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Compromís y PSPV aprueban subir el sueldo del gerente de EMT València en plena investigación del fraude
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 7 Oct. – El Consejo de Administración de la EMT de València ha acordado este lunes renovar los contratos del equipo directivo –gerente, director adjunto y nombrar a una nueva responsable de comunicación– con el voto en contra de los consejeros de PP, Cs y Vox, que han cuestionado la decisión dada la «crisis» por la que atraviesa la empresa a raíz del fraude sufrido de cuatro millones de euros y del que aseguran que se desconocen las responsabilidades que pudieran derivarse.
Por contra, el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha defendido esta renovación y la subida de sueldo del gerente, de un siete por ciento, por la «gestión óptima» al frente de la empresa, al tiempo que ha apuntado que en la comisión interna sobre el fraude se irá «hasta el fondo» y «caiga quien caiga si se demuestra que ha habido negligencias».
Grezzi, que ha afirmado que se ha sentido en todo momento respaldado por el alcalde, Joan Ribó, y que no ha pensado en dimitir, ha asegurado que la creación de esa comisión de investigación ha sido «la más rápida de la historia de España», en dos semanas desde que se ha tenido conocimiento de lo ocurrido.
«Los números certifican que se ha hecho una gestión óptima de la EMT: no tenemos deudas; hemos comprado 180 autobuses; vamos a comprar 164 más», ha dicho, pese a venir de una situación de «casi quiebra» con el PP, que iba a echar a la calle a 208 trabajadores. Por contra, «hemos contratado 400 nuevos trabajadores y hemos aumentado un 13% el número de conductores», con un incremento de la aportación municipal a la EMT de un 29%.
El edil ha afirmado que irán «hasta el fondo» en la comisión «y caiga quien caiga si se demuestra que ha habido negligencias», al tiempo que ha asegurado que la indemnización en caso de despido de los directivos es «única» y no depende de los años trabajados. Así, ha justificado el aumento de sueldo en que llevaban cuatro años con el sueldo congelado y se ha rebajado con respecto a anteriores gerentes un 66% y un 40%. «Después de cuatro años es subida muy razonable, en línea con el buen trabajo realizado» y con unos «resultados espectaculares», ha dicho.
Preguntado por si le parece buena gestión no comprobar cuentas en 20 días, ha señalado que se revisan «por una serie de trabajadores en el organigrama, que lo hacían antes» y que han puesto en marcha un sistema de control, incluyendo alegaciones del síndic de Greuges y auditores en 2017, y con firma mancomunada. Ahora, tendrán que ver de qué manera se ha hecho el fraude falseando firmas y pagando por PDF. «Eso no quita que se ha producido un fraude contra la EMT que vamos a investigar de manera rápida y que sean condenados todos los autores», ha subrayado en declaraciones a los medios.
SUELDOS
Con la ratificación a la que se ha dado luz verde, el equipo directivo de la empresa gerente cobrará 75.000 euros, un 40% menos que su antecesor (92.453 euros) y un 60% menos que el responsable en los años 2005-2012 (126.897 euros), según los datos facilitados por el edil.
Desde el PSPV, la consejera Elisa Valía ha explicado que, para dar el visto bueno a los nombramientos han tenido en cuenta, en primer lugar, la comisión de investigación, cuya creación han «impulsado», que se creen y que debe decidir «qué responsabilidades puede tener cada actor», por lo que no quieren asumir conclusiones «previamente». Y en segundo, un estudio «pormenorizado» de los contratos, que refleja que «no blindan a nadie».
Así, ha recalcado que si por la comisión se deriva que se deben pedir responsabilidades a la dirección de la EMT, «la indemnización sería exactamente igual». Sobre el aumento de sueldo, aunque ha reconocido que no es el momento «idóneo», ha apuntado que se ha debatido con presencia del comité de empresa, que estaba prevista la revisión de los salarios «antes del verano» y que se sitúa «dentro de márgenes asumibles».
