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CORRUPCIÓN EN EL PSOE| De Ferraz a la cárcel: el oscuro entramado que podría hundir al Gobierno

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CORRUPCIÓN EN EL PSOE
Santos Cerdán Y Pedro Sánchez

La palabra «corrupción» vuelve a teñir de sombra a uno de los principales partidos políticos de España. El caso Koldo, que en sus inicios apuntaba solo a una red de comisiones ilegales ligadas a la compra de material sanitario, ha evolucionado hasta salpicar directamente al núcleo duro del PSOE. La reciente entrada en prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, ha intensificado el escándalo que ya envolvía a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García: la corrupción en el PSOE que puede acabar con el gobierno. 

Lo que comenzó siendo un caso puntual se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno y para la credibilidad del partido. Y lo más preocupante: los indicios apuntan a que más personas podrían estar implicadas en esta trama de presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

¿Qué se investiga en el caso Koldo?

Según las investigaciones, empresas constructoras habrían sido favorecidas con contratos públicos a cambio de comisiones que superarían los cinco millones de euros. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Santos Cerdán, por considerar que tuvo un papel clave en la organización de esta red corrupta.

La figura de Cerdán, lejos de ser secundaria, aparece en el auto judicial como el intermediario entre las empresas beneficiadas y los políticos. Supuestamente, recogía las comisiones y las hacía llegar a Ábalos y a Koldo García, actuando como una especie de tesorero en la sombra. Lo más grave es que las adjudicaciones no siempre correspondían a las mejores ofertas económicas, sino que eran determinadas por criterios subjetivos, algo que ya ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades administrativas de mayor calado.

El silencio del PSOE y la estrategia de minimizar el impacto

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es la reacción del Partido Socialista Obrero Español, que ha optado por el silencio o por declaraciones evasivas. Mientras se producen detenciones y se destapan nuevos detalles, el partido mantiene una postura defensiva, como si todo esto fuese un ataque político más.

Sin embargo, la gravedad de los hechos no permite ambigüedades. Si bien en política es habitual proteger a los propios, hacerlo cuando hay grabaciones, transferencias bancarias y testimonios no solo es irresponsable, sino que perjudica la confianza ciudadana en las instituciones. Recordemos que Ábalos ya fue apartado del núcleo gubernamental tras los primeros indicios, pero la evolución del caso ha demostrado que aquello no fue un hecho aislado, sino posiblemente parte de una red mucho más amplia.

¿Estamos ante un nuevo caso Filesa?

Este escándalo recuerda inevitablemente a otros episodios oscuros de la historia del PSOE, como el caso Filesa en los años 90. La diferencia es que ahora nos encontramos en una época de absoluta transparencia tecnológica, donde las grabaciones y mensajes comprometedores pueden acabar siendo pruebas de peso en sede judicial. Las conversaciones registradas por el propio Koldo García son, en palabras del juez, “explícitas e inequívocas”, lo que sitúa este caso en una categoría especialmente delicada para los implicados.

Consecuencias políticas y electorales

Las repercusiones del caso Koldo y la corrupción en el PSOE podrían ir más allá del terreno judicial. El daño a la marca socialista es real y profundo, sobre todo en un momento en el que Pedro Sánchez intenta recuperar apoyos tras varios reveses electorales. La coincidencia con escándalos internacionales y con la gestión de fondos europeos solo agrava la sensación de deterioro institucional.

La oposición ha encontrado en este caso una herramienta eficaz para erosionar al Ejecutivo. Y no les falta razón: el PSOE debe explicar si tenía conocimiento de los hechos, si hubo controles internos que fallaron o si, como apuntan algunos analistas, todo formaba parte de una red organizada para financiar estructuras paralelas del partido.

Una oportunidad perdida para la regeneración

Este escándalo llega en un momento en el que muchos esperaban una regeneración política real. Tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy por casos de corrupción en el PP, el ascenso de Pedro Sánchez se percibió como un intento de limpieza institucional. Sin embargo, cinco años después, los fantasmas del pasado han vuelto a aparecer, y la sombra de la corrupción vuelve a empañar el discurso progresista que decía abanderar la transparencia.

Si el PSOE no toma medidas ejemplarizantes, si no permite una investigación parlamentaria clara y transparente, estará perdiendo una ocasión única para reconstruir la confianza en la política.

Conclusión: el espejo en el que nadie quiere mirarse

La corrupción no es exclusiva de un partido u otro. Es una enfermedad que afecta a cualquier organización donde falten controles, ética y voluntad de autodepuración. Pero cuando el partido que gobierna se ve envuelto en una trama como esta, el impacto es mayor, y el descrédito puede tener consecuencias irreversibles a nivel social.

Es hora de que el PSOE, y el Gobierno en su conjunto, afronte esta crisis con valentía, depure responsabilidades y colabore con la Justicia sin reservas. De lo contrario, estaremos ante otro capítulo más de una larga historia de impunidad política en España.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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