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Esta es la nueva cúpula de Vox

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Esta es la nueva cúpula de Vox
El líder de Vox, Santiago Abascal. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 16 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dado a conocer este martes en las redes sociales su candidatura a la reelección con una lista en la que Ignacio Garriga se convierte en su mano derecha al quedarse como único vicepresidente del partido, cargo que compaginará con el de secretario general, en una ejecutiva de la que forman parte el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó como personas fuertes de la nueva cúpula de Vox.

En la nueva estructura, diseñada para afrontar con la «máxima exigencia y compromiso» unos «tiempos difíciles y graves para España», Abascal reduce las vicepresidencias a una, mantiene a Pablo Sáez como tesorero y los 17 miembros restantes serán vocales, entre ellos Jorge Buxadé, Javier Ortega Smith y Reyes Moreno, hasta ahora los tres vicepresidentes.

Junto a estos, serán también vocales la portavoz en el Congreso, Pepa Millán; el secretario general del grupo parlamentario, José María Fidalgo; y la directora de Comunicación de Presidencia y jefa de presa en el Congreso, Rosa Cuerva-Mons.

Abascal designa a Garriga su mano derecha con Vicente Barrera y Llanos Massó en su lista

Abascal ha dado también entrada en su ejecutiva a los vicepresidentes de Castillas y León, Juan García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; Comunitat Valenciana, Vicente Barrera; y Aragón, Alejandro Nolasco; así como a la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó.

La diputada nacional Blanca Armario se incorpora a la dirección, en la que repiten las también parlamentarias Rocío de Meer y María Ruiz y el vicesecretario de Presidencia, Enrique Cabanas.

La vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, y el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, completan la lista con la que Abascal aspira a la reelección.

De todos ellos ha destacado en las redes su «acreditada valía, dedicación y valor» para «representar con eficacia y con lealtad a los millones de españoles que ya confían en Vox y a los millones de españoles que confiarán en nosotros en los próximos años».

Vox cierra este martes el plazo de recogida de avales y presentación de candidaturas para dirigir el partido, puesto al que solo Abascal ha manifestado su intención de presentarse.

La nueva cúpula de Vox

Los candidatos debían presentar ante el Comité Electoral, además de 3.269 avales, la lista completa de entre 8 y 20 miembros de Comité Ejecutivo Nacional que elegirá la Asamblea General de Vox el próximo 27 de enero.

Una vez dado por cerrado el plazo de presentación de candidaturas, el Comité Electoral revisará los avales y que los candidatos cumplen con todos, como estar al día de las cuotas o que no hay ninguno con expedientes abiertos.

Las candidaturas válidas serán proclamadas el próximo sábado, 20 de enero, y el domingo 21 comenzará la campaña electoral hasta el jueves 25.

La votaciones podrán ser por correo certificado (entre el 22 y 26) y de forma telemática (desde el 25 hasta el 27 a las 10:00 horas), mientras que los resultados provisionales se darán a conocer el mismo día de la Asamblea General y los definitivos el 6 de febrero.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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