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Esta es la propuesta de la Comunitat Valenciana para el actual curso escolar
Publicado
hace 5 añosen
El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha participado por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Educación convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con responsables de las comunidades autónomas.
El titular de Educación ha expuesto las medidas concretas que propondrá a los representantes de la comunidad educativa valenciana con respecto a la finalización del curso escolar actual, que han sido compartidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La primera determinación ha sido continuar la formación a distancia del alumnado mediante la plataforma MULAN hasta que finalice el curso escolar actual.
Hay que recordar que el curso escolar acaba el 16 de junio para el alumnado de ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial, y el 18 de junio, para el alumnado de Infantil y Primaria.
Según Marzà, «nuestra propuesta es que el alumnado valenciano finalice el curso con el acompañamiento de su profesorado en la formación a distancia no presencial. Cuando se active la fase 2 de desescalada, el alumnado podrá ir al centro educativo por cuestiones específicas, según la etapa educativa y respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias».
Propuesta para cursos que titulan
Cuando se active la fase 2 de desescalada en la Comunitat Valenciana, se mantendrá la formación a distancia no presencial en el día a día hasta que finalice el curso el 16 de junio.
Los centros educativos establecerán actividades específicas y de tutorías, resolución de dudas y entrega o comprobación de materiales, así como la preparación de las pruebas previstas en estos cursos.
Es opcional y voluntario que el alumnado asista a estas sesiones presenciales. Los equipos directivos de los centros se encargarán de organizar estas actividades específicas y presenciales. Se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.
Propuesta para Primaria, ESO y Bachillerato
Cuando se active la fase 2 de desescalada en la Comunitat, se mantendrá la formación a distancia no presencial en el día a día del trabajo de enseñanza-aprendizaje hasta que acabe el curso. En el caso de Primaria, hasta el 18 de junio, y en el caso de 1.º a 3.º de ESO y Bachillerato, hasta el 16 de junio.
Los centros educativos podrán organizar actividades específicas y presenciales de tutorías, resolución de dudas y entrega o comprobación de materiales, especialmente para el alumnado de estos cursos que no hayan tenido las mismas oportunidades de seguimiento telemático que el resto de compañeros.
Es opcional y voluntario que este alumnado asista a estas sesiones que se puedan ofrecer. Los equipos directivos de los centros decidirán estas actividades específicas para los alumnos indicados y se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.
Propuesta para Educación Infantil
En el territorio valenciano no se abrirán las aulas ni los centros educativos de este tramo educativo hasta el próximo curso escolar 2020-2021. Esta determinación se toma después de haber analizado la situación con los diferentes agentes implicados en esta etapa educativa.
Desde Educación se ha indicado que «en el momento en el que se active la fase 2 de desescalada nos encontraremos en un contexto de emergencia sanitaria y no en una nueva normalidad. Esta nueva normalidad llegará de cara al próximo curso».
Es por eso que ahora, con las diferentes fases de desescalada que se generan, no se pueden garantizar en este tramo educativo las medidas de seguridad básicas como son la distancia social necesaria entre el alumnado de estas edades y sus profesores y educadores.
Específicamente, con respecto a las escuelas infantiles 0-3 privadas, hay que recordar que Educación de la Generalitat está abonando a los centros los fondos correspondientes al bono infantil aunque no acudan los alumnos, para ayudar a paliar las pérdidas económicas generadas por el cierre como consecuencia de la COVID-19.
Si estas escuelas infantiles abrieran, automáticamente dejarían de percibir la ayuda de Educación establecida por el estado de alarma y no se podrían mantener económicamente solo con la parte que pagan las familias que decidan llevar a sus hijos e hijas.
Las escuelas infantiles municipales y las escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 18 de junio, siempre que garanticen las condiciones que establezcan las autoridades sanitarias en ese momento, para otras actividades de cara a las vacaciones de verano.
Propuesta para Centros de Educación Especial
El alumnado no asistirá a los centros de Educación Especial durante las semanas que quedan para que finalice este curso escolar.
Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta los factores descritos en la Educación Infantil, además de las características específicas que presenta este alumnado con respecto a que muchos de ellos son población de riesgo en el contexto de pandemia y, en muchos casos, se necesita intervención directa y de contacto diariamente, como la intervención en casos de crisis epilépticas, alimentación por sonda gástrica, aspiraciones de las vías respiratorias, sondajes o curas.
El inicio del próximo curso escolar
El conseller ha hecho dos demandas específicas en la Conferencia Sectorial de Educación. Por un lado, la necesidad de que el Gobierno estatal asegure un programa de cooperación territorial que, con la participación de los gobiernos autonómicos, permita aumentar los fondos destinados a la educación con el objetivo de profundizar en las medidas para que ningún alumno se quede atrás.
Por otro lado, el titular de Educación de la Generalitat ha solicitado que se organice un grupo de trabajo específico para coordinar, conjuntamente en todo el Estado, las necesidades y las condiciones para preparar el inicio del próximo curso escolar.
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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”
Publicado
hace 2 horasen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
“El fiscal general me había destrozado públicamente”
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
De una negociación fiscal a un caso mediático
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
Un juicio histórico en la democracia española
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
El origen del caso: el correo del abogado de González Amador
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
La posición del fiscal general
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Un proceso sin retransmisión pública
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Qué consecuencias puede tener el juicio
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
-
Entre 4 y 6 años de cárcel,
-
12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
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y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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