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El Gobierno llega a un acuerdo con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma

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Ciudadanos votará ‘sí’ a la prórroga del estado de alarma tras haber llegado a un acuerdo con el Gobierno en el marco de las negociaciones contra reloj con este y otros partidos, como el PNV, que todavía no ha decidido el sentido de su voto, y que serán clave para que salga adelante este miércoles en el Congreso si finalmente el PP decide votar en contra. A pocas horas de la votación, Sánchez ha defendido en el Senado que el estado de alarma es el «único instrumento» que permite al Gobierno «luchar» contra el coronavirus, por lo que ha pedido a los ‘populares’ un acuerdo para prorrogarlo.

El acuerdo entre el Ejecutivo y Ciudadanos garantiza al Gobierno 171 votos a favor de la prórroga del estado de alarma, ya que además de los 155 votos del PSOE y de Unidas Podemos, cuenta ya con el respaldo de PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís. Frente a estos apoyos, los 75 votos en contra de Vox, y de los partidos independentistas catalanes (ERC, Junts per Catalunya y la CUP).

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la primera a la que asiste desde la declaración del estado de alarma por la pandemia, Sánchez ha instado al PP a «trabajar» por este acuerdo, porque supone una voluntad de ser «precavidos y prudentes» en la fase de desescalada iniciada esta semana.

Inés Arrimadas afirmaba esta mañana que «No hay otra alternativa y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos que darles certidumbres a los ciudadanos y no podemos jugar a experimentos», ha subrayado el presidente para luego insistir en que solo el estado de alarma permitirá restringir la movilidad de los ciudadanos, una medida «imprescindible» para el Ministerio de Sanidad en este punto.

“El estado de alarma no puede ser un mecanismo eterno, hay que pensar en un plan B y en desvincular las ayudas a familias, autónomos o pymes de este periodo excepcional” del estado de alarma. Así se ha pronunciado la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas en una entrevista en televisión este martes. “Estoy negociando para intentar que el Gobierno rectifique”, ha reconocido Arrimadas, “no podemos alargar el confinamiento de manera excesiva, tenemos que reactivar la economía”. “Lo más importante es desvincular los ERTE, las medidas de liquidez y las ayudas a pymes, autónomos y familias del estado de alarma”, ha detallado la diputada liberal y ha añadido que “hay que diseñar una salida ordenada de la pandemia con test y mascarillas para reanudar la actividad económica y evitar un rebrote”.

“Estoy dispuesta a salvaguardar los derechos de los españoles, porque en el Gobierno son capaces de cumplir sus amenazas, retirar las ayudas y generar el caos”, ha explicado la portavoz parlamentaria del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (GPCs). En esta línea, la diputada liberal ha reconocido: “Creo que hay españoles que entienden que el confinamiento era necesario, pero piensan que hay ir preparándose para salir”. “Cs tiene más responsabilidad de Estado que el Ejecutivo”, ha subrayado, “no quiero que el Gobierno cumpla su promesa de llevarnos al caos el próximo sábado”.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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