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El Gobierno llega a un acuerdo con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma

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Ciudadanos votará ‘sí’ a la prórroga del estado de alarma tras haber llegado a un acuerdo con el Gobierno en el marco de las negociaciones contra reloj con este y otros partidos, como el PNV, que todavía no ha decidido el sentido de su voto, y que serán clave para que salga adelante este miércoles en el Congreso si finalmente el PP decide votar en contra. A pocas horas de la votación, Sánchez ha defendido en el Senado que el estado de alarma es el «único instrumento» que permite al Gobierno «luchar» contra el coronavirus, por lo que ha pedido a los ‘populares’ un acuerdo para prorrogarlo.

El acuerdo entre el Ejecutivo y Ciudadanos garantiza al Gobierno 171 votos a favor de la prórroga del estado de alarma, ya que además de los 155 votos del PSOE y de Unidas Podemos, cuenta ya con el respaldo de PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís. Frente a estos apoyos, los 75 votos en contra de Vox, y de los partidos independentistas catalanes (ERC, Junts per Catalunya y la CUP).

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la primera a la que asiste desde la declaración del estado de alarma por la pandemia, Sánchez ha instado al PP a «trabajar» por este acuerdo, porque supone una voluntad de ser «precavidos y prudentes» en la fase de desescalada iniciada esta semana.

Inés Arrimadas afirmaba esta mañana que «No hay otra alternativa y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos que darles certidumbres a los ciudadanos y no podemos jugar a experimentos», ha subrayado el presidente para luego insistir en que solo el estado de alarma permitirá restringir la movilidad de los ciudadanos, una medida «imprescindible» para el Ministerio de Sanidad en este punto.

“El estado de alarma no puede ser un mecanismo eterno, hay que pensar en un plan B y en desvincular las ayudas a familias, autónomos o pymes de este periodo excepcional” del estado de alarma. Así se ha pronunciado la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas en una entrevista en televisión este martes. “Estoy negociando para intentar que el Gobierno rectifique”, ha reconocido Arrimadas, “no podemos alargar el confinamiento de manera excesiva, tenemos que reactivar la economía”. “Lo más importante es desvincular los ERTE, las medidas de liquidez y las ayudas a pymes, autónomos y familias del estado de alarma”, ha detallado la diputada liberal y ha añadido que “hay que diseñar una salida ordenada de la pandemia con test y mascarillas para reanudar la actividad económica y evitar un rebrote”.

“Estoy dispuesta a salvaguardar los derechos de los españoles, porque en el Gobierno son capaces de cumplir sus amenazas, retirar las ayudas y generar el caos”, ha explicado la portavoz parlamentaria del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (GPCs). En esta línea, la diputada liberal ha reconocido: “Creo que hay españoles que entienden que el confinamiento era necesario, pero piensan que hay ir preparándose para salir”. “Cs tiene más responsabilidad de Estado que el Ejecutivo”, ha subrayado, “no quiero que el Gobierno cumpla su promesa de llevarnos al caos el próximo sábado”.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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