Síguenos

Valencia

Los embargos por impago del alquiler se disparan y llegan a 1.037 en la Comunitat

Publicado

en

desahucios comunidad valenciana
Activistas de PAH Valencia, Entrebarris y Stop Desahucios ante la vivienda de una mujer afectada por un desahucio. EFE/ Biel Aliño/Archivo

El número de lanzamientos o desahucios practicados por impago del alquiler sumó entre enero y marzo un total de 5.443 (1.037 en la Comunitat), un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que representan siete de cada diez procedimientos (73,1 %), según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota, el CGPJ indica que los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7 % hasta 1.448, el 19,5 % del total, en tanto que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

En total, entre enero y marzo se practicaron 7.424 lanzamientos, un 12,8 % más que en el mismo trimestre de 2023; Cataluña –con 1.870, el 25,2 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunitat Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725.

De los embargos provocados por impago del alquiler, el 18,7 % del total correspondieron a Cataluña, donde se produjeron 1.390; a continuación figura la Comunitat Valenciana, con 703; Andalucía, con 691, y Madrid, con 613.

La lista de lanzamientos o embargos derivados de ejecuciones hipotecarias la encabeza Andalucía, con 284, seguida de Cataluña, con 283; la Comunitat Valenciana, con 281 y Murcia, con 129.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2024 en los juzgados de la Comunitat Valenciana (1.037) supone un aumento del 2,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De los 1.037 lanzamientos contabilizados, 703, casi el 68 % del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 4,1 % más que un año antes, mientras que 281 (el 27 % del total) se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que implica una reducción del 7,6 % respecto a los contabilizados entre enero y marzo de 2023. Los 53 restantes obedecieron a otras causas.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 449, solo uno más que en el mismo trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 464 los lanzamientos practicados, 20 más que un año antes, y en la de Castellón, 124, frente a los 138 de 2023.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que «este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos».

El hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, advierte el CGPJ.

De este modo, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9 % más que en mismo trimestre de 2023; de ellos, 6.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 7 %.

Entre enero y marzo se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7 % menos que en el primer trimestre de 2023; la cifra más alta fue la de Andalucía, con 1.458 y un 25,7 % del total, seguida de Cataluña, con 1.125; la Comunitat Valenciana, con 837 y Madrid, con 471.

Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, aclara el CGPJ, destaca Murcia con 18,8 por cada 100.000 habitantes, seguida de Andalucía, con 16,6, y la Comunitat Valenciana, con 15,7.

 

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Sucesos

Qué se sabe hasta ahora del anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicado

en

El caso de la clínica dental de Alzira, donde una niña de 6 años falleció tras recibir una sedación y otra menor de 4 años resultó gravemente afectada, continúa avanzando con nuevas revelaciones. La detención del anestesista y de la dueña del centro ha reactivado el interés social y judicial en un episodio que está generando un enorme impacto en la Comunidad Valenciana.


📌 Detención del anestesista: cargos y situación actual

El anestesista, un hombre de 43 años, ha sido detenido acusado de varios delitos graves:

  • Homicidio imprudente

  • Lesiones

  • Omisión del deber de socorro

  • Delitos contra la salud pública

  • Hurto de fármacos

  • Práctica irregular de sedación en un centro no autorizado

Las investigaciones apuntan a que podría haber sustraído medicamentos anestésicos de un hospital público en el que trabajaba.

Trabajaba además en varias clínicas de Valencia, Paterna, Alzira y también en centros de Teruel, lo que abre una línea de investigación sobre si pudo repetir prácticas de riesgo en otros establecimientos.


🏥 La dueña de la clínica: implicación y cargos

La dueña del centro dental también fue detenida. Tras declarar, quedó en libertad provisional, pero sigue investigada por:

  • Omisión del deber de socorro

  • Permitir sedaciones no autorizadas

  • Posibles delitos contra la salud pública

La clínica ha sido clausurada cautelarmente por la Conselleria de Sanidad debido a graves irregularidades.


⚠️ Un centro sin autorización para sedaciones intravenosas

Una de las claves más importantes del caso es que la clínica dental de Alzira no tenía permiso para realizar sedación intravenosa, sino únicamente anestesia local.

Pese a ello:

  • Se realizó sedación intravenosa a dos niñas pequeñas.

  • No había equipamiento adecuado de reanimación.

  • Tampoco contaban con supervisión anestésica reglamentaria ni autorización sanitaria para ese tipo de intervenciones.

Estas irregularidades habrían contribuido directamente al resultado fatal.

Cronología actualizada de los hechos

20 de noviembre de 2025

  • Dos niñas, de 6 y 4 años, acuden a la clínica para un tratamiento dental rutinario.

  • El anestesista administra sedación intravenosa.

  • La niña de 6 años presenta síntomas de malestar durante horas: vómitos, somnolencia, palidez y baja respuesta.

  • Permaneció en observación en la clínica más de lo habitual antes de ser trasladada.

  • Finalmente ingresa en un hospital en parada cardiorrespiratoria y fallece poco después.

La niña de 4 años

  • También presenta síntomas graves tras el procedimiento.

  • Es trasladada y permanece varios días en la UCI pediátrica.

  • Finalmente recibe el alta, aunque continúa bajo seguimiento médico.


🔎 Qué investiga la Policía y la Conselleria de Sanidad

Las autoridades centran sus diligencias en varios puntos esenciales:

Origen de los fármacos

Se sospecha que el anestesista usó medicamentos robados de un hospital donde trabajaba, algo que se investiga como hurto continuado.

Protocolos vulnerados

Se estudia si hubo:

  • Monitorización deficiente

  • Dosis inadecuadas

  • Retraso en activar los servicios de emergencia

  • Falta de consentimiento informado

Responsabilidad de la clínica

La investigación evalúa si la dueña conocía la ausencia de autorización para sedación y aun así permitió su aplicación.

Registros y pruebas

La Policía ha registrado:

  • La clínica dental

  • El domicilio del anestesista

  • El hospital donde trabajaba

  • Material anestésico y documentación sanitaria


Investigación judicial en marcha

El asunto ya está bajo instrucción judicial. El juzgado estudia:

  • Informes toxicológicos

  • Informe preliminar de autopsia

  • Historial profesional del anestesista

  • Declaraciones de empleados y testigos

  • Comunicaciones internas de la clínica

  • Peritajes sobre los fármacos empleados

Aún no se ha comunicado oficialmente la causa exacta de la muerte, pero todo apunta a una combinación de sedación indebida, reacción adversa no controlada y posible negligencia.


❗ Aspectos pendientes por aclarar

Los próximos días serán clave para resolver:

  • El resultado definitivo de la autopsia.

  • El origen real de los medicamentos.

  • Si el anestesista actuaba igual en otras clínicas.

  • El grado de implicación de la dirección del centro.

  • Posibles responsabilidades civiles y penales hacia ambas familias.


🛑 Un caso que puede cambiar la regulación sanitaria

Este suceso ha reabierto el debate sobre:

  • El control de las clínicas dentales privadas

  • La regulación de sedaciones infantiles fuera del ámbito hospitalario

  • La supervisión del uso de fármacos anestésicos

  • La formación y acreditación del personal autorizado para sedación

Expertos en salud pública y sociedades médicas advierten que este caso podría marcar un antes y un después en el uso de sedación en clínicas dentales pediátricas.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo