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El Consell acusa a Hacienda de exigir más sacrificios a los valencianos que al resto de comunidades

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(EFE).- La Conselleria de Hacienda ha respondido a la últimas exigencia del Ministerio de Hacienda informándole de que ya ha acordado el cierre del Presupuesto de 2017, con efectos desde el 15 de diciembre pasado, y ha lamentado que exija «más sacrificios a los valencianos que al resto».

El Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a diez comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, en las que ya ha detectado una desviación de la regla de gasto y a las que reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo del 2,1 %.

En respuesta a esta carta, desde el Consell se ha informado que «cualquier medida en relación a los ingresos o los gastos del ejercicio carecería de efectos» y ha emplazado a Hacienda a «aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el presidente del Gobierno se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que estaría antes de finalizar este año».

Hacienda atribuye a la Comunitat Valenciana una previsión de aumento del gasto computable en el ejercicio del 3,2 %, frente al techo fijado por el ministerio para todas las comunidades del 2,1 %.

Por ello, plantea la adopción de medidas «para su corrección antes del cierre del presente ejercicio».

En el escrito, se informa al ministerio de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado.

Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio.

Acto seguido, añade: «La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017».

La Conselleria insiste en «la imposibilidad material» de «adoptar en el momento actual medidas efectivas» al respecto, al tiempo que subraya que «la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica».

En la misiva, el Consell ve «asombroso» que el ministerio se dirija en esos términos a la Comunitat Valenciana, «cuando es conocida la situación de infrafinanciación crónica».

El documento recuerda el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno para que antes de que acabe 2017 haya un acuerdo de nuevo sistema de financiación, «cuando sí que se han anunciado medidas de financiación que van a suponer un aumento de la brecha de financiación promedio entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de las comunidades autónomas».

El Consell advierte de que, del oficio recibido «se deduce que Hacienda considera adecuado el nivel de prestación de los servicios competencia de la Generalitat Valenciana a pesar de gastar menos que la media».

«Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana», que tampoco comparte que «la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles».

Una situación que «ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación», según sostiene la Generalitat.

Con todo, se enfatiza que esto no quiere decir que la Generalitat «no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

«Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho», se añade.

En este sentido, desde la Conselleria de Hacienda se advierte que tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio se imponen por el Ministerio de manera uniforme para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una.

Por ello, en el caso de la Comunitat, al estar por debajo de la media, aunque eventualmente el porcentaje de incremento sea mayor que la media, en términos reales no significa que el crecimiento del gasto computable sea superior a la media.

En el caso del límite de déficit sucede lo mismo, de forma que la exigencia del mismo nivel de déficit para unos ingresos inferiores a la media supone que se está exigiendo a la Comunitat Valenciana un esfuerzo superior al resto.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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