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El Consorcio tramita cerca de 200.000 solicitudes de indemnización por la dana de Valencia

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seguro coche DANA consorcio

Madrid, 20 nov (EFE).- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido ya cerca de 200.000 solicitudes de indemnización por los daños provocados por las inundaciones tras la dana de Valencia, según ha avanzado este miércoles el presidente, José Antonio Fernández Pinto.

Exactamente, ha detallado durante su participación en una jornada sobre la dana organizada por la APIE, los siniestros declarados son 197.931 y más de 142.000 se han asignado ya a peritos, ya sean del propio Consorcio como de las aseguradoras que están colaborando.

A pesar de este elevado número de solicitudes, desde el Consorcio de Compensación de Seguros mantienen la estimación de que el coste en indemnizaciones por la dana será de 3.500 millones de euros, que saldrán de los cerca de 10.300 millones con los que cuenta el CCS para cubrir estos daños extraordinarios.

Por lo tanto, ha destacado Fernández Pinto, el Consorcio seguirá contando con suficientes fondos y por el momento no se plantea la necesidad de incrementar el recargo que pagan todos los asegurados en sus pólizas y sirve para dotar al CCS, que además obtiene rendimientos de sus inversiones.

El recargo en las pólizas de hogar es del 0,07 por mil y en vehículos es de 2,10 euros por seguro, ha recordado el presidente del Consorcio y también director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

En el caso de la dana, ha explicado, en los primeros días el Consorcio recibió una solicitud cada seis segundos, lo que hizo que en un solo día registrara más peticiones de indemnizaciones que las que hubo tras la erupción del volcán de La Palma y nueve veces más que el con el terremoto de Lorca, en Murcia.

 

Unos 15.000 vehículos identificados

A modo de ejemplo del trabajo que están realizando los peritos para que el Consorcio pueda proceder al pago de las indemnizaciones, Fernández Pinto ha dicho que se han identificado unos 15.000 vehículos y más del 85 % se han declarado siniestro total.

Esto permitirá que «en los próximos días» se empiecen a abonar las primeras indemnizaciones que, en el caso de los vehículos, es el valor venal, que se obtiene teniendo en cuenta la antigüedad del coche, y se incrementa un 20 %.

Fernández Pinto ha insistido en la importancia de que el Consorcio trabaje de manera ágil y eficiente para que las indemnizaciones lleguen cuanto antes y ha elogiado la colaboración de los peritos, frente a las voces que critican la falta de profesionales.

 

ENTREVISTA| Consejos clave para reclamar tu seguro tras la DANA y agilizar el proceso de indemnización

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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