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Costa afirma que Bárcenas le llamó porque existía un compromiso de Camps para pagar el Congreso de 2008

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VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) – El que fuera secretario general del PPCV desde 2007 y hasta 2009, Ricardo Costa, ha negado haber tomado «ninguna decisión» sobre la organización del Congreso Nacional del PP en 2008 en el que fue reelegido candidato Mariano Rajoy, pero sí ha admitido que en 2009 recibió una llamada del extesorero del PP Luis Bárcenas, en la que le comentó «que había un compromiso por parte de Francisco Camps de que el PPCV asumía los gastos» de dicho evento.

Así lo ha indicado Costa en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, donde ha negado que el PP controlara Feria Valencia o que diera órdenes a la institución para contratar a Orange Market, así como ha manifestado desconocer la relación comercial entre Feria de Valencia y la empresa de Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. «Eso era absolutamente ajeno a mí», ha remarcado para asegurar que no le consta que la Feria financiara al PP.

En su intervención, Costa ha remarcado que no participó en la decisión de elegir València ni la feria para la celebración de este Congreso de 2008 ni recibió «ninguna reclamación» por parte de la institución por el retraso del abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración del evento y que conoce a través de los medios el proceso.

Sobre las declaraciones en esa comisión del extesorero del PP Luis Bárcenas –quien apuntó que la celebración del Congreso en València se había pactado en una cena en la que participó el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el propio Costa; el extesorero Álvaro Lapuerta y el exsecretario general del PP Ángel Acebes–, Ricardo Costa ha afirmado que en 2008 hubo una cena «con el objetivo de hablar de los aspectos organizativos del Congreso».

Ha detallado que en ese encuentro de lo que se habló es de «cuántos compromisarios iban a acudir, cómo iba a movilizar la Comunitat a los militantes para el día de la clausura, sobre el lugar que era Feria de Valencia y que la dirección nacional iba a abrir un proceso de concurso para ver qué empresa lo organizaba».

«No estaba decidida todavía quién iba a ser la empresa responsable de organizarlo. Mientras yo estuve, no se habló sobre el tema de que el PPCV asumiera los gastos del congreso, pero sí que el PPCV, a través de su presidente Camps, solicitó la celebración del congreso», ha explicado para señalar: «Ya en 2009 recibí una llamada de Bárcenas comentándome que había compromiso por parte de Camps de que el PPCV asumía los gastos del congreso y yo le dije que eso lo tenía que hablar con el señor Camps, porque yo no tenía capacidad ni potestad para ejecutar eso y tenía que hablar con el presidente».

En este sentido, ha explicado que tras esta llamada no habló con Camps y él se desentendió de la cuestión. «Meses después fui suspendido de militancia y apartado del partido», ha recordado.

ORANGE MARKET
Ricardo Costa ha admitido «no ser consciente» de si formó parte del Comité organizador del evento porque «no tiene constancia ni lo recuerda» y ha explicado el PPCV como parte «anfitriona» que era tenían el compromiso con la dirección nacional de movilización de las bases para el día de la clausura.

Ha explicado que la elección de la empresa para la realización del acto se hizo a través de un concurso público y no fue Orange Market. En este punto, uno de los parlamentarios le ha recordado que la adjudicataria fue una mercantil de su cuñada a lo que Costa ha afirmado que lo «desconocía» porque la decisión la tomó la dirección nacional. No obstante, ha puntualizado que cuando se enteró «no le extrañó» porque la mercantil llevaba «muchísimos años trabajando para el PP».

En cuanto a la relación entre Orange Market y el PP, Costa se ha remitido a su declaración en sede judicial y ha admitido desconocer quién tomó la decisión en Feria Valencia de contratar con Orange Market ni haber intermediado para ello, aunque sí ha reconocido que tanto él mismo como Camps eran los que hablaban con los responsables de esta empresa. «Yo ni pertenecía a Orange Market ni a la Feria», ha subrayado.

Insistido por la presunta financiación irregular del PPCV, tal y cómo el mismo apuntó en sede judicial, y si el partido utilizó la institución ferial para este fin, ha reiterado que se remitía a su declaración y ha subrayado: «Desconozco absolutamente la relación comercial entre Orange Market y la Feria. Es absolutamente ajena a mí».

Ha negado haber recibido «ninguna directriz» ni por parte del PPCV ni de la dirección nacional para no contratar con Orange Market, como algunos comparecientes han señalado. «Yo no recibí ninguna indicación ni del PPCV ni de la dirección nacional sobre la imposibilidad de contratar con Orange Market porque no hubiéramos trabajado con ellos», ha remarcado.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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