Valencia, 21 jul (OFFICIAL PRESS – EFE). Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que cometió, presuntamente, un fraude millonario a la Seguridad Social, blanqueo de capitales y estafa a residencias para personas mayores dependientes de la provincia de Valencia.

Las actuaciones policiales, que han sido coordinadas con el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios de la Generalitat, han finalizado con la detención de tres personas relacionadas con la dirección y la gestión de las residencias afectadas, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, según un comunicado del cuerpo policial.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social denunció actuaciones irregulares llevadas a cabo por los responsables de un entramado societario dedicado a la gestión de residencias.

Se mencionaban varias mercantiles dedicadas a las actividades de gestión o asistencia a residencias de personas mayores dependientes. Lo que, a juicio de los investigadores, indicaba la existencia de una dirección única y un modus operandi común.

De forma sistemática y continuada en el tiempo, se repetían los impagos de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores y los conceptos de recaudación conjunta.

LAS RESIDENCIAS INVESTIGADAS

Las pesquisas realizadas se concretaron en doce sociedades investigadas: dos de ellas tenían carácter patrimonial, mientras que las otras diez eran mercantiles que se repartieron la gestión de residencias para personas mayores. Todo ello con fecha de,  al menos,  desde el año 2013 hasta la actualidad, con presencia predominante en la provincia de Valencia y causando un perjuicio total a la Tesorería General de la Seguridad Social de 1.150.334 euros.

La operativa reveló la existencia de un grupo organizado dirigido por una mujer con amplia experiencia en este sector, que fundó o adquirió sucesivamente todas estas mercantiles y no hizo frente a sus obligaciones de pago con la Administración.

El grupo empresarial que funcionaba como un ente societario único que en realidad actuaba como si de una única empresa se tratara. Tenía idénticos responsables e intereses y esa red les sirvió para impedir, dilatar o dificultar las actuaciones de la Seguridad Social para hacer efectivos los procedimientos ejecutivos o embargos.

Una de las estrategias que les permitió eludir sus obligaciones de pago y continuar con el lucro fue colocar testaferros al frente de determinadas mercantiles.

DEUDAS MILLONARIAS

Algunos de los testaferros eran de tipo profesional, mientras que otros eran empleados que, con mayor o menor convencimiento, desempeñaban este papel. Aunque entre los testaferros había personas mayores dependientes, con escasa o nula tutela familiar, lo que apuntaba a la utilización o usurpación de su datos sin consentimiento o autorización.

Entre las cantidades defraudadas, se detectaron deudas millonarias con la Administración y otras fuentes irregulares de financiación, a lo que se añadían importantes incrementos patrimoniales vinculados a ciertas actividades ilícitas graves.

En este sentido, se han reconstruido hasta seis operaciones de ocultación, transformación e integración en el circuito económico legal. Gracias a la adquisición de bienes inmuebles por un valor de compra aproximado de un millón de euros.

Entre las maniobras ilícitas destacan el uso de cuentas bancarias distintas a los titulares de la compra del inmueble. También  la emisión de transferencias puente desde cuentas de familiares de residentes. Hasta  ingresos en efectivo en las cuentas de los vendedores, uso de las cuentas particulares de miembros de la organización que se nutren del pago de residentes, o la constitución de sociedades patrimoniales para la adquisición de estos.

SE APROVECHABAN DE PERSONAS RESIDENTES Y DEPENDIENTES

Las investigaciones revelaron actuaciones irregulares en las que la líder del grupo utilizaba datos de al menos cuatro residentes. Todo ello  para la solicitud de préstamos o para gestionar sus cuentas bancarias, ingresos, pagos, tarjetas, transferencias y otras operaciones para su exclusivo interés.

Además, se beneficiaba directamente usando, con carácter de propietaria, varios vehículos adquiridos mediante estos préstamos. También ocultaba en las cuentas de los residentes ingresos por alquileres de inmuebles o procedentes de los abonos mensuales de los residentes sin control legal.

Se han detectado casos de residentes con escaso o nulo control familiar, con importantes dependencias físicas y mentales y con adicciones.

En uno de los casos, utilizaron a un residente que llegó encamado y terminal para hacer un contrato en el que la víctima adquiría un vehículo que ha sido utilizado hasta la actualidad por la líder de esta trama, a pesar de que el residente murió en 2020.