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Cuatro de cada diez valencianos con contrato temporal son pobres

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Según un informe del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat, cuatro de cada diez trabajadores valencianos con contrato temporal son pobres y, además, seis de cada diez parados también lo son. Así, el Observatorio, formado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas CV y la Fundación Foessa, obtiene el resultado de que el colectivo más pobre es el de los desempleados.

Por su parte, la tasa de pobreza de los trabajadores valencianos con contrato temporal ha aumentado de un 30% a un 40% este último año. Sin embargo, en la Comunitat únicamente ocho de cada cien empleados con contrato fijo son pobres.

En cuanto a la situación de los parados valencianos, ha empeorado debido a que los instrumentos del Estado para suplir la falta de ingresos de estas personas son muy inferiores a la media de las demás comunidades autónomas, con tasas de cobertura que han disminuido a lo largo de la crisis, en concreto, 21 puntos en seis años.

A pesar de que el informe ha registrado un crecimiento de empleo en el 2017, el aumento ha sido inferior al del año anterior, debido a que entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se han creado un total de 51.700 puestos de trabajo en la Comunitat, frente a los 56.500 del año anterior. Asimismo, nueve de cada diez contratos realizados en este periodo son a tiempo parcial, un 35% de los cuales son además temporales.

En concreto, este crecimiento de empleo se concentra en un 86% en la provincia de Alicante, mientras que en Valencia se han creado 6.500 puestos y en Castellón menos de 1.000.

Respecto al informe, el profesor Enrique Lluch y coautor del estudio ha señalado que «sigue existiendo un porcentaje significativo de personas que aún teniendo empleo remunerado no pueden salir de la pobreza, es decir, pobreza laboral».

«Pese a la mejora de las cifras agregadas, las tasas de empleo e inactividad en el caso de los jóvenes no varían sustancialmente con respecto a las del año pasado», concluye el informe.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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