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El Consell acusa a Hacienda de exigir más sacrificios a los valencianos que al resto de comunidades

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(EFE).- La Conselleria de Hacienda ha respondido a la últimas exigencia del Ministerio de Hacienda informándole de que ya ha acordado el cierre del Presupuesto de 2017, con efectos desde el 15 de diciembre pasado, y ha lamentado que exija «más sacrificios a los valencianos que al resto».

El Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a diez comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, en las que ya ha detectado una desviación de la regla de gasto y a las que reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo del 2,1 %.

En respuesta a esta carta, desde el Consell se ha informado que «cualquier medida en relación a los ingresos o los gastos del ejercicio carecería de efectos» y ha emplazado a Hacienda a «aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el presidente del Gobierno se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que estaría antes de finalizar este año».

Hacienda atribuye a la Comunitat Valenciana una previsión de aumento del gasto computable en el ejercicio del 3,2 %, frente al techo fijado por el ministerio para todas las comunidades del 2,1 %.

Por ello, plantea la adopción de medidas «para su corrección antes del cierre del presente ejercicio».

En el escrito, se informa al ministerio de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado.

Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio.

Acto seguido, añade: «La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017».

La Conselleria insiste en «la imposibilidad material» de «adoptar en el momento actual medidas efectivas» al respecto, al tiempo que subraya que «la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica».

En la misiva, el Consell ve «asombroso» que el ministerio se dirija en esos términos a la Comunitat Valenciana, «cuando es conocida la situación de infrafinanciación crónica».

El documento recuerda el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno para que antes de que acabe 2017 haya un acuerdo de nuevo sistema de financiación, «cuando sí que se han anunciado medidas de financiación que van a suponer un aumento de la brecha de financiación promedio entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de las comunidades autónomas».

El Consell advierte de que, del oficio recibido «se deduce que Hacienda considera adecuado el nivel de prestación de los servicios competencia de la Generalitat Valenciana a pesar de gastar menos que la media».

«Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana», que tampoco comparte que «la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles».

Una situación que «ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación», según sostiene la Generalitat.

Con todo, se enfatiza que esto no quiere decir que la Generalitat «no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

«Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho», se añade.

En este sentido, desde la Conselleria de Hacienda se advierte que tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio se imponen por el Ministerio de manera uniforme para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una.

Por ello, en el caso de la Comunitat, al estar por debajo de la media, aunque eventualmente el porcentaje de incremento sea mayor que la media, en términos reales no significa que el crecimiento del gasto computable sea superior a la media.

En el caso del límite de déficit sucede lo mismo, de forma que la exigencia del mismo nivel de déficit para unos ingresos inferiores a la media supone que se está exigiendo a la Comunitat Valenciana un esfuerzo superior al resto.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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