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Valencia

Los embargos por impago del alquiler se disparan y llegan a 1.037 en la Comunitat

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Activistas de PAH Valencia, Entrebarris y Stop Desahucios ante la vivienda de una mujer afectada por un desahucio. EFE/ Biel Aliño/Archivo

El número de lanzamientos o desahucios practicados por impago del alquiler sumó entre enero y marzo un total de 5.443 (1.037 en la Comunitat), un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que representan siete de cada diez procedimientos (73,1 %), según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota, el CGPJ indica que los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7 % hasta 1.448, el 19,5 % del total, en tanto que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

En total, entre enero y marzo se practicaron 7.424 lanzamientos, un 12,8 % más que en el mismo trimestre de 2023; Cataluña –con 1.870, el 25,2 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunitat Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725.

De los embargos provocados por impago del alquiler, el 18,7 % del total correspondieron a Cataluña, donde se produjeron 1.390; a continuación figura la Comunitat Valenciana, con 703; Andalucía, con 691, y Madrid, con 613.

La lista de lanzamientos o embargos derivados de ejecuciones hipotecarias la encabeza Andalucía, con 284, seguida de Cataluña, con 283; la Comunitat Valenciana, con 281 y Murcia, con 129.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2024 en los juzgados de la Comunitat Valenciana (1.037) supone un aumento del 2,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De los 1.037 lanzamientos contabilizados, 703, casi el 68 % del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 4,1 % más que un año antes, mientras que 281 (el 27 % del total) se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que implica una reducción del 7,6 % respecto a los contabilizados entre enero y marzo de 2023. Los 53 restantes obedecieron a otras causas.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 449, solo uno más que en el mismo trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 464 los lanzamientos practicados, 20 más que un año antes, y en la de Castellón, 124, frente a los 138 de 2023.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que «este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos».

El hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, advierte el CGPJ.

De este modo, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9 % más que en mismo trimestre de 2023; de ellos, 6.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 7 %.

Entre enero y marzo se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7 % menos que en el primer trimestre de 2023; la cifra más alta fue la de Andalucía, con 1.458 y un 25,7 % del total, seguida de Cataluña, con 1.125; la Comunitat Valenciana, con 837 y Madrid, con 471.

Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, aclara el CGPJ, destaca Murcia con 18,8 por cada 100.000 habitantes, seguida de Andalucía, con 16,6, y la Comunitat Valenciana, con 15,7.

 

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Tres antiguos menores del caso Bar España aseguran que fueron amenazados para denunciar falsos abusos

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Caso Bar España
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, tras declarar en mayo de 2019 como perjudicado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, en el denominado "caso Bar España", por un presunto delito de injurias y calumnias a políticos y empresarios a los que falsamente se relacionaba con la pederastia. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Tres personas que eran menores cuando denunciaron supuestas prácticas de pederastia en el caso Bar España han asegurado en el juicio por la difusión de este bulo que sus declaraciones eran mentira y que las realizaron bajo amenazas de una persona fallecida a la que la Fiscalía sitúa como origen de la historia.

Los tres testigos han declarado este jueves en la vista oral y han explicado que fueron presionados para sostener unas acusaciones que, según han afirmado, no eran ciertas.

Uno de ellos ha relatado que aquella persona les dictaba lo que debían decir. «Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos», ha explicado ante el tribunal.

Otro de los testigos, hermano del anterior, ha asegurado que le amenazaban con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. Una prima de ambos también ha declarado que recibió amenazas para denunciar unos abusos que ha negado que fueran ciertos.

Gabriela Bravo denuncia el daño de las acusaciones

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo también ha declarado en el juicio y ha recordado las acusaciones que la vinculaban con una supuesta red de pederastia relacionada con el Bar España. Según ha explicado, se le señalaba por conocer presuntamente los delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

Bravo ha asegurado que aquellas informaciones le afectaron profundamente, tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal especializada en menores.

«De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera», ha declarado.

La exconsellera ha cuestionado las informaciones difundidas a partir de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y ha considerado injuriosas las publicaciones que, según sostiene, la acusaban de no haber actuado.

Bravo ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales los contenidos relacionados con esas acusaciones. «A veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño», ha advertido.

Empresarios denuncian las consecuencias del caso Bar España

La sesión también ha contado con las declaraciones de varios empresarios que, según han relatado, fueron relacionados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia vinculada al establecimiento.

Los testigos han descrito las consecuencias personales y profesionales de aquellas acusaciones. Uno de ellos ha resumido el impacto sufrido con una frase: «Me han destrozado la vida».

Otro ha explicado que se difundieron afirmaciones que vinculaban el local con presuntos abusos sexuales a menores, violaciones y asesinatos. Una tercera persona ha señalado que su negocio comenzó a funcionar mal a raíz de las acusaciones y que finalmente tuvo que cerrarlo.

El juicio por la difusión del bulo del caso Bar España continuará con nuevas declaraciones de testigos. Está previsto que el resto de los acusados que todavía no han comparecido lo hagan el próximo lunes.

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