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Compromís y PSPV aprueban subir el sueldo del gerente de EMT València en plena investigación del fraude

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VALÈNCIA, 7 Oct. – El Consejo de Administración de la EMT de València ha acordado este lunes renovar los contratos del equipo directivo –gerente, director adjunto y nombrar a una nueva responsable de comunicación– con el voto en contra de los consejeros de PP, Cs y Vox, que han cuestionado la decisión dada la «crisis» por la que atraviesa la empresa a raíz del fraude sufrido de cuatro millones de euros y del que aseguran que se desconocen las responsabilidades que pudieran derivarse.

Por contra, el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha defendido esta renovación y la subida de sueldo del gerente, de un siete por ciento, por la «gestión óptima» al frente de la empresa, al tiempo que ha apuntado que en la comisión interna sobre el fraude se irá «hasta el fondo» y «caiga quien caiga si se demuestra que ha habido negligencias».

Grezzi, que ha afirmado que se ha sentido en todo momento respaldado por el alcalde, Joan Ribó, y que no ha pensado en dimitir, ha asegurado que la creación de esa comisión de investigación ha sido «la más rápida de la historia de España», en dos semanas desde que se ha tenido conocimiento de lo ocurrido.

«Los números certifican que se ha hecho una gestión óptima de la EMT: no tenemos deudas; hemos comprado 180 autobuses; vamos a comprar 164 más», ha dicho, pese a venir de una situación de «casi quiebra» con el PP, que iba a echar a la calle a 208 trabajadores. Por contra, «hemos contratado 400 nuevos trabajadores y hemos aumentado un 13% el número de conductores», con un incremento de la aportación municipal a la EMT de un 29%.

El edil ha afirmado que irán «hasta el fondo» en la comisión «y caiga quien caiga si se demuestra que ha habido negligencias», al tiempo que ha asegurado que la indemnización en caso de despido de los directivos es «única» y no depende de los años trabajados. Así, ha justificado el aumento de sueldo en que llevaban cuatro años con el sueldo congelado y se ha rebajado con respecto a anteriores gerentes un 66% y un 40%. «Después de cuatro años es subida muy razonable, en línea con el buen trabajo realizado» y con unos «resultados espectaculares», ha dicho.

Preguntado por si le parece buena gestión no comprobar cuentas en 20 días, ha señalado que se revisan «por una serie de trabajadores en el organigrama, que lo hacían antes» y que han puesto en marcha un sistema de control, incluyendo alegaciones del síndic de Greuges y auditores en 2017, y con firma mancomunada. Ahora, tendrán que ver de qué manera se ha hecho el fraude falseando firmas y pagando por PDF. «Eso no quita que se ha producido un fraude contra la EMT que vamos a investigar de manera rápida y que sean condenados todos los autores», ha subrayado en declaraciones a los medios.

SUELDOS
Con la ratificación a la que se ha dado luz verde, el equipo directivo de la empresa gerente cobrará 75.000 euros, un 40% menos que su antecesor (92.453 euros) y un 60% menos que el responsable en los años 2005-2012 (126.897 euros), según los datos facilitados por el edil.

Desde el PSPV, la consejera Elisa Valía ha explicado que, para dar el visto bueno a los nombramientos han tenido en cuenta, en primer lugar, la comisión de investigación, cuya creación han «impulsado», que se creen y que debe decidir «qué responsabilidades puede tener cada actor», por lo que no quieren asumir conclusiones «previamente». Y en segundo, un estudio «pormenorizado» de los contratos, que refleja que «no blindan a nadie».

Así, ha recalcado que si por la comisión se deriva que se deben pedir responsabilidades a la dirección de la EMT, «la indemnización sería exactamente igual». Sobre el aumento de sueldo, aunque ha reconocido que no es el momento «idóneo», ha apuntado que se ha debatido con presencia del comité de empresa, que estaba prevista la revisión de los salarios «antes del verano» y que se sitúa «dentro de márgenes asumibles».

