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Cataluña expropiará pisos vacíos a grandes propietarios

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Cataluña expropiará pisos vacíos

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha acordado iniciar el procedimiento para expropiar pisos vacíos de grandes tenedores por «incumplir la función social de la propiedad».

En la primera fase de este proceso, actuará en 14 municipios declarados legalmente como áreas con una fuerte demanda. En este grupo están Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt (Girona), Tarragona, Valls (Tarragona), Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Los propietarios deberán acreditar que los pisos no están vacíos

Como indica el Govern, en los próximos días enviarán los primeros requerimientos para que los propietarios acrediten legalmente la residencia de las personas en las viviendas. Si no lo hacen en un plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación para destinarlo al alquiler social. Habrá, asimismo, un plazo de tres meses para llegar a un mutuo acuerdo sobre la expropiación.

Pasado ese tiempo, se actúa por el procedimiento de urgencia, que permite adquirir la propiedad, y se discutirá el precio en una fase posterior. De esta manera, el Govern estima que a principios de 2024 ya se podrían obtener los primeros pisos, que quedarán en manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

Para esta primera fase, el Govern destinará 5 millones de euros mediante Incasòl, lo que permite la adquisición potencial de entre 50 y 70 viviendas en estas zonas, según el precio de expropiación.

Se destinarán a familias vulnerables

Los pisos que se obtengan por esta vía serán destinados a los más vulnerables y, como indica el Govern, la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) será quien ponga estas viviendas a disposición de las familias vulnerables incluidas en las Mesas de emergencia de los municipios donde estén los inmuebles. También puede hacerse mediante programas sociales, como por ejemplo el de mujeres víctimas de violencia de género.

Juli Fernàndez, conseller de Territorio de la Generalitat, ha explicado este martes que esta medida se impulsará basándose en la Ley 1/2022 de la Generalitat: «El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos«, ha defendido.

De esta manera, el Govern busca movilizar viviendas que están vacías y con este decreto prevé que, por un lado, los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social y, por el otro, que más municipios firmen convenios con la Generalitat para ampliar el número de pisos en este mercado.

En total, el Govern ha detectado 189 viviendas que cumplen los requisitos previstos, y aunque la mayoría son de grandes tenedores, también puede afectar a personas físicas si la vivienda está inscrita en el registro de viviendas vacías de Cataluña o cumple los requisitos para estarlo.

Estudios previos de inspección

Previamente a este procedimiento, el Govern señala que la AHC ha realizado un programa de inspección en las viviendas vacías que constan inscritas -o son susceptibles de estarlo- en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante (RHBO) de estos 14 municipios. Este programa de inspecciones se realizó entre 2020 y 2022 mediante un convenio de colaboración con los ayuntamientos.

Se ofreció a los 45 municipios donde la AHC tenía detectado un mayor incremento de solicitudes valoradas por las Mesas de emergencia y, después, se suscribieron convenios con 14 ayuntamientos.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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