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El Consorcio tramita cerca de 200.000 solicitudes de indemnización por la dana de Valencia

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seguro coche DANA consorcio

Madrid, 20 nov (EFE).- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido ya cerca de 200.000 solicitudes de indemnización por los daños provocados por las inundaciones tras la dana de Valencia, según ha avanzado este miércoles el presidente, José Antonio Fernández Pinto.

Exactamente, ha detallado durante su participación en una jornada sobre la dana organizada por la APIE, los siniestros declarados son 197.931 y más de 142.000 se han asignado ya a peritos, ya sean del propio Consorcio como de las aseguradoras que están colaborando.

A pesar de este elevado número de solicitudes, desde el Consorcio de Compensación de Seguros mantienen la estimación de que el coste en indemnizaciones por la dana será de 3.500 millones de euros, que saldrán de los cerca de 10.300 millones con los que cuenta el CCS para cubrir estos daños extraordinarios.

Por lo tanto, ha destacado Fernández Pinto, el Consorcio seguirá contando con suficientes fondos y por el momento no se plantea la necesidad de incrementar el recargo que pagan todos los asegurados en sus pólizas y sirve para dotar al CCS, que además obtiene rendimientos de sus inversiones.

El recargo en las pólizas de hogar es del 0,07 por mil y en vehículos es de 2,10 euros por seguro, ha recordado el presidente del Consorcio y también director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

En el caso de la dana, ha explicado, en los primeros días el Consorcio recibió una solicitud cada seis segundos, lo que hizo que en un solo día registrara más peticiones de indemnizaciones que las que hubo tras la erupción del volcán de La Palma y nueve veces más que el con el terremoto de Lorca, en Murcia.

 

Unos 15.000 vehículos identificados

A modo de ejemplo del trabajo que están realizando los peritos para que el Consorcio pueda proceder al pago de las indemnizaciones, Fernández Pinto ha dicho que se han identificado unos 15.000 vehículos y más del 85 % se han declarado siniestro total.

Esto permitirá que «en los próximos días» se empiecen a abonar las primeras indemnizaciones que, en el caso de los vehículos, es el valor venal, que se obtiene teniendo en cuenta la antigüedad del coche, y se incrementa un 20 %.

Fernández Pinto ha insistido en la importancia de que el Consorcio trabaje de manera ágil y eficiente para que las indemnizaciones lleguen cuanto antes y ha elogiado la colaboración de los peritos, frente a las voces que critican la falta de profesionales.

 

ENTREVISTA| Consejos clave para reclamar tu seguro tras la DANA y agilizar el proceso de indemnización

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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