documentos recopilados en el curso de la investigación.

Un proceso que sigue adelante

El juez instructor ha remitido una exposición razonada al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, para que tramite el suplicatorio a través del Congreso de los Diputados. Este paso es necesario para continuar con la investigación al exministro, protegido por su condición de aforado.

Reacciones y próximos pasos

Desde los sindicatos y la comunidad política, el caso está generando un gran revuelo. Mientras el proceso avanza, el juez ha advertido que aún hay varios aspectos bajo investigación, especialmente relacionados con la gestión de los contratos y las posibles implicaciones de otros implicados en la trama.

Koldo niega las presuntas ilegalidades pero dice que Aldama iba mucho al Ministerio e incluso a casa de Ábalos

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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