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Valencia

Més Compromís consuma la ruptura con Sumar en el Congreso: Micó pasará al Grupo Mixto

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Compromís Sumar
EFE/Biel Aliño/Archivo
(I-D) La diputada de Compromís, Águeda Micó; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez y la diputada Aina Vidal, a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 13 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

El Consell Nacional avala con más del 92% de los votos la salida del grupo plurinacional en plena tensión con Sumar por el caso Koldo y la DANA

Més Compromís ha oficializado su ruptura con Sumar en el Congreso de los Diputados. El Consell Nacional del partido mayoritario de la coalición valencianista ha aprobado este lunes, con un 92,68% de los votos a favor, que su diputada en la Cámara Baja, Àgueda Micó, deje el grupo parlamentario de Sumar y se incorpore al Grupo Mixto.

La decisión, que afecta directamente al actual equilibrio del grupo plurinacional, ha sido ratificada por 190 de los 205 consellers que han participado en la votación interna, lo que supone una participación del 88,74%. Més considera que este movimiento es «la vía más adecuada para defender los intereses valencianos y fiscalizar al Gobierno», especialmente tras las tensiones provocadas por el rechazo de Sumar a aceptar su plan de trabajo en la comisión de investigación sobre la DANA.

Micó abandona Sumar por falta de apoyo en la comisión sobre la DANA

La gota que ha colmado el vaso, según fuentes de Més, ha sido la negativa de Sumar a respaldar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en dicha comisión. Esta situación ha evidenciado la falta de entendimiento entre ambas formaciones, que hasta ahora compartían espacio político en el Congreso.

Desde la dirección de Més, encabezada por Amparo Piquer, se defiende que el cambio de grupo parlamentario permitirá a Compromís incrementar su capacidad de control al Ejecutivo y actuar con mayor autonomía, especialmente en el contexto del caso Koldo, que salpica directamente al PSOE.

En una carta remitida a la militancia, Piquer ha reivindicado tres prioridades que marcarán la nueva etapa parlamentaria de Micó: la lucha contra la corrupción, la exigencia de explicaciones al Gobierno por la gestión de la DANA, y la defensa de los intereses valencianos, entre ellos, la reforma urgente del sistema de financiación autonómica.

División interna: Iniciativa se desmarca y apuesta por seguir en Sumar

Aunque la decisión de Més tiene efectos vinculantes para la diputada Micó, la ruptura no es unánime dentro de la coalición. Iniciativa, la segunda fuerza dentro de Compromís, rechaza que el otro diputado, Alberto Ibáñez, abandone Sumar. La postura de Iniciativa es mantener la presencia en el grupo plurinacional mientras continúan las conversaciones para alcanzar un posicionamiento común.

Més, sin embargo, insta a la ejecutiva de Compromís a secundar el movimiento y unificar la estrategia. En este sentido, se ha solicitado la convocatoria urgente del órgano de dirección de la coalición para trasladar el mandato del Consell Nacional y lograr una decisión conjunta.

Micó, al Grupo Mixto: más autonomía y voz propia

Con este paso, Àgueda Micó se sumará a un Grupo Mixto cada vez más plural, con representantes de diferentes sensibilidades políticas. Desde Més se insiste en que esta decisión no es un distanciamiento ideológico con Sumar, sino una necesidad táctica ante la «falta de respuesta» en temas clave para el pueblo valenciano.

“El mandato de la militancia es claro”, ha subrayado Amparo Piquer. “Compromís no es solo una coalición electoral, es un proyecto colectivo que representa a centenares de miles de valencianos y valencianas, y ese compromiso nos obliga a actuar con independencia y responsabilidad”.

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Valencia

Esta es la nueva nómina del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca

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Juanfran Pérez Llorca

La nueva nómina del president Llorca supera la de Puig tras la última actualización salarial

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su etapa al frente del Consell con una actualización al alza de su nómina, apenas dos meses después de llegar al Palau. La mejora salarial se deriva de la subida del 2,5% aprobada para todo el personal público, que también se aplica a los altos cargos de la Administración autonómica.

La actualización quedó reflejada el pasado viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tras la aprobación del decreto-ley de final de año con el que el Consell adaptó el incremento retributivo pactado por el Gobierno central para los empleados públicos.

Una subida automática ligada al decreto estatal

El aumento de la retribución del jefe del Consell no responde a una decisión específica del nuevo Ejecutivo, sino a la aplicación automática del marco salarial estatal, que afecta tanto a funcionarios como a responsables políticos. En el caso del president, el salario base queda fijado en 82.572 euros anuales, tras incorporarse el incremento aprobado.

Esta mejora se suma a la ya aplicada anteriormente durante el mandato de Carlos Mazón, que autorizó una actualización similar tres días antes de presentar su dimisión, aún como máximo responsable del Consell.

Diferencia respecto al último sueldo de Ximo Puig

Con la nueva tabla retributiva, la nómina de Pérez Llorca queda por encima de la que percibía Ximo Puig al frente de la Generalitat durante la anterior legislatura, marcando una diferencia acumulada tras dos años y medio de actualizaciones salariales vinculadas a los acuerdos estatales.

Desde el entorno del Consell se subraya que estas subidas están homologadas al conjunto del sector público y que no se trata de incrementos discrecionales, sino del cumplimiento de los acuerdos salariales firmados a nivel nacional.

Los altos cargos también se benefician de la actualización

La publicación de las nuevas tablas salariales no solo afecta al president, sino también al conjunto de consellers, secretarios autonómicos y altos cargos, que verán reflejado en sus nóminas el mismo incremento porcentual.

El Consell defiende que la medida busca mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos y garantizar la coherencia retributiva entre administraciones, en un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años.

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