Así, ha abogado por esperar a la celebración de las sesiones de una comisión que será similar a la de Taula en funcionamiento y con comparecencias voluntarias: «Si hay que pedir responsabilidades, seremos los primeros que lo haremos; el compromiso del PSPV está claro y pediremos las responsabilidades que correspondan cuando acabe», ha argumentado, al tiempo que ha añadido que «no es el mejor momento pero la mejor solución no es dejar descabezada a la empresa».

INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD
Asimismo, el socialista Ramón Vilar ha manifestado que han pedido un informe jurídico a la asesoría del consejo de administración sobre las responsabilidades que podrían tener si su actuación como consejeros «pudiera ser calificada de negligente o mala administración» porque no son abogados ni juristas.

Además, han pedido al consejo que presente denuncia al Tribunal de Cuentas por si hay delito de alcance y que se notifique la situación a la Sindicatura de Comptes «para que sepa por qué faltan cuatro millones». Como consejero del PSPV ha reclamado que se pida al Banco de España un informe sobre protocolos mínimos antiblanqueo de capitales que deben tener las entidades bancarias.

El consejero de CS Narciso Estellés ha lamentado esta ratificación cuando se debería estar pensando «en recuperar el dinero de los valencianos» y en explicar «qué es lo que está pasando con el dinero estafado». Así, ha lamentado se había propuesto la revocación de los puntos del día del consejo, que se ha rechazado, y ha justificado el voto en contra de la formación a la compra de los autobuses porque es un proceso auspiciado por el equipo directivo en el que no tienen confianza.

Para Estellés, Grezzi está haciendo muestra de «mucho nerviosismo», ha criticado al PSPV por ser «cómplice» y «no poner cortapisas» y ha insistido en su voluntad de que el Ayuntamiento «intervenga» la EMT.

Por parte de VOX, el edil y consejero Vicente Montañez, ha afirmado que con la «crisis» por la que atraviesa la empresa pública no deberían haberse aprobado los nombramientos al no haber confianza en el equipo directivo y ha considerado que lo prudente hubiera sido «prolongar» hasta confirmarse que no ha habido responsabilidad en el fraude. De igual modo, ha considerado que la subida de salario aprobado está «muy por encima» de los convenios medios del país y de la EMT, al tiempo que ha cargado contra Grezzi por «aplicar el rodillo» aunque «tanto presume de democrático».

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS
Desde el PP, Carlos Mundina también ha lamentado que se haya consumado la ratificación de los puestos directivos «con una de las crisis mayores de la EMT» y ha insistido en que la «prudencia» era la «mejor consejera para no renovar» porque de los directivos podría derivarse alguna responsabilidad en lo sucedido y los contratos suscritos pueden devenir en indemnizaciones futuras a pagar en caso de rescisión.

«No queremos que de lo ocurrido puede derivarse una lesividad a los intereses de la EMT y que como consejeros hubiéramos contribuido como consejeros a ese resultado», ha añadido. El PP ha anunciado que, en esta situación, impugnará los acuerdos del consejo. Así, ha sostenido que la contratación del servicio externo de secretaria asesora para la EMT por más de 36.000 euros al año «podría contravenir la ley de Contratos del Sector Público» por el importe.

164 NUEVOS AUTOBUSES
Además, el consejo de administración ha aprobado la adjudicación a Evobús la compra de 164 autobuses híbridos por un importe de 49,6 millones de euros, con la abstención del PP y el voto en contra de Cs y Vox. Los vehículos, 14 más de los que se estimaba en la licitación, llegarán a partir del año que viene.

Según el plan de entrega de la empresa, los primeros 35 entrarán en funcionamiento en el primer semestre y el resto irá llegando de manera escalonada semanalmente. En 2021 estarán todos en funcionamiento, con lo que la edad media de la flota pase de los 13 años que tenía en 2015 a los 7,5.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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