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Comunicado de Cabify

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Cabify pide a Fedetaxi que cese su campaña difamatoria contra ellos a través de un comunicado, en el que esperan que la federación del taxi deje de sembrar las dudas sobre la legalidad de las operaciones de Cabify a través de campañas en las que los medios de comunicación, aseguran, han hecho de portavoz. Este es el texto íntegro del comunicado de Cabify.

COMUNICADO DE CABIFY
Tras la difusión sistemática de informaciones infundadas y difamatorias por parte de Fedetaxi contra Cabify en los últimos meses, la compañía solicita a la asociación del taxi que cese en su empeño de sembrar la duda en la opinión pública sobre la legalidad de sus operaciones, utilizando a los medios de comunicación como altavoz y con el objetivo de dañar su imagen de manera reiterada.

En relación al comunicado emitido hoy por Fedetaxi sobre la denuncia que pretenden realizar contra Cabify ante la Fiscalía de delitos económicos por la supuesta constitución de un entramado de sociedades para la reventa de VTC (Autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor) la compañía quiere aclarar los siguientes puntos por alusión directa:

  • La transmisión de licencias VTC a favor de un nuevo titular debe ser, en todo caso, autorizada por la Administración Pública, tal y como establece el artículo 20.1 de la Orden ministerial FOM/36/2008, de 9 de enero (conforme a la redacción dada por la Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, que la modificó).
    Por lo tanto, la transmisión de licencias VTC, al igual que sucede con la transmisión de licencias de taxi, debe ser conocida y autorizada por la Administración Pública para que tenga validez y despliegue a efectos jurídicos.
    En este contexto, destacar que todas las licencias VTC que explotan los transportistas que colaboran con Cabify han sido legítimamente autorizadas por la Administración autonómica, motivo por el cual la acusación de transmisión “desregulada” de las VTC carece de fundamento y es absolutamente falsa.
  • Del mismo modo, carece de sentido también sostener que Cabify traslada el importe de las licencias VTC a los usuarios de la Aplicación, puesto que dichas licencias no son operadas por la compañía, sino por las empresas VTC con las que colabora.
    En otras palabras, el coste de adquisición de la licencia VTC lo soporta el transportista (que es quien la explota), quien fijará (de mutuo acuerdo con Cabify) las tarifas del servicio y la comisión por la intermediación de la plataforma. En tales negociaciones, el precio que pudiera haber abonado por el transportista para obtener su licencia no es un factor que se considere para la fijación de dichas condiciones económicas del servicio.
  • En la obtención de licencias VTC los transportistas siempre repercuten o soportan (según corresponda) el importe correspondiente al IVA que grava dichas operaciones de transmisión. Por lo tanto, Fedetaxi nuevamente se confunde al afirmar que la transmisión de licencias en el sector de la VTC no cumple con la normativa tributaria española.
  • La estructura societaria del grupo Cabify es sobradamente conocida por la Administración Pública española, a quien se la ha facilitado con total transparencia y rigor cualquier información requerida.

Sobre el supuesto entramado de sociedades y pese a las diversas inspecciones soportadas (a solicitud, en muchos casos, de la propia Fedetaxi), no se ha incoado a Cabify procedimiento sancionador alguno por razón de su actividad u organización societaria, puesto que no existe indicio alguno de ilegalidad que justifique la iniciación de ningún procedimiento por tales motivos.

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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