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Valencia

Comunicado del Consorcio de Bomberos tras el incendio de Campanar

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Comunicado Bomberos incendio Campanar
Los bomberos trabajando en la extinción de un incendio en un edificio de viviendas de catorce plantas en València. EFE/Biel Aliño/Archivo

València, 26 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- Un comunicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha defendido la diligencia en el desarrollo de la intervención por los efectivos del cuerpo de bomberos municipal de la ciudad de Valencia durante el incendio del edificio de Campanar que costó la vida a diez personas.

El Consorcio incorporó a un centenar de efectivos para colaborar con los bomberos municipales en el que han calificado como «el mayor incendio estructural en la historia de la Comunitat Valenciana», que se integraron tanto en el operativo de las unidades de intervención directa, como en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

En un comunicado, ha asegurado que las decisiones adoptadas, «en todo momento fueron evaluadas y consensuadas bajo criterios técnicos desde el Puesto de Mando Avanzado».

«Debieron relegar a un segundo plano su propia integridad»

Asimismo, ha señalado que se ajustaron los patrones de procedimiento a la situación de la emergencia y se aplicaron «los estándares de seguridad, tanto para los habitantes del edificio como para los efectivos de intervención, que en momentos puntuales, debieron relegar a un segundo plano su propia integridad física frente a los requisitos de auxilio y defensa».

Ha destacado que las decisiones adoptadas por las primeras dotaciones del Cuerpo Municipal de Bomberos de València que llegaron al lugar fueron «críticas y urgentes, condicionadas tanto por la cantidad de ocupantes como por el virulento desarrollo del incendio».

En tales situaciones, ha añadido el Consorcio, «la aplicación estricta de los procedimientos de actuación aprobados y entrenados es la forma de minimizar las consecuencias trágicas que pueden suceder en este tipo de actuaciones».

«Desgraciadamente, a veces, no es suficiente, y a pesar del esfuerzo y del riesgo asumido por el personal de intervención, los resultados no son los esperados», ha lamentado.

Desde el Consorcio, reconocen y hacen constar «la profesionalidad demostrada por el colectivo de bomberos de la ciudad de Valencia, así como la de sus mandos responsables, con los que en todo momento compartimos la dureza física y emocional de la gestión de este incendio».

También han ofrecido toda su solidaridad con las familias de las víctimas mortales, y con los heridos, vecinos y afectados por este terrible incendio sin precedentes.

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Valencia

Ábalos pide al Supremo un abogado de oficio para su declaración en el ‘caso Koldo’ este miércoles

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José Luis Ábalos
El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria. - Ananda Manjón - Europa Press

El exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le asigne un abogado de oficio para que le acompañe este miércoles durante su declaración como imputado en el ‘caso Koldo’, tras haber renunciado al letrado que le representaba hasta ahora por “diferencias irreconducibles”.

Renuncia a su abogado y pide defensa pública

Ábalos comunicó su decisión este martes a través de un escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que solicita que se libre oficio al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para la designación de un abogado que le asista en su declaración del 15 de octubre.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el exministro ha explicado:

“He tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana, dado que he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa”.

La decisión llega apenas 24 horas después de que el exministro notificara al tribunal su renuncia al abogado José Aníbal Álvarez, con quien —según indicó— mantiene “diferencias irreconducibles” que han provocado un “deterioro irreversible” de la relación profesional.

Ábalos admite que ha preparado su declaración por sí mismo

El también exsecretario de Organización del PSOE aseguró en su escrito que las discrepancias con su abogado “lejos de ser puntuales, se han convertido en una constante”.
El diputado incluso reconoció que ha tenido que preparar su declaración ante el Supremo por su cuenta, ante la falta de sintonía con su defensa anterior.

Esta circunstancia podría marcar un cambio de estrategia jurídica, según fuentes jurídicas consultadas, ya que Ábalos podría optar esta vez por acogerse a su derecho a no declarar, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí respondió a las preguntas del juez.

El informe de la UCO, punto de inflexión en el caso

La nueva comparecencia de Ábalos llega después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido, supuestamente gestionada por su exasesor Koldo García.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha citado a ambos —a Ábalos este miércoles y a García el jueves— para aclarar los indicios de ingresos irregulares detectados por la investigación.

Posible endurecimiento de las medidas cautelares

Fuentes jurídicas no descartan que, tras estas nuevas declaraciones y a la luz del informe de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones soliciten endurecer las medidas cautelares que pesan sobre ambos investigados.
Actualmente, Ábalos y Koldo tienen impuestas las siguientes medidas:

  • Retirada del pasaporte,

  • Prohibición de salir del país,

  • Comparecencias quincenales en el juzgado.

Entre las opciones que podrían plantearse está incluso la petición de ingreso en prisión preventiva, en función de cómo evolucione la instrucción.

Dos líneas de investigación abiertas

El Tribunal Supremo investiga a Ábalos por dos posibles tramas de corrupción:

  1. Adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.

  2. Cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de obra pública.

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