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El Consell realizará todas las acciones posibles para exigir al Gobierno la liquidación de 2016

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Cuentas remuneradas

(EUROPA PRESS)-La Generalitat Valenciana realizará todas las actuaciones «que en la relación entre dos gobiernos se puedan» dar para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso «inmediato» en las cuentas autonómicas de los 1.567 millones de euros de la liquidación de 2016. «Todas las que puedan ser, menos lo que dijo Fabra de bajarse los pantalones, que no se lo vamos a exigir al conseller porque es feo, todo lo demás lo va a hacer para conseguir el dinero», ha dicho la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha asegurado: «Tienen que pagarnos y punto».

Así se ha pronunciado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, que ha aprobado este viernes el acuerdo para reclamar esta cantidad de dinero que el Estado tiene «retenido» durante dos años, un tiempo en el que «han estado jugando con los intereses».

Preguntada sobre qué actuaciones concretas se contempla poner en marcha, Oltra ha indicado que «todas», precisando que «normalmente» comienzan por el intercambio epistolar y acaban con «reuniones, llamadas telefónicas o presiones». «Cualquier gestión encaminada a que nos paguen esos 1.500 millones de euros que son nuestros ya», ha reiterado.

Ha subrayado que se trata de un dinero que corresponde a los valencianos una vez liquidado el ejercicio 2016 y la justificación del importe a recibir «ya está hecha», comparándolo con la declaración de la renta que realizan los ciudadanos. Cuando sale a devolver, ha proseguido, se paga al ciudadano, y lo mismo «a lo grande» ocurre con las comunidades. «No se espere a julio, páguemelos ya», ha reiterado.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana para este ejercicio, «decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en la prestación de los servicios básicos de Sanidad, Educación y protección social de los valencianos y en el resto de funciones encomendadas», señala la Generalitat.

El ministerio trasladó el pasado 2 de enero a la Generalitat su decisión de reducir en 353 millones las entregas a cuenta de la financiación de 2018 comunicadas en julio y que sirvieron para elaborar los presupuestos autonómicos de este año, alegando la situación de prórroga presupuestaria, una medida que supondrá una «minoración por el citado importe para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos» de la Generalitat.

El texto recuerda que, en la comunicación del 2 de enero en la que la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó el nuevo importe de las entregas a cuenta del ejercicio 2018, con una minoración de 353 millones, se hace constar que el importe de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2016 «no sufre variación respecto a la comunicación recibida en el mes de julio de 2017» que los fijó en los citados 1.568 millones.

«Resulta prioritario para la Generalitat Valenciana –señala el acuerdo– que dicho importe pueda adelantarse atendida a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio retenga hasta el próximo mes de julio dicho importe».

La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.

Mónica Oltra ha pueso como ejemplo de la «arbitrariedad» del Gobierno en la entrega de liquidaciones de ejercicios anteriores y de desembolso del FLA que en 2015 –«año electoral», ha recordado– llegaron a la Comunitat 2.646 millones en el primer semestre (2.146 por el FLA extraordinario y 500 por la liquidación), en 2016 llegaron en ese mismo periodo 1.363 millones por el FLA extraordinario y 581 de liquidación, lo que supone un total de 1.944 millones, y en 2017 «494 millones solo por la liquidación».

Atendiendo a esa evolución, ha agregado, y «si atendemos a la amenaza de Montoro, las previsiones serían de 0 euros antes de julio, eso son datos objetivos, no una opinión o juicio de valor», ha concluido.

FINANCIACIÓN Y PARO

Por otra parte, preguntada sobre la propuesta del PSOE de que la reforma del modelo de financiación tenga en cuenta la tasa de paro de las comunidades, Oltra ha recordado que el Consell ya ha defendido que se tuvieran en cuenta en esa reforma del modelo indicadores como la tasa AROPE que mide el empobrecimiento de la población, lo que en cierta manera también va ligado a la tasa de paro.

Según ha indicado, combinando este tipo de indicadores con la renta per cápita se puede «aproximar más a la realidad» de un territorio y tener en cuenta las desigualdades internas: «Todos los criterios que vayan a buscar un sistema de mayor equidad y más redistributivo me parece bien», ha aseverado.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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