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El Consell realizará todas las acciones posibles para exigir al Gobierno la liquidación de 2016

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Cuentas remuneradas

(EUROPA PRESS)-La Generalitat Valenciana realizará todas las actuaciones «que en la relación entre dos gobiernos se puedan» dar para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso «inmediato» en las cuentas autonómicas de los 1.567 millones de euros de la liquidación de 2016. «Todas las que puedan ser, menos lo que dijo Fabra de bajarse los pantalones, que no se lo vamos a exigir al conseller porque es feo, todo lo demás lo va a hacer para conseguir el dinero», ha dicho la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha asegurado: «Tienen que pagarnos y punto».

Así se ha pronunciado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, que ha aprobado este viernes el acuerdo para reclamar esta cantidad de dinero que el Estado tiene «retenido» durante dos años, un tiempo en el que «han estado jugando con los intereses».

Preguntada sobre qué actuaciones concretas se contempla poner en marcha, Oltra ha indicado que «todas», precisando que «normalmente» comienzan por el intercambio epistolar y acaban con «reuniones, llamadas telefónicas o presiones». «Cualquier gestión encaminada a que nos paguen esos 1.500 millones de euros que son nuestros ya», ha reiterado.

Ha subrayado que se trata de un dinero que corresponde a los valencianos una vez liquidado el ejercicio 2016 y la justificación del importe a recibir «ya está hecha», comparándolo con la declaración de la renta que realizan los ciudadanos. Cuando sale a devolver, ha proseguido, se paga al ciudadano, y lo mismo «a lo grande» ocurre con las comunidades. «No se espere a julio, páguemelos ya», ha reiterado.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana para este ejercicio, «decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en la prestación de los servicios básicos de Sanidad, Educación y protección social de los valencianos y en el resto de funciones encomendadas», señala la Generalitat.

El ministerio trasladó el pasado 2 de enero a la Generalitat su decisión de reducir en 353 millones las entregas a cuenta de la financiación de 2018 comunicadas en julio y que sirvieron para elaborar los presupuestos autonómicos de este año, alegando la situación de prórroga presupuestaria, una medida que supondrá una «minoración por el citado importe para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos» de la Generalitat.

El texto recuerda que, en la comunicación del 2 de enero en la que la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó el nuevo importe de las entregas a cuenta del ejercicio 2018, con una minoración de 353 millones, se hace constar que el importe de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2016 «no sufre variación respecto a la comunicación recibida en el mes de julio de 2017» que los fijó en los citados 1.568 millones.

«Resulta prioritario para la Generalitat Valenciana –señala el acuerdo– que dicho importe pueda adelantarse atendida a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio retenga hasta el próximo mes de julio dicho importe».

La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.

Mónica Oltra ha pueso como ejemplo de la «arbitrariedad» del Gobierno en la entrega de liquidaciones de ejercicios anteriores y de desembolso del FLA que en 2015 –«año electoral», ha recordado– llegaron a la Comunitat 2.646 millones en el primer semestre (2.146 por el FLA extraordinario y 500 por la liquidación), en 2016 llegaron en ese mismo periodo 1.363 millones por el FLA extraordinario y 581 de liquidación, lo que supone un total de 1.944 millones, y en 2017 «494 millones solo por la liquidación».

Atendiendo a esa evolución, ha agregado, y «si atendemos a la amenaza de Montoro, las previsiones serían de 0 euros antes de julio, eso son datos objetivos, no una opinión o juicio de valor», ha concluido.

FINANCIACIÓN Y PARO

Por otra parte, preguntada sobre la propuesta del PSOE de que la reforma del modelo de financiación tenga en cuenta la tasa de paro de las comunidades, Oltra ha recordado que el Consell ya ha defendido que se tuvieran en cuenta en esa reforma del modelo indicadores como la tasa AROPE que mide el empobrecimiento de la población, lo que en cierta manera también va ligado a la tasa de paro.

Según ha indicado, combinando este tipo de indicadores con la renta per cápita se puede «aproximar más a la realidad» de un territorio y tener en cuenta las desigualdades internas: «Todos los criterios que vayan a buscar un sistema de mayor equidad y más redistributivo me parece bien», ha aseverado.

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Iberia prolonga hasta el 31 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

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Iberia cancela vuelos Venezuela
Iberia

Iberia ha decidido extender durante un mes adicional la suspensión de todas sus conexiones aéreas con Venezuela, una medida que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre.
La aerolínea adopta esta ampliación tras las recomendaciones emitidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según informó este lunes.

Esta decisión afecta a toda la programación de vuelos entre España y Venezuela durante el resto del año, mientras la compañía continúa evaluando la situación para determinar los próximos pasos.

 

 Las acusaciones del INAC

El organismo venezolano ha justificado la decisión al considerar que estas aerolíneas han paralizado sus vuelos “basándose en un NOTAM emitido por una autoridad sin competencia en la FIR Maiquetía”, el espacio aéreo que controla el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas.

Según el INAC, esta suspensión constituye alinearse con una “acción de terrorismo de Estado” atribuida al Gobierno de Estados Unidos, que días atrás emitió un aviso a las aerolíneas recomendando “extremar la precaución” debido al deterioro de la seguridad y al aumento de la actividad militar en el país.

Iberia y el resto de aerolíneas habían suspendido vuelos por seguridad

La española Iberia anunció el sábado la suspensión temporal de sus rutas con Caracas tras la alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA), que instó a evitar riesgos operativos “a todas las altitudes”. La compañía aseguró que la seguridad de pasajeros y tripulación sigue siendo su prioridad.

Otras aerolíneas europeas y latinoamericanas adoptaron decisiones similares, todas fundamentadas en riesgos operativos y no en motivos políticos, según comunicaron de manera oficial.

 Cabello acusa a EE. UU. de intervenir en espacio aéreo ajeno

En paralelo, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, denunció en la cadena estatal VTV que Estados Unidos “emitió un NOTAM que abarca espacio aéreo de varios países, no sólo el de Venezuela”, criticando que, aun así, “las aerolíneas siguen volando a esos países sin problema, pero de repente decidieron no volar a Venezuela”.

Cabello afirmó que se trata de una acción “coordinada” que, en su opinión, pretende influir políticamente en el país y afectar a su conectividad internacional.

Impacto y situación actual

Con esta decisión, Venezuela reduce drásticamente su oferta de vuelos internacionales, afectando a rutas clave con Europa y América Latina. Las aerolíneas aún no han comunicado si recurrirán la revocación ni cuándo podrían reanudar operaciones.

Mientras tanto, el INAC sostiene que Venezuela mantiene condiciones de seguridad adecuadas y acusa a los gobiernos extranjeros de “presiones políticas” que, a su juicio, buscan aislar al país.

 

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