Así, ha abogado por esperar a la celebración de las sesiones de una comisión que será similar a la de Taula en funcionamiento y con comparecencias voluntarias: «Si hay que pedir responsabilidades, seremos los primeros que lo haremos; el compromiso del PSPV está claro y pediremos las responsabilidades que correspondan cuando acabe», ha argumentado, al tiempo que ha añadido que «no es el mejor momento pero la mejor solución no es dejar descabezada a la empresa».
INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD
Asimismo, el socialista Ramón Vilar ha manifestado que han pedido un informe jurídico a la asesoría del consejo de administración sobre las responsabilidades que podrían tener si su actuación como consejeros «pudiera ser calificada de negligente o mala administración» porque no son abogados ni juristas.
Además, han pedido al consejo que presente denuncia al Tribunal de Cuentas por si hay delito de alcance y que se notifique la situación a la Sindicatura de Comptes «para que sepa por qué faltan cuatro millones». Como consejero del PSPV ha reclamado que se pida al Banco de España un informe sobre protocolos mínimos antiblanqueo de capitales que deben tener las entidades bancarias.
El consejero de CS Narciso Estellés ha lamentado esta ratificación cuando se debería estar pensando «en recuperar el dinero de los valencianos» y en explicar «qué es lo que está pasando con el dinero estafado». Así, ha lamentado se había propuesto la revocación de los puntos del día del consejo, que se ha rechazado, y ha justificado el voto en contra de la formación a la compra de los autobuses porque es un proceso auspiciado por el equipo directivo en el que no tienen confianza.
Para Estellés, Grezzi está haciendo muestra de «mucho nerviosismo», ha criticado al PSPV por ser «cómplice» y «no poner cortapisas» y ha insistido en su voluntad de que el Ayuntamiento «intervenga» la EMT.
Por parte de VOX, el edil y consejero Vicente Montañez, ha afirmado que con la «crisis» por la que atraviesa la empresa pública no deberían haberse aprobado los nombramientos al no haber confianza en el equipo directivo y ha considerado que lo prudente hubiera sido «prolongar» hasta confirmarse que no ha habido responsabilidad en el fraude. De igual modo, ha considerado que la subida de salario aprobado está «muy por encima» de los convenios medios del país y de la EMT, al tiempo que ha cargado contra Grezzi por «aplicar el rodillo» aunque «tanto presume de democrático».
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS
Desde el PP, Carlos Mundina también ha lamentado que se haya consumado la ratificación de los puestos directivos «con una de las crisis mayores de la EMT» y ha insistido en que la «prudencia» era la «mejor consejera para no renovar» porque de los directivos podría derivarse alguna responsabilidad en lo sucedido y los contratos suscritos pueden devenir en indemnizaciones futuras a pagar en caso de rescisión.
«No queremos que de lo ocurrido puede derivarse una lesividad a los intereses de la EMT y que como consejeros hubiéramos contribuido como consejeros a ese resultado», ha añadido. El PP ha anunciado que, en esta situación, impugnará los acuerdos del consejo. Así, ha sostenido que la contratación del servicio externo de secretaria asesora para la EMT por más de 36.000 euros al año «podría contravenir la ley de Contratos del Sector Público» por el importe.
164 NUEVOS AUTOBUSES
Además, el consejo de administración ha aprobado la adjudicación a Evobús la compra de 164 autobuses híbridos por un importe de 49,6 millones de euros, con la abstención del PP y el voto en contra de Cs y Vox. Los vehículos, 14 más de los que se estimaba en la licitación, llegarán a partir del año que viene.
Según el plan de entrega de la empresa, los primeros 35 entrarán en funcionamiento en el primer semestre y el resto irá llegando de manera escalonada semanalmente. En 2021 estarán todos en funcionamiento, con lo que la edad media de la flota pase de los 13 años que tenía en 2015 a los 7,5.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Juan Carlos I renuncia a recuperar los 65 millones de euros que entregó a Corinna Larsen
Publicado
hace 8 horasen
10 octubre, 2026
El rey emérito descarta finalmente emprender acciones judiciales contra su expareja y el abogado suizo Dante Canónica, a quienes pretendía reclamar más de 73 millones de euros por una operación económica vinculada a fondos procedentes de Arabia Saudí.
