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CIS| Un 60% de españoles cree que habría que haber tomado medidas más estrictas

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Madrid, 7 ene (EFE).- Un 59,2 por ciento de los españoles considera que el Gobierno y las comunidades autónomas deberían haberse tomado medidas más estrictas ante los riesgos de la pandemia, mientras que solo un 2,1 por ciento opina que no había, ni hay a día de hoy, que adoptar medidas que limiten las libertades.

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las consecuencias del covid-19, una mayoría de españoles apuesta por medidas de control más estrictas.

Otro porcentaje elevado del 25,8 por ciento de los encuestados considera que las restricciones aplicadas eran y son adecuadas, en tanto que un 4,7 por ciento reconoce que no tiene información suficiente.

Una mujer se ajusta una mascarilla. EFE/Román G. Aguilera/Archivo

El 99 % de los ciudadanos utiliza la mascarilla como medida de protección

El 99,2 % de los ciudadanos utiliza la mascarilla habitualmente como medida de protección frente a la pandemia y casi un 20 necesita nueve o más a lo largo de la semana, según el último barómetro del CIS.

En su último estudio, realizado a través de 2.084 encuestas entre el 11 y el 16 de diciembre, señala que el 15,5 necesita siete semanalmente, el 14,3, tres y el 10,8, cuatro, en tanto que el 6,3 usa siempre la misma, que no es desechable.

El 20,3 las utiliza entre una y dos horas a lo largo del día, el 13,8 entre dos y tres horas y el 10,3 entre tres y cuatro, en tanto que el 8,3 lo hace más de diez horas, en los lugares públicos.

La practica totalidad de los encuestados, el 94,2 usa gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos.

El 63,4 lo hace al entrar o salir de un restaurante o bar, el 42,6 siempre o casi siempre, el 37,6 cada vez que toca un objeto y 37,3 al llegar y salir de casa.

Además el 95,1 guarda la distancia recomendada por las autoridades de seguridad entre las personas, el 95,8 se lava las manos con frecuencia y más del 50 por ciento desinfecta los productos alimenticios antes de comerlos.

Del 24 % que usa más medidas de protección, el 44 desinfecta la casa y sus objetos con alcohol, lejía u ozono y el 22,2 desinfecta y limpia los zapatos o se descalza y los deja fuera.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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