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Los militares comienzan a vacunar en hospitales valencianos

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València, 4 ene (EFE).- Cinco equipos militares de inmunización han comenzado este martes a vacunar contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal.

El personal militar que integran estos equipos se han distribuido en el Hospital de la Malva-rosa y el CIPS Hospital Universitario Doctor Peset, en la provincia de Valencia; y en el Hospital de Alcoi, el centro de mayores Escorratel de Orihuela y el Hospital Universitario de Torrevieja, en la provincia de Alicante.

En los próximos días está previsto que se vayan incorporando de forma progresiva más efectivos militares, hasta completar el total de equipos móviles de vacunación solicitados por la Conselleria de Sanidad al Ministerio de Defensa.

Cada equipo militar de vacunación se compone de profesionales sanitarios, para administrar las vacunas, y de apoyo, para las tareas de registro, según informa Sanidad.

Su misión es agilizar el proceso de administración de dosis adicionales en ocho departamentos de salud, y se suman a los 149 equipos de la Conselleria de Sanidad que ya están inmunizando con dosis de refuerzo en los puntos de vacunación permanentes, además del personal que está vacunando en centros de salud y puntos móviles.

Los ocho departamentos de salud en los que está previsto que se desplieguen los equipos militares de vacunación son Vinaròs, Hospital Clínico-Malvarrosa, Arnau de Vilanova-Llíria, València-Hospital Peset, Xàtiva-Ontinyent, Alcoi, Orihuela y Torrevieja.

En un primer momento, trabajarán en estos 13 puntos: Vinaròs (hogar del pensionista), Peñíscola (centro de salud), Benicarló (centro de salud), València-Hospital Clínico Universitario (Hospital de la Malva-rosa), Llíria (centro de salud integrado), Hospital Arnau de Vilanova, València-CIPS Hospital Universitario Doctor Peset, Xàtiva (centro de salud), Ontinyent (centro de salud), Hospital de Alcoi, Orihuela (centro de mayores Escorratel), Callosa (Ayuntamiento) y Hospital de Torrevieja.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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