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Crimen de Conde Altea: 22 años de cárcel al asesino de Cristina

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Alberto L., el asesino de la calle Conde Altea en el juicio

València, 8 de junio (OFFICIAL PRESS-EFE).- El suceso conocido como el crimen de Conde Altea ha acogido este jueves la lectura de la sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha condenado a 22 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de la agravante por género, al hombre que asesinó a su novia en una vivienda del centro de València.

La Sala establece el pago de una indemnización de 77.777 euros para la madre de la fallecida y de 22.222 euros para su hermana por los daños morales.

La sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, fue dictada después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad.

La resolución no aprecia la atenuante de obcecación, como solicitaba la defensa del condenado, puesto que los miembros del jurado no consideraron probados los hechos requeridos para su concurrencia.

La sentencia del crimen de Conde Altea

En su sentencia, el presidente del Tribunal también descarta la atenuante de confesión porque, de acuerdo con el criterio del jurado, “el acusado no confesó los hechos en el momento en que dicha confesión podía ser relevante (…) y podía evitar la angustia o incertidumbre de los familiares de la víctima”. Así, “cuando admitió los hechos, lo hizo con la idea de poder obtener algún beneficio”, precisa.

Según el relato que consideró probado el Tribunal Popular en su veredicto, el condenado y la víctima mantenían desde el mes de septiembre de 2021 una relación sentimental sin convivencia, en la que ella pasaba ocasionalmente la noche en la casa de él.

La madrugada del 3 de diciembre de ese año el hombre, que pensaba que la víctima le dejaría por no ser demasiado bueno para ella, decidió que su novia debía morir si no quería estar con él. De este modo, la atacó cuando dormía y la golpeó fuertemente con una piedra en la cabeza y en la cara.

La joven quedó aturdida como consecuencia de los golpes, lo que aprovechó el penado para apuñalarla después en múltiples ocasiones con dos cuchillos y unas tijeras de forma “despiadada, cruel e inhumana”, con la intención de, además de matarla, causarle un sufrimiento innecesario.

A continuación, la asfixió con el cinturón de un batín que le colocó alrededor del cuello para asegurar su muerte. La mujer falleció desangrada por las heridas de arma blanca y asfixiada por la comprensión del cinturón.

La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El crimen de Conde Altea

El cuerpo sin vida de Cristina, de 30 años, fue hallado por agentes de la Policía Nacional en diciembre de 2021 en una vivienda de la calle Conde de Altea, en el barrio de l’Eixample, y se detuvo a su pareja sentimental, de 35 años.

Cristina, hija de un empresario de la comunicación fallecido en 2012 en un accidente de tráfico, trabajaba en la empresa Ad Infinitum, dedicada a la adquisición, explotación y enajenación de fincas rústicas y urbanas, así como a la adquisición y venta de titulares de valores de renta fija y variable.

Portal de la vivienda que fue escenario del crimen. EFE/Kai Försterling/Archivo

El asesino acuchilló a la víctima de forma despiadada, con planificación y produciéndole un dolor innecesario. El caso ha quedado visto para sentencia y ahora será el tribunal el que fije la condena.

Las amigas de la asesinada contaron en el juicio que «él la agobiaba», estando «muy encima de ella», quien «necesitaba espacio«. El crimen ocurrió el 3 de diciembre del 2021 en la calle Conde Altea de la capital del Turia.

Eran las tres de la madrugada cuando acabó con su vida en el piso de él, donde ella pernoctaba ocasionalmente al ser su pareja. Esa noche la mujer se había tomado un tranquilizante porque tenía problemas de ansiedad desde que falleció su padre.

Entonces, él empezó a pensar cómo matarla. Un pensamiento «recurrente» que tenía porque creía que le iba a dejar por no ser «demasiado bueno» para ella. Así lo recoge el relato del fiscal.

Pide 25 años de cárcel por asesinato con «ensañamiento de libro». Y es que, con «una total sangre fría» cogió de la terraza una piedra de grandes dimensiones y le golpeó primero con fuerza en la cabeza y en la cara en varias ocasiones.

Más de 60 heridas en el asesinato

Cristina estaba dormida, no pudo defenderse y quedó inconsciente como consecuencia de esos golpes. Después, el agresor fue a la cocina y cogió un cuchillo y unas tijeras. Empezó a acuchillarla, produciéndole más de 60 heridas.

Además, para asegurar su muerte cogió un cinturón de un batín alrededor del cuello y apretó. La víctima murió por la hemorragia que le provocaron las anteriores heridas y por asfixia. Fiscalía reclama también una indemnización de 90.000 euros para su madre y su hermana.

Por su parte, la acusación particular pide la misma pena de prisión, pero con agravante de género. El abogado del acusado admitió en el juicio que mató a su novia por «un trastorno mental transitorio».

Ya que tenía «la paranoia» de que le iba a dejar, pero negó premeditación: «Estaba fuera de sí, fue todo espontáneo, un brote». Por ello, pide 10 años de cárcel por asesinato con las atenuantes de obcecación y confesión.

Tras el crimen, el hombre se duchó y se puso un pantalón de pijama. Se dirigió a la terraza interior desde donde cayó por el patio de luces ‘aterrizando’ en un tejado de uralita del almacén de un restaurante que había abajo.

Así hizo creer a los agentes que había entrado para robar. La hermana de Cristina, al no tener noticias de ella, denunció su desaparición en Madrid y se geolocalizó el su móvil en la casa del acusado.

Sobre las 9:30 horas se desplazaron el padre y el hermano del acusado y la madre y un primo de ella. Al entrar, encontraron en el dormitorio gran cantidad de sangre diseminada por toda la estancia y el cuerpo de la mujer, por lo que avisaron a la Policía.

VIDEO| Lágrimas, rosas blancas y aplausos por Cristina Blanch, asesinada por su pareja en València

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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