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Cataluña expropiará pisos vacíos a grandes propietarios

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Cataluña expropiará pisos vacíos

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha acordado iniciar el procedimiento para expropiar pisos vacíos de grandes tenedores por «incumplir la función social de la propiedad».

En la primera fase de este proceso, actuará en 14 municipios declarados legalmente como áreas con una fuerte demanda. En este grupo están Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt (Girona), Tarragona, Valls (Tarragona), Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Los propietarios deberán acreditar que los pisos no están vacíos

Como indica el Govern, en los próximos días enviarán los primeros requerimientos para que los propietarios acrediten legalmente la residencia de las personas en las viviendas. Si no lo hacen en un plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación para destinarlo al alquiler social. Habrá, asimismo, un plazo de tres meses para llegar a un mutuo acuerdo sobre la expropiación.

Pasado ese tiempo, se actúa por el procedimiento de urgencia, que permite adquirir la propiedad, y se discutirá el precio en una fase posterior. De esta manera, el Govern estima que a principios de 2024 ya se podrían obtener los primeros pisos, que quedarán en manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

Para esta primera fase, el Govern destinará 5 millones de euros mediante Incasòl, lo que permite la adquisición potencial de entre 50 y 70 viviendas en estas zonas, según el precio de expropiación.

Se destinarán a familias vulnerables

Los pisos que se obtengan por esta vía serán destinados a los más vulnerables y, como indica el Govern, la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) será quien ponga estas viviendas a disposición de las familias vulnerables incluidas en las Mesas de emergencia de los municipios donde estén los inmuebles. También puede hacerse mediante programas sociales, como por ejemplo el de mujeres víctimas de violencia de género.

Juli Fernàndez, conseller de Territorio de la Generalitat, ha explicado este martes que esta medida se impulsará basándose en la Ley 1/2022 de la Generalitat: «El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos«, ha defendido.

De esta manera, el Govern busca movilizar viviendas que están vacías y con este decreto prevé que, por un lado, los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social y, por el otro, que más municipios firmen convenios con la Generalitat para ampliar el número de pisos en este mercado.

En total, el Govern ha detectado 189 viviendas que cumplen los requisitos previstos, y aunque la mayoría son de grandes tenedores, también puede afectar a personas físicas si la vivienda está inscrita en el registro de viviendas vacías de Cataluña o cumple los requisitos para estarlo.

Estudios previos de inspección

Previamente a este procedimiento, el Govern señala que la AHC ha realizado un programa de inspección en las viviendas vacías que constan inscritas -o son susceptibles de estarlo- en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante (RHBO) de estos 14 municipios. Este programa de inspecciones se realizó entre 2020 y 2022 mediante un convenio de colaboración con los ayuntamientos.

Se ofreció a los 45 municipios donde la AHC tenía detectado un mayor incremento de solicitudes valoradas por las Mesas de emergencia y, después, se suscribieron convenios con 14 ayuntamientos.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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