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Cuatro de cada diez valencianos con contrato temporal son pobres

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Según un informe del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat, cuatro de cada diez trabajadores valencianos con contrato temporal son pobres y, además, seis de cada diez parados también lo son. Así, el Observatorio, formado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas CV y la Fundación Foessa, obtiene el resultado de que el colectivo más pobre es el de los desempleados.

Por su parte, la tasa de pobreza de los trabajadores valencianos con contrato temporal ha aumentado de un 30% a un 40% este último año. Sin embargo, en la Comunitat únicamente ocho de cada cien empleados con contrato fijo son pobres.

En cuanto a la situación de los parados valencianos, ha empeorado debido a que los instrumentos del Estado para suplir la falta de ingresos de estas personas son muy inferiores a la media de las demás comunidades autónomas, con tasas de cobertura que han disminuido a lo largo de la crisis, en concreto, 21 puntos en seis años.

A pesar de que el informe ha registrado un crecimiento de empleo en el 2017, el aumento ha sido inferior al del año anterior, debido a que entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se han creado un total de 51.700 puestos de trabajo en la Comunitat, frente a los 56.500 del año anterior. Asimismo, nueve de cada diez contratos realizados en este periodo son a tiempo parcial, un 35% de los cuales son además temporales.

En concreto, este crecimiento de empleo se concentra en un 86% en la provincia de Alicante, mientras que en Valencia se han creado 6.500 puestos y en Castellón menos de 1.000.

Respecto al informe, el profesor Enrique Lluch y coautor del estudio ha señalado que «sigue existiendo un porcentaje significativo de personas que aún teniendo empleo remunerado no pueden salir de la pobreza, es decir, pobreza laboral».

«Pese a la mejora de las cifras agregadas, las tasas de empleo e inactividad en el caso de los jóvenes no varían sustancialmente con respecto a las del año pasado», concluye el informe.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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