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David Serra asegura no tener constancia de «mordidas» ni de «irregularidades» en la Fundación Jaume II El Just

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VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) – El ex vicesecretario general del PP, ex director general de Política Lingüística y Patrimonio Cultural y ex secretario autonómico de Cultura, David Serra, ha asegurado que durante su etapa como miembro del Patronato de la Fundación Jaume II El Just no tiene «constancia» de «ninguna mordida» ni de que hubiera «ninguna irregularidad». En caso de haber tenido conocimiento, ha remarcado que o bien se hubiera dirigido al máximo responsable político para «que actuara» o «hubiera ido al primer juzgado de guardia a poner una denuncia».

Serra se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts sobre la operación Taula, derivada del caso Imelsa, para aclarar su grado de implicación en las decisiones y contrataciones en la Fundación Jaume II El Just, de cuyo patronato fue miembro de 2003 a 2004, cuando dimitió de su cargo en la Conselleria.

En su intervención, Serra ha asegurado que durante su etapa no se adjudicó ninguna obra ni tuvo competencias en la contratación de ningún empleado ni dio «ninguna directriz» al gerente de la fundación, Vicente Burgos, y ha subrayado que no tiene «constancia» de que en esa entidad se cobrara «ninguna comisión».

«En los 16 meses que formé parte del Patronato no hubo percepción por parte de ningún miembro de que allí se cobrase nada», ha subrayado para incidir, asimismo, en que tampoco tuvo «conocimiento de ninguna actuación irregular».

Así, cuando se le ha preguntado por la deuda y déficits en las cuentas de la fundación, ha puntualizado que en el presupuesto que él participó, que fue el de 2004, el posible desvío sería por la adquisición del claustro para el Monasterio de la Valldigna y, por tanto, a su juicio, ese «desfase» corresponderá a ese contrato que fue «absolutamente transparente».

«A mí nadie me sugería ninguna contratación porque nadie me dijo que había que ser generoso con nadie. No va a usted a encontrar en ningún caso por mi parte que yo haya hecho una intermediación a favor de nadie. He hecho muchos favores personales a ciudadanos y personas anónimas», ha remarcado.

De este modo, y preguntado por la contratación del que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’, en la fundación ha manifestado desconocer quien lo contrató, una decisión que ha admitido que le «sorprendió» porque eran «amigos personales» y él no le había comentado nada. No obstante, ha subrayado que no cree que en la decisión de contratarlo hubiera «mala intención ni nada extraño».

Asimismo, ha explicado que no mantuvo ninguna reunión con él más allá de encuentros personales por la relación de amistad que mantenían, pero lo que sí compartieron fue «algún chascarrillo y cotilleo», nunca reuniones de gestión «porque no tenía razón de ser». Así, ha explicado que Benavent tenía un despacho compartido en el gabinete del conseller porque, además de trabajar para la fundación, hacía trabajos de gestión burocrática en ese gabinete.

DESTACA SU COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
Serra, preguntado por una de las grabaciones con Benavent, que forman parte del sumario de la causa, y en las que presuntamente manifiesta quiere buscarse una «salida con cositas que me renten, de tener garantías de 7 u 8 millones al año para seguir a este nivel», ha recordado que él acudió al juzgado a declarar de manera voluntaria para «aclarar lo más rápido posible esas cuestiones».

No obstante, ha lamentado que tres años después sigue sin saber «dónde está ubicado en la bola de ocho piezas» de la operación Taula. «Yo intenté ayudar y colaborar», ha señalado para insistir que debe ser el ‘yonki del dinero’ el que tiene que aportar documentación que demuestre su testimonio.

Asimismo, ha negado que este le diera 3.000 euros en un baño, sino que ha detallado que el encuentro fue en su casa. «Yo no me reparto dinero en ningún baño. A mí me devolvió una deuda de un préstamo personal en mi casa», ha puntualizado.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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