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Comunicado del PP tras la citación de Mariano Rajoy a declarar en el caso Gürtel

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El PP espera conocer la resolución judicial y su fundamentación antes de poder establecer una valoración detallada de la misma.

La decisión adoptada hoy contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo Tribunal rechazó el testimonio Mariano Rajoy con el argumento de que no era “ni pertinente, ni útil” para la causa.

El instructor de la causa, Pablo Ruz, también rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular “por adivinarse en la motivación de la solicitud” un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal.

Estos argumentos han sido refrendados tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. El Partido Popular quiere significar el carácter absolutamente excepcional de la admisión de una prueba testifical solicitada por la acusación popular en contra del criterio de la Fiscalía.

El Partido Popular pone en evidencia el error al que induce la acusación popular al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas.

Aunque el hecho cierto e indiscutible es que el presidente del Partido Popular ha sido citado como uno más de los 300 testigos admitidos en la causa y, por tanto, sin que se le atribuya ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan, hay que destacar que la declaración de Mariano Rajoy en el procedimiento es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de ADADE pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente.

De hecho la Asociación ADADE está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista. Esta formación política siempre se ha sumado a las peticiones de ADADE.

El Partido Popular reitera su respeto a las decisiones de los tribunales y manifiesta su voluntad de colaboración con la justicia.

 

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El Gobierno rebajará el IVA a combustibles y electricidad

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El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez prepara un paquete de medidas urgentes para frenar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, con especial foco en el precio de la energía.

📊 Reducción del IVA de combustibles al 10%

Una de las decisiones más destacadas será la bajada del IVA de los combustibles del 21% al 10%, lo que supondrá un alivio directo en el precio de gasolina y diésel.

Además, el plan contempla:

  • La posible suspensión del impuesto especial sobre hidrocarburos

  • Una rebaja estimada de entre 0,30 y 0,40 euros por litro

⚡ Cambios en los impuestos de la electricidad

El paquete anticrisis también incluye medidas sobre la factura eléctrica:

  • Eliminación del impuesto especial eléctrico (actualmente en el 5%)

  • Reducción de la carga fiscal sobre la producción eléctrica

  • Refuerzo del bono social eléctrico para hogares vulnerables

🚛 Ayudas específicas para transportistas y agricultores

El plan incorpora medidas dirigidas a sectores especialmente afectados por el alza de precios:

  • Descuento de 20 céntimos por litro de diésel para transportistas con gasóleo profesional

  • Ayudas de 20 céntimos por litro para uso agrario

  • Compensaciones adicionales para transportistas que no reciben devolución del gasóleo

🔎 Control de precios y vigilancia del mercado

El Gobierno también prevé que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervise a los distribuidores de carburantes para evitar prácticas abusivas y garantizar transparencia en los precios.

🏠 Otras medidas incluidas en el plan

El paquete económico no se limita a energía. También contempla:

  • Deducciones en el IRPF por mejoras de eficiencia energética en viviendas

  • Limitaciones al despido para empresas que reciban ayudas públicas

  • Garantías para asegurar el suministro energético

📅 Aprobación en Consejo de Ministros extraordinario

Todas estas medidas se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario, donde el Ejecutivo detallará el alcance completo del plan, que busca ser “proporcional, focalizado y temporal” para mitigar los efectos económicos de la crisis internacional.

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