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Cierran el retén de bomberos de Ciutat Vella de Valencia para reabrir el del parque del Oeste

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Valencia contará este año con cinco parques de bomberos (el de Campanar, el del Saler, el de las zonas Norte y Sur, y el del Oeste, que se reabrirá próximamente). El actual Parque del Centro Histórico se convertirá en Centro de Comunicaciones y sede de la Jefatura de Guardia, y planificará y coordinará las intervenciones en caso de emergencia. Además de esta reorganización de recursos, el Cuerpo de Bomberos Municipal incrementará la plantilla hasta llegar a tener 80 efectivos por turno en 2020.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha presentado hoy las actuaciones que el Ayuntamiento ha previsto “para dar respuesta a las necesidades que la ciudadanía tiene en materia de prevención y extinción de incendios”, y para que este servicio, “con el mismo tiempo de respuesta actual (9 minutos), sea más eficaz y eficiente”.

En primer lugar, la Concejalía de Protección Ciudadana ha elaborado un informe que recoge la evolución de los parques de bomberos en la ciudad y desvela datos como, por ejemplo, que Valencia es una de las ciudades del estado que más parques de bomberos tiene por ratio de habitante (uno por cada 157.000 habitantes). “Si bien”, ha explicado la concejala, “la relación de efectivos por parque es inferior a la del resto de ciudades y con los permisos, vacaciones y bajas de los bomberos, la ocupación real de los parques oscila entre un 30 y un 60 por ciento de su capacidad, es decir, que mantenemos infraestructuras y material para prestar un servicio con mínimos”.

Por esa razón, ha argumentado, “hemos decidido mantener 5 parques operativos, con el mismo tiempo de respuesta, y modernizar las instalaciones de coordinación de servicios”. A este respecto, la concejala ha explicado que, según el mencionado informe, que recoge datos desde el año 2009, se registran menos de 8.500 intervenciones por año. Las más numerosas (1,8 al día) son originadas por derramamientos de aceite y otros productos que pueden generar incidentes en la vía pública. En segundo lugar, los servicios más demandados y con una creciente subida en los últimos años son la apertura de puertas y salvamento de personas mayores principalmente (1,6 al día).

Además del servicio de salvamento, los bomberos trabajan para sofocar incendios en contenedores (1,34 al día), matorrales (1,18 al día) y viviendas (1,24 al día). En total, el número de incendios se sitúa por debajo de los 2.500 al año.

“La realidad”, ha concluido Anaïs Menguzzato, “es que los cinco parques de la ciudad gestionan menos de 1,5 incendios en interiores, y que el objetivo del equipo municipal no es tener una ciudad llena de parques, semivacíos de personal y con bomberos sin tiempo para formarse. Por eso, hemos apostado por optimizar el servicio y reorganizar lo que tenemos”.

“Con una intervención de pintura y aseo, porque no tiene ningún daño estructural, este año reabriremos el Parque del Oeste, que está mejor situado porque su zona de influencia tiene mayores riesgo (mayor densidad de población, edificios de altura, garajes, polígonos industriales, la CV30 al lado,…), y en 2018 el Parque del Centro Histórico, que se convirtió en tal por una decisión política, será el Centro de Comunicaciones de actuaciones del Cuerpo de Bomberos y, como es normal, las intervenciones se gestionarán desde fuera de la ciudad hacia el centro”.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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