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Cs llevará a los tribunales la subida de impuestos de Ribó en València

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concejales calendario de festivos en València

VALÈNCIA, 26 Sep. – El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha anunciado este jueves que su grupo municipal recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) «todas las ordenanzas» fiscales del consistorio «que atienden a la subida de impuestos y tasas en la ciudad». Así, ha considerado que una entidad local «no puede ir contra la actividad comercial ni desarrollar impuestos y ordenanzas que restringen la actividad económica».

En este sentido, Giner ha señalado que teniendo en cuenta que «podemos estar a las puertas de una recesión, no tendría ninguna lógica que el Ayuntamiento actuara de esta manera» para incrementar tasas e impuestos. «Entendemos que vulnera clarísimamente la Ley de Procedimiento Administrativo de las Entidades Locales. Esta situación es susceptible de recurrir lo que es la normativa», ha apuntado.

El representante de Cs se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el pleno ordinario de septiembre en el Ayuntamiento de València, en el que está previsto aprobar de manera provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal general y las reguladoras de diferentes tasas e impuestos. Fernando Giner ha avanzado que su grupo votará en contra de estos cambios.

Por su parte, el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, ha destacado, también antes del pleno, que en él se llevará a cabo «una aprobación inicial» de la revisión de impuestos de tasas, lo que implica abrir «luego un periodo de exposición pública durante el cual quien se sienta directamente afectado tiene derecho a hacer sus recursos y alegaciones».

Asimismo, Vilar ha resaltado que está previsto incluir «alguna novedad», que contempla bonificaciones, fruto de «las discusiones, los debates y lo concertado con algunas entidades» con las que se ha reunido en los últimos días y ha citado entre ellas familias numerosas, salas de actividades culturales, comercios emblemáticos y tradicionales.

Fuente:(EUROPA PRESS)

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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