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Cuatro de cada diez valencianos con contrato temporal son pobres

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Según un informe del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat, cuatro de cada diez trabajadores valencianos con contrato temporal son pobres y, además, seis de cada diez parados también lo son. Así, el Observatorio, formado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas CV y la Fundación Foessa, obtiene el resultado de que el colectivo más pobre es el de los desempleados.

Por su parte, la tasa de pobreza de los trabajadores valencianos con contrato temporal ha aumentado de un 30% a un 40% este último año. Sin embargo, en la Comunitat únicamente ocho de cada cien empleados con contrato fijo son pobres.

En cuanto a la situación de los parados valencianos, ha empeorado debido a que los instrumentos del Estado para suplir la falta de ingresos de estas personas son muy inferiores a la media de las demás comunidades autónomas, con tasas de cobertura que han disminuido a lo largo de la crisis, en concreto, 21 puntos en seis años.

A pesar de que el informe ha registrado un crecimiento de empleo en el 2017, el aumento ha sido inferior al del año anterior, debido a que entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se han creado un total de 51.700 puestos de trabajo en la Comunitat, frente a los 56.500 del año anterior. Asimismo, nueve de cada diez contratos realizados en este periodo son a tiempo parcial, un 35% de los cuales son además temporales.

En concreto, este crecimiento de empleo se concentra en un 86% en la provincia de Alicante, mientras que en Valencia se han creado 6.500 puestos y en Castellón menos de 1.000.

Respecto al informe, el profesor Enrique Lluch y coautor del estudio ha señalado que «sigue existiendo un porcentaje significativo de personas que aún teniendo empleo remunerado no pueden salir de la pobreza, es decir, pobreza laboral».

«Pese a la mejora de las cifras agregadas, las tasas de empleo e inactividad en el caso de los jóvenes no varían sustancialmente con respecto a las del año pasado», concluye el informe.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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