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Crimen en Castro Urdiales: ¿Qué pasará ahora con los menores detenidos por la muerte de su madre?

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Crimen en Castro Urdiales

Después de la detención de dos menores de 13 y 15 años tras hallar muerta a su madre de 48 años en Castro Urdiales (Cantabria), surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.

En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.

«Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas», subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.

Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su «reforma», mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su «protección».

Menores con responsabilidad penal

Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.

En todos los casos, se asume una medida que es «sancionadora educativa», lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.

Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.

Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos», apunta la subdirectora.

Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.

Crimen en Castro Urdiales

Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.

En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores. La subdirectora relata que puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.

En este tipo de acontecimientos, el Icass lleva siempre a cabo una investigación sobre las circunstancias del menor, para analizar si se encuentra en una situación de desprotección.

Se tramita un expediente, se realizan averiguaciones, un informe social y si se cumplen los factores de desprotección, la entidad puede declarar al menor en una situación de desamparo y asumir su tutela.

En el caso de que un menor esté en esta situación, se extingue la patria potestad de los padres y se adoptan las medidas de protección que «se considera adecuadas».

Esto incluye distintos tipos de recursos residenciales, como acogimientos, pero siempre, señala la subdirectora, teniendo en cuenta «las necesidades específicas» del niño y orientados a su protección.

Por otro lado, «como ocurre con cualquier menor», subraya Arce, la familia tiene la posibilidad solicitar a la entidad pública que asuma la guarda porque no puede hacerse cargo de él.

En este caso, el progenitor mantiene la patria potestad sobre su hijo, pero los servicios sociales son los responsables de garantizar su protección.

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Venezuela revoca las concesiones de seis aerolíneas, incluida Iberia, por “sumarse al terrorismo de Estado” según el Gobierno de Maduro

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Iberia cancela vuelos Venezuela
Iberia

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este miércoles la revocación de las concesiones de seis aerolíneas internacionales, entre ellas la española Iberia, tras acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”. Así lo ha comunicado el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram.

La medida afecta a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL, todas ellas compañías que en los últimos días suspendieron sus operaciones hacia y desde Venezuela ante las alertas de seguridad emitidas por Washington.

 Las acusaciones del INAC

El organismo venezolano ha justificado la decisión al considerar que estas aerolíneas han paralizado sus vuelos “basándose en un NOTAM emitido por una autoridad sin competencia en la FIR Maiquetía”, el espacio aéreo que controla el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas.

Según el INAC, esta suspensión constituye alinearse con una “acción de terrorismo de Estado” atribuida al Gobierno de Estados Unidos, que días atrás emitió un aviso a las aerolíneas recomendando “extremar la precaución” debido al deterioro de la seguridad y al aumento de la actividad militar en el país.

Iberia y el resto de aerolíneas habían suspendido vuelos por seguridad

La española Iberia anunció el sábado la suspensión temporal de sus rutas con Caracas tras la alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA), que instó a evitar riesgos operativos “a todas las altitudes”. La compañía aseguró que la seguridad de pasajeros y tripulación sigue siendo su prioridad.

Otras aerolíneas europeas y latinoamericanas adoptaron decisiones similares, todas fundamentadas en riesgos operativos y no en motivos políticos, según comunicaron de manera oficial.

 Cabello acusa a EE. UU. de intervenir en espacio aéreo ajeno

En paralelo, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, denunció en la cadena estatal VTV que Estados Unidos “emitió un NOTAM que abarca espacio aéreo de varios países, no sólo el de Venezuela”, criticando que, aun así, “las aerolíneas siguen volando a esos países sin problema, pero de repente decidieron no volar a Venezuela”.

Cabello afirmó que se trata de una acción “coordinada” que, en su opinión, pretende influir políticamente en el país y afectar a su conectividad internacional.

Impacto y situación actual

Con esta decisión, Venezuela reduce drásticamente su oferta de vuelos internacionales, afectando a rutas clave con Europa y América Latina. Las aerolíneas aún no han comunicado si recurrirán la revocación ni cuándo podrían reanudar operaciones.

Mientras tanto, el INAC sostiene que Venezuela mantiene condiciones de seguridad adecuadas y acusa a los gobiernos extranjeros de “presiones políticas” que, a su juicio, buscan aislar al país.

 

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