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Catalá, convencida de que el PP recuperará votos para «arrebatar la Alcaldía a Ribó»

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VALÈNCIA, 29 Abr. – La candidata ‘popular’ a la Alcaldía de València, Mª José Català, se ha mostrado «convencida» de que el PP recuperará votos en las municipales del 26 de mayo tras el resultado de las generales y autonómicas, para lo que cree que «muchos votantes de Vox van a reflexionar por haber hecho presidente a Pedro Sánchez (PSOE)».

«Podríamos conseguir arrebatar la Alcaldía a (Joan) Ribó –Compromís–«, ha asegurado este martes a preguntas de los periodistas tras la jornada electoral del 28A, unos comicios que ve «totalmente independientes» y considera que no se pueden extrapolar a los locales.

Català ha defendido que en este caso «la gente vota en clave municipal y elige a su alcalde o alcaldesa», por lo que «tiene mucho más en cuenta a la persona y al proyecto que a las siglas».

Ahora bien, ha reconocido que el 28A apunta una tendencia en València: «la gente quiere un cambio y hay una mayoría del bloque de centroderecha». «Extrapolando de forma injusta, superaría al bloque de izquierda, y por tanto podríamos sacar a Ribó del Ayuntamiento», ha augurado.

Para conseguirlo, ha sostenido que el PP crecerá «por varios motivos», el primero porque «se ha demostrado que el fraccionamiento del voto de la derecha simplemente ha servido para hacer a Sánchez presidente del Gobierno». A su juicio, «muchos votantes de Vox van a reflexionar sobre esa circunstancia», un voto que está «convencida» que volverá al PP.

PACTO PSOE-CS
Ha indicado que al mismo tiempo hay que estar pendiente de «qué pactos hace Sánchez en el Gobierno: o con independentistas y ‘batasunos’ o con Ciudadanos». «Mucho me temo que será con Ciudadanos», ha afirmado, con lo que ve posible que la formación naranja «le haga presidente y haya votos que vuelvan al PP», algo para lo que cree que los de Albert Rivera «no tienen ningún problema y ya han hecho en otras ocasiones».

La aspirante a alcaldesa ha prometido que «de alguna manera» pretende «poner por delante» en su campaña «la experiencia en la gestión, la ilusión y el proyecto del PP». Ha insistido en que está «convencida de que el PP va a recuperar muchos votos» y podrá «liderar el bloque de centroderecha que va a sacar a Ribó del Ayuntamiento, desde luego».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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