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El Consell realizará todas las acciones posibles para exigir al Gobierno la liquidación de 2016

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Cuentas remuneradas

(EUROPA PRESS)-La Generalitat Valenciana realizará todas las actuaciones «que en la relación entre dos gobiernos se puedan» dar para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso «inmediato» en las cuentas autonómicas de los 1.567 millones de euros de la liquidación de 2016. «Todas las que puedan ser, menos lo que dijo Fabra de bajarse los pantalones, que no se lo vamos a exigir al conseller porque es feo, todo lo demás lo va a hacer para conseguir el dinero», ha dicho la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha asegurado: «Tienen que pagarnos y punto».

Así se ha pronunciado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, que ha aprobado este viernes el acuerdo para reclamar esta cantidad de dinero que el Estado tiene «retenido» durante dos años, un tiempo en el que «han estado jugando con los intereses».

Preguntada sobre qué actuaciones concretas se contempla poner en marcha, Oltra ha indicado que «todas», precisando que «normalmente» comienzan por el intercambio epistolar y acaban con «reuniones, llamadas telefónicas o presiones». «Cualquier gestión encaminada a que nos paguen esos 1.500 millones de euros que son nuestros ya», ha reiterado.

Ha subrayado que se trata de un dinero que corresponde a los valencianos una vez liquidado el ejercicio 2016 y la justificación del importe a recibir «ya está hecha», comparándolo con la declaración de la renta que realizan los ciudadanos. Cuando sale a devolver, ha proseguido, se paga al ciudadano, y lo mismo «a lo grande» ocurre con las comunidades. «No se espere a julio, páguemelos ya», ha reiterado.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana para este ejercicio, «decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en la prestación de los servicios básicos de Sanidad, Educación y protección social de los valencianos y en el resto de funciones encomendadas», señala la Generalitat.

El ministerio trasladó el pasado 2 de enero a la Generalitat su decisión de reducir en 353 millones las entregas a cuenta de la financiación de 2018 comunicadas en julio y que sirvieron para elaborar los presupuestos autonómicos de este año, alegando la situación de prórroga presupuestaria, una medida que supondrá una «minoración por el citado importe para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos» de la Generalitat.

El texto recuerda que, en la comunicación del 2 de enero en la que la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó el nuevo importe de las entregas a cuenta del ejercicio 2018, con una minoración de 353 millones, se hace constar que el importe de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2016 «no sufre variación respecto a la comunicación recibida en el mes de julio de 2017» que los fijó en los citados 1.568 millones.

«Resulta prioritario para la Generalitat Valenciana –señala el acuerdo– que dicho importe pueda adelantarse atendida a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio retenga hasta el próximo mes de julio dicho importe».

La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.

Mónica Oltra ha pueso como ejemplo de la «arbitrariedad» del Gobierno en la entrega de liquidaciones de ejercicios anteriores y de desembolso del FLA que en 2015 –«año electoral», ha recordado– llegaron a la Comunitat 2.646 millones en el primer semestre (2.146 por el FLA extraordinario y 500 por la liquidación), en 2016 llegaron en ese mismo periodo 1.363 millones por el FLA extraordinario y 581 de liquidación, lo que supone un total de 1.944 millones, y en 2017 «494 millones solo por la liquidación».

Atendiendo a esa evolución, ha agregado, y «si atendemos a la amenaza de Montoro, las previsiones serían de 0 euros antes de julio, eso son datos objetivos, no una opinión o juicio de valor», ha concluido.

FINANCIACIÓN Y PARO

Por otra parte, preguntada sobre la propuesta del PSOE de que la reforma del modelo de financiación tenga en cuenta la tasa de paro de las comunidades, Oltra ha recordado que el Consell ya ha defendido que se tuvieran en cuenta en esa reforma del modelo indicadores como la tasa AROPE que mide el empobrecimiento de la población, lo que en cierta manera también va ligado a la tasa de paro.

Según ha indicado, combinando este tipo de indicadores con la renta per cápita se puede «aproximar más a la realidad» de un territorio y tener en cuenta las desigualdades internas: «Todos los criterios que vayan a buscar un sistema de mayor equidad y más redistributivo me parece bien», ha aseverado.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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