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Comunicado del PP tras la citación de Mariano Rajoy a declarar en el caso Gürtel

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El PP espera conocer la resolución judicial y su fundamentación antes de poder establecer una valoración detallada de la misma.

La decisión adoptada hoy contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo Tribunal rechazó el testimonio Mariano Rajoy con el argumento de que no era “ni pertinente, ni útil” para la causa.

El instructor de la causa, Pablo Ruz, también rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular “por adivinarse en la motivación de la solicitud” un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal.

Estos argumentos han sido refrendados tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. El Partido Popular quiere significar el carácter absolutamente excepcional de la admisión de una prueba testifical solicitada por la acusación popular en contra del criterio de la Fiscalía.

El Partido Popular pone en evidencia el error al que induce la acusación popular al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas.

Aunque el hecho cierto e indiscutible es que el presidente del Partido Popular ha sido citado como uno más de los 300 testigos admitidos en la causa y, por tanto, sin que se le atribuya ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan, hay que destacar que la declaración de Mariano Rajoy en el procedimiento es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de ADADE pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente.

De hecho la Asociación ADADE está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista. Esta formación política siempre se ha sumado a las peticiones de ADADE.

El Partido Popular reitera su respeto a las decisiones de los tribunales y manifiesta su voluntad de colaboración con la justicia.

 

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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