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Cataluña expropiará pisos vacíos a grandes propietarios

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Cataluña expropiará pisos vacíos

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha acordado iniciar el procedimiento para expropiar pisos vacíos de grandes tenedores por «incumplir la función social de la propiedad».

En la primera fase de este proceso, actuará en 14 municipios declarados legalmente como áreas con una fuerte demanda. En este grupo están Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt (Girona), Tarragona, Valls (Tarragona), Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Los propietarios deberán acreditar que los pisos no están vacíos

Como indica el Govern, en los próximos días enviarán los primeros requerimientos para que los propietarios acrediten legalmente la residencia de las personas en las viviendas. Si no lo hacen en un plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación para destinarlo al alquiler social. Habrá, asimismo, un plazo de tres meses para llegar a un mutuo acuerdo sobre la expropiación.

Pasado ese tiempo, se actúa por el procedimiento de urgencia, que permite adquirir la propiedad, y se discutirá el precio en una fase posterior. De esta manera, el Govern estima que a principios de 2024 ya se podrían obtener los primeros pisos, que quedarán en manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

Para esta primera fase, el Govern destinará 5 millones de euros mediante Incasòl, lo que permite la adquisición potencial de entre 50 y 70 viviendas en estas zonas, según el precio de expropiación.

Se destinarán a familias vulnerables

Los pisos que se obtengan por esta vía serán destinados a los más vulnerables y, como indica el Govern, la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) será quien ponga estas viviendas a disposición de las familias vulnerables incluidas en las Mesas de emergencia de los municipios donde estén los inmuebles. También puede hacerse mediante programas sociales, como por ejemplo el de mujeres víctimas de violencia de género.

Juli Fernàndez, conseller de Territorio de la Generalitat, ha explicado este martes que esta medida se impulsará basándose en la Ley 1/2022 de la Generalitat: «El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos«, ha defendido.

De esta manera, el Govern busca movilizar viviendas que están vacías y con este decreto prevé que, por un lado, los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social y, por el otro, que más municipios firmen convenios con la Generalitat para ampliar el número de pisos en este mercado.

En total, el Govern ha detectado 189 viviendas que cumplen los requisitos previstos, y aunque la mayoría son de grandes tenedores, también puede afectar a personas físicas si la vivienda está inscrita en el registro de viviendas vacías de Cataluña o cumple los requisitos para estarlo.

Estudios previos de inspección

Previamente a este procedimiento, el Govern señala que la AHC ha realizado un programa de inspección en las viviendas vacías que constan inscritas -o son susceptibles de estarlo- en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante (RHBO) de estos 14 municipios. Este programa de inspecciones se realizó entre 2020 y 2022 mediante un convenio de colaboración con los ayuntamientos.

Se ofreció a los 45 municipios donde la AHC tenía detectado un mayor incremento de solicitudes valoradas por las Mesas de emergencia y, después, se suscribieron convenios con 14 ayuntamientos.

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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