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Catalá exige un plan de choque contra la inseguridad en València y la dimisión de Cano

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València, 13 sep (EFE).- La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha exigido este lunes un plan de choque urgente para atajar el «alarmante clima» de inseguridad en la ciudad y ha pedido la dimisión del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano.

Catalá ha presentado en rueda de prensa las iniciativas que llevará al pleno de este mes de septiembre, entre ellas una propuesta para incrementar la plantilla de la Policía Local y que se coordine con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de acabar con la inseguridad en muchos barrios de la ciudad.

En la moción, el PP pide al alcalde, Joan Ribó, la dimisión del socialista Cano por ser «incapaz» de dar solución a los problemas de inseguridad de València, con una plantilla policial que tiene unos 200 agentes menos que cuando gobernaba el PP y con las oposiciones de 2020 y 2021 para incrementar la plantilla aún paralizadas.

Catalá ha incidido en que en 2015, bajo gobierno del PP, la plantilla de la Policía Local la conformaban 1.625 agentes, y tras seis años de mandato de Ribó y el PSPV-PSOE, tiene 1.444 agentes, es decir, 181 policías menos en las calles de la ciudad, lo que supone un 12 % menos.

La portavoz del PP ha recordado que la semana pasada Cano dijo que «los problemas de algunos barrios es la pobreza» y ha asegurado al respecto que esas declaraciones «no pueden ser más torpes».

«Desde luego, cerrar los ojos a un problema y no asumir la falta de efectivos y culpar a las personas de mayor vulnerabilidad son argumentos para pedir la dimisión del edil socialista», ha justificado.

Catalá ha pedido a Ribó que «pise la calle y visite los barrios» como han hecho desde la oposición y «comprobado de primera mano la situación».

«El alcalde los recibe en el Ayuntamiento porque no se atreve. Debería coger la bicicleta y comprobar en primera persona los problemas de barrios como Orriols, Marxalenes o el Cabanyal», ha agregado.

Además, Catalá ha recordado que desde junio está esperando respuesta para reunirse con la delegada del Gobierno y abordar este problema de inseguridad.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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