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Cs critica la «improvisación» de Marzà en el inicio del nuevo curso y exige una solución «definitiva» a los barracones

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VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes ha criticado la política de «improvisación» del conseller de Educación, Vicent Marzà, en el nuevo curso y ha exigido una solución «definitiva» a los barracones.

La diputada Merche Ventura ha asegurado en un comunicado que tanto los propios docentes como el alumnado comienzan el curso «con demasiadas incertidumbres». «Y es que los interinos ya se han pronunciado en contra de la mala adjudicación de las plazas, sin que se haya respetado tampoco el tiempo que llevan trabajado en la Administración», ha denunciado Ventura, quien ha destacado que estos docentes «se enfrentan a una situación sin precedentes».

Además, la portavoz de Educación de Cs ha criticado «los miles de alumnos que arrancan las clases, otro año más, en barracones, y que finalizarán su etapa escolar sin haber conocido otro tipo de aulas, por culpa de la incompetencia del Consell, que se atreve a prometer mejoras inminentes en colegios donde ni siquiera se han licitado las obras».

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Cs en el Congreso por Alicante, Marta Martín, para quien «la política de Marzà es el peor enemigo para una educación de calidad en la Comunitat Valenciana» y ha lamentado que «pese a la propaganda del Consell, esta legislatura no solo se mantiene el mismo número de niños en barracones en ciudades como Elche, sino que se ha duplicado en Alicante».

Por ello, Martín ha exigido al conseller «que deje de actuar por impulsos y presente un calendario real de ejecución y reparación de centros para que los padres sepan cuánto tiempo más seguirán sus hijos en edificios precarios o en aulas prefabricadas, sin engaños».

También la diputada en el Congreso ha afirma que Cs «no va a bajar la guardia para garantizar la libertad lingüística de todos los alumnos» porque «la propuesta de incentivar a las escuelas para que reduzcan las horas en castellano es otro paso más destinado a coartar la libertad de elección».

Por otro lado, Jóvenes Cs ha iniciado este lunes, en colaboración con Cruz Roja, una campaña de recogida de material escolar en la sede de Cs en València, que, tal como ha explicado el secretario general de JCs en la Comunitat Valenciana, Jesús Salmerón, «se destinará a las familias con menos recursos».

«Confiamos un año más en la generosidad de todos los valencianos, como hemos visto en cursos anteriores, para ayudar e impulsar económicamente el coste que supone el inicio de un nuevo escolar para muchas familias», ha concluido Salmerón.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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