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Qué consecuencias pueden recaer sobre los padres que se niegan a llevar a sus hijos al colegio por miedo al coronavirus

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Separaciones de pareja con niños

A una semana de la vuelta a las aulas de los alumnos españoles, el Gobierno aún sigue aclarando puntos y no ha sido hasta esta semana cuando han marcado las 29 medidas que se requieren para llevar a los niños al colegio. Unas pautas que no satisfacen a los padres ni a las comunidades educativas que han sido claras a la hora de pronunciarse, apuntando a que no representan ninguna novedad y se echan en falta otras cómo más contrataciones de docentes. Tampoco están claros los criterios que supondrán el cierre temporal de un colegio tras detectarse más de tres contagios por COVID-19.

Tras el anuncio de este plan, el ministro de Sanidad ha tenido que responder varias veces a una cuestión que es la que más preocupa y que tampoco han sabido aclarar: quién y cuándo y porqué se decretará el cierre de un centro escolar. Según el Ministerio de Sanidad, solo ocurrirá en el caso de que haya una transmisión generalizada y sostenida, y el cierre recaerá sobre los responsables autonómicos que son los que tienen las competencias de Salud Pública y de Educación.

Tampoco está claro qué pasará con los padres de un hijo positivo de COVID-19 o aislado por un brote entre sus compañeros. Andalucía está trabajando en un protocolo para que los padres puedan hacer la cuarentena. El Ministerio de Trabajo insiste en que sigue en vigor el Plan Me Cuida, es decir, poder reducirse la jornada hasta al 100 % y modificar los horarios.

Y hay una tercera cuestión que es la que más preocupa a los padres. Muchos son los que tienen miedo a llevar a los niños si no les garantizan unas mínimas medidas de seguridad y algunos directamente se niegan a llevar a sus hijos al colegio en este contexto de máximo riesgo para la salud ante el aumento descontrolado de los contagios de coronavirus en España. Sobre este tema, la ministra de Educación ha reiterado en varias ocasiones la obligación de los padres de garantizar la asistencia a clase de sus hijos. No obstante, el Gobierno ha encargado a sus servicios jurídicos un informe del Gobierno para ver cómo se puede actuar jurídicamente ante esos padres.

En España es obligatoria la asistencia al colegio desde los 6 hasta los 16 años, y todos los niños comprendidos entre esas edades deben acudir a clase, salvo motivos justificados: enfermedad del niño, residencia en el extranjero del niño o itinerancia de los padres. Pero, una pandemia no se contempla como uno de ellos y la norma general es la misma que la vigente en cursos anteriores.

Si los padres deciden que su hijo no vaya al colegio se debe activar el protocolo de absentismo, una medida creada para evitar que los niños pierdan su derecho a recibir una educación. En faltas sin justificar de más del 20% de las clases lectivas a lo largo de un mes, el centro está obligado a intervenir y se puede abrir un procedimiento administrativo con comunicación a la comisión municipal en el que participan los servicios sociales. El proceso es similar en líneas generales, pero, ojo, cada Comunidad Autónoma tiene su propio procedimiento. Hay dos tipos: Absentismo por voluntad del menor, y, por otro lado, absentismo por dejación de los padres de las responsabilidades que les son inherentes. Los padres pueden exponerse a multas, o, hasta en los casos más graves, a un delito de abandono de familia con pena de prisión de hasta seis años.

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La UCO lanza una nueva operación por el caso Koldo y registra la casa de Ábalos en Valencia

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El juez Ismael Moreno ha abierto una pieza separada y secreta tras recibir un nuevo informe de la Guardia Civil que apunta a presuntas irregularidades en contratos de obra pública durante la etapa del exministro en Transportes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado desde primera hora de este jueves una nueva operación en el marco del denominado ‘caso Koldo’. La actuación está relacionada con la apertura de una pieza separada y secreta en la Audiencia Nacional, después de que el juez instructor, Ismael Moreno, recibiera un nuevo informe de los investigadores.

La operación se desarrolla bajo secreto de las actuaciones y cuenta con la participación de la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, no se ha hecho público el contenido íntegro del nuevo atestado policial ni todos los detalles de las diligencias que están practicando los agentes.

Entre las actuaciones conocidas figura el registro del domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. Según las informaciones publicadas durante la mañana, los agentes han acudido a la vivienda para recabar documentación y otros elementos que puedan resultar relevantes para esta nueva línea de investigación.

La intervención se produce después de que Moreno acordara abrir una nueva pieza separada a partir de un informe de la UCO presentado ante la Audiencia Nacional. La decisión permite investigar estos hechos de forma diferenciada dentro de la macrocausa, mientras se mantiene el carácter reservado de las diligencias para no comprometer el desarrollo de las pesquisas.

La investigación apunta a contratos de obra pública en Transportes

Una de las principales líneas que se investigan en la Audiencia Nacional dentro del caso Koldo está relacionada con posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública durante el periodo en el que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.

En esta rama de la causa se analizan presuntos amaños en procedimientos de contratación y la posible existencia de contraprestaciones vinculadas a determinadas adjudicaciones. La investigación también alcanza a personas que ocuparon puestos de responsabilidad en el entorno político y administrativo del departamento ministerial.

El nuevo informe de la UCO habría aportado información que ha llevado al juez a abrir esta nueva pieza secreta. Sin embargo, al encontrarse las actuaciones bajo secreto, no se conocen todavía las operaciones concretas que están siendo examinadas ni el alcance de las diligencias ordenadas.

En esta línea de investigación figura Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, como uno de los principales investigados en la causa relativa a las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. La nueva operación se enmarca en ese contexto, aunque todavía no se ha detallado oficialmente qué personas o entidades están directamente afectadas por cada una de las actuaciones de este jueves.

El caso Koldo, más allá de los contratos de mascarillas

El caso Koldo comenzó con la investigación de una presunta trama relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Las pesquisas se centraron inicialmente en contratos de suministro sanitario y en la posible obtención de comisiones irregulares a cambio de facilitar adjudicaciones públicas.

En aquella primera rama aparecieron los nombres del exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La investigación fue ampliándose con el avance de las diligencias y la incorporación de nuevos informes policiales, hasta incluir otras posibles irregularidades relacionadas con la contratación pública.

La causa se ha ramificado en distintas líneas judiciales. Una de ellas se ocupa de los contratos de obra pública vinculados al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, mientras que otras diligencias analizan movimientos económicos y pagos que también han sido objeto de investigación.

La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto algunas de estas actuaciones, precisamente para preservar la investigación y evitar que la difusión de información pueda perjudicar la recopilación de pruebas.

Expectación ante el contenido del nuevo informe de la UCO

La operación desplegada este jueves abre un nuevo capítulo en una investigación judicial que continúa ampliándose. La clave estará ahora en conocer qué información contiene el último atestado de la Guardia Civil, qué documentación se ha solicitado y qué elementos pretende comprobar el juez Ismael Moreno con las diligencias autorizadas.

Por ahora, no se ha difundido el contenido de la pieza separada ni se han concretado oficialmente todas las personas y empresas a las que afectan las actuaciones. La investigación continúa abierta y será el avance de las pesquisas el que permita determinar si los indicios recopilados por los agentes respaldan las sospechas que han motivado esta nueva intervención.

La operación vuelve a situar el foco sobre la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y sobre las presuntas irregularidades en la contratación pública que se investigan dentro del caso Koldo.

 

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