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Valencia

Consuelo Císcar, condenada por favorecer a su hijo con fondos del IVAM

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Valencia, 7 ago (EFE).- La exdirectora del IVAM Consuelo Císcar ha reconocido que favoreció a su hijo, un artista conocido como Rablaci, con los fondos y los medios del museo para promocionar su carrera artística, y deberá pagar de forma conjunta con otros dos condenados 75.000 euros en concepto de indemnización.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a Císcar como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos con la atenuante de reparación del daño y confesión a un año y seis meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años y seis meses.

Esta condena de prisión, en fase de ejecución de sentencia, ha sido suspendida condicionada a que no delinca en un plazo de dos años y al abono de la responsabilidad civil pendiente en un plazo máximo de dos meses, según la sentencia de la Audiencia a la que ha tenido acceso EFE.

La exdirectora del IVAM y los otros dos acusados, el exdirector económico del IVAM Juan Carlos Lledó y el empresario Enrique Martínez Murillo, han reconocido su participación en los hechos investigados y han consignado 18.974 euros de los fondos públicos que fueron desviados a fines particulares, comprometiéndose a abonar el resto en un plazo de veinte meses.

Este caso ha investigado la utilización de Císcar de su posición como directora del IVAM, cargo que ocupó entre 2004 y 2014, para promocionar a su hijo, que comenzó su carrera artística como escultor y fotógrafo en el año 2007, usando para ello medios económicos y personales del museo, o tratando de intercambiar favores con determinadas entidades que beneficiaran a Rablaci, hijo también del exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco.

El pasado mes de enero la Audiencia confirmó el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción 21 de junio de 2020 contra Císcar, su asesora Pilar Mundina y el ex director económico del museo Juan Carlos Lledó por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad y cohecho.

Ahora, en la sentencia de fecha 30 de julio, la Audiencia condena a Císcar por prevaricación y malversación, y a Lledó como cooperador necesario de prevaricación y malversación, también con la atenuante de reparación del daño y confesión, a un año de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público.

También condena a Martínez Murillo a un año de prisión como cooperador necesario de malversación, y a dos meses y quince días de prisión sustituida por multa por falsedad en documento mercantil.

La asesora Pilar Mundina queda absuelta de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A los condenados se les impone por responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria de 50.000 euros por los fondos públicos desviados y de 25.000 euros por el daño en la reputación a la entidad pública, así como al pago de las costas.

La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella.

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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