Juan Carlos I ha decidido no continuar con su intención de recuperar los 65 millones de euros que transfirió a Corinna Larsen en 2012, una cantidad que procedía de los fondos que el entonces monarca había recibido años antes de Arabia Saudí. El rey emérito renuncia así a presentar la demanda que había anunciado en abril de 2025 contra su antigua pareja sentimental y contra el abogado suizo Dante Canónica.
La decisión supone un nuevo giro en uno de los episodios económicos más controvertidos de la vida del padre de Felipe VI. Según ha publicado El País, citando fuentes próximas al entorno del exjefe del Estado, la reclamación judicial finalmente no se ha formalizado, pese a que inicialmente se había planteado exigir 70 millones de euros a Corinna Larsen y otros 3,5 millones al letrado suizo.
Con este cambio de postura, Juan Carlos I evita abrir otro procedimiento judicial relacionado con sus finanzas personales y con la fortuna que acabó en manos de quien fue su compañera sentimental durante años.
Juan Carlos I renuncia a demandar a Corinna Larsen por los 65 millones de euros
La intención del rey emérito de acudir a los tribunales se conoció en abril de 2025, cuando trascendió que estudiaba emprender acciones legales contra Corinna Larsen y Dante Canónica.
La reclamación no se limitaba a solicitar la devolución del dinero. También contemplaba posibles acciones por presunto fraude y vulneración del derecho al honor, en relación con las circunstancias de la transferencia y las declaraciones públicas realizadas por la empresaria.
Juan Carlos I consideraba que había sido engañado y pretendía obtener una compensación económica que superaba el importe originalmente entregado.
Sin embargo, más de un año después de anunciar sus intenciones, el antiguo monarca ha optado por no presentar la demanda.
Esta decisión evita reactivar un enfrentamiento judicial que podría haber vuelto a situar bajo el foco público las operaciones financieras del emérito y su relación con Corinna Larsen.
¿De dónde procedían los 65 millones de euros que Juan Carlos I entregó a Corinna?
El origen de esta fortuna se remonta a 2008, cuando Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, durante el reinado de Abdalá bin Abdulaziz.
Los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria vinculada a la fundación panameña Lucum, una estructura financiera relacionada con el patrimonio del entonces jefe del Estado español.
La operación adquirió especial relevancia pública años después, cuando comenzaron a conocerse detalles sobre las cuentas del rey emérito en el extranjero.
En 2012, el banco suizo Mirabaud & Cie exigió el cierre de la cuenta asociada a la fundación Lucum. Fue entonces cuando Juan Carlos I transfirió aproximadamente 65 millones de euros a Corinna Larsen.
La empresaria trasladó posteriormente ese patrimonio a una cuenta perteneciente a una de sus sociedades en Bahamas.
Una donación que se realizó después del escándalo de Botsuana
La transferencia tuvo lugar en 2012, el mismo año en el que salió a la luz el polémico viaje de Juan Carlos I a Botsuana para participar en una cacería de elefantes.
Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la imagen pública del entonces monarca, especialmente después de que sufriera un accidente durante su estancia en el país africano.
Corinna Larsen formaba parte de aquel viaje, cuya repercusión mediática puso bajo escrutinio la vida privada del rey y su relación con la empresaria.
Meses después de aquel escándalo, Juan Carlos I formalizó la entrega de los 65 millones de euros que ahora ha decidido no reclamar judicialmente.
La clave de la fortuna de Corinna Larsen: una donación irrevocable
Uno de los aspectos fundamentales de este caso es la naturaleza jurídica de la transferencia realizada por Juan Carlos I.
Según la documentación de la operación, la entrega de los 65 millones de euros se formalizó como una donación irrevocable, una condición que resulta especialmente relevante a la hora de valorar cualquier posible reclamación posterior.
El documento establecía que Corinna Larsen no estaba obligada a devolver el dinero, ni siquiera en caso de fallecimiento del rey emérito.
Esta cláusula dificultaba una eventual reclamación basada únicamente en la voluntad de recuperar los fondos.
Aunque Juan Carlos I estudió la posibilidad de impugnar la operación, finalmente ha decidido no iniciar ese procedimiento.
La decisión no supone una nueva resolución judicial sobre la titularidad del dinero, sino que implica que el emérito no ha formalizado las acciones legales que había anunciado.
¿Quién es Dante Canónica y qué relación tiene con el dinero de Juan Carlos I?
El abogado suizo Dante Canónica también figuraba entre las personas contra las que Juan Carlos I pretendía emprender acciones judiciales.
Su nombre está vinculado a la estructura de la fundación Lucum, a través de la cual se canalizaron los fondos recibidos de Arabia Saudí.
La reclamación que se planteaba contra él ascendía a 3,5 millones de euros, mientras que la dirigida contra Corinna Larsen alcanzaba los 70 millones.
El rey emérito pretendía cuestionar las circunstancias de las operaciones económicas y exigir responsabilidades por los perjuicios que consideraba haber sufrido.
No obstante, la decisión de no presentar la demanda afecta a ambos y deja sin materializar aquella iniciativa judicial.
La relación entre Juan Carlos I y Corinna Larsen, marcada por las polémicas
La relación personal entre Juan Carlos I y Corinna Larsen ha protagonizado numerosos titulares durante las últimas décadas.
La empresaria alemana, conocida también como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, mantuvo una estrecha vinculación con el entonces monarca y su nombre apareció posteriormente asociado a diferentes controversias relacionadas con las finanzas del rey emérito.
El viaje a Botsuana de 2012 contribuyó a que aquella relación adquiriera una gran dimensión mediática.
Con el paso de los años, las diferencias entre ambos trascendieron el ámbito privado y llegaron a los tribunales.
Las declaraciones públicas de Larsen sobre su relación con Juan Carlos I y las operaciones económicas relacionadas con el antiguo jefe del Estado también contribuyeron a mantener el caso en la actualidad informativa.
La intención anunciada en 2025 de reclamar judicialmente los millones transferidos parecía abrir un nuevo capítulo en ese enfrentamiento.
Sin embargo, la renuncia a presentar la demanda supone, por ahora, que no se iniciará ese nuevo procedimiento por parte del emérito.
Juan Carlos I evita una nueva batalla judicial por su fortuna
La decisión de Juan Carlos I llega después de varios años en los que sus actividades financieras han sido objeto de investigaciones y procedimientos judiciales tanto en España como en el extranjero.
Desde 2018, diferentes asuntos relacionados con el patrimonio y las operaciones económicas del rey emérito han generado una importante controversia pública.
Los procedimientos a los que se refiere la información publicada han terminado archivados, aunque la repercusión de estas investigaciones ha continuado afectando a su imagen.
En este contexto, la posibilidad de presentar una nueva demanda contra Corinna Larsen y Dante Canónica suponía volver a abrir un frente judicial de gran repercusión mediática.
La renuncia a reclamar los 65 millones de euros evita, al menos por esta vía, que las circunstancias de aquella donación vuelvan a examinarse en un nuevo procedimiento promovido por Juan Carlos I.
¿Qué ocurrirá ahora con los 65 millones de euros de Corinna Larsen?
La consecuencia inmediata de esta decisión es que Juan Carlos I no ha presentado la reclamación judicial que había anunciado para intentar recuperar el dinero.
La transferencia realizada en 2012 se formalizó mediante un documento que establecía expresamente su carácter irrevocable.
Por tanto, y de acuerdo con la información conocida, no existe una nueva resolución judicial que obligue a Corinna Larsen a devolver aquella cantidad.
El emérito tampoco ha formalizado la reclamación económica prevista contra Dante Canónica.
De este modo, Juan Carlos I deja atrás, por ahora, la posibilidad de recuperar mediante la demanda anunciada los 65 millones de euros entregados a su expareja, una fortuna cuyo origen y posterior transferencia han marcado algunos de los episodios más controvertidos de su trayectoria tras abandonar la jefatura del Estado